Chile: hora de definiciones

Diputado de UCD por PalenciaEx-presidente del Congreso de los Diputados

Casi nueve meses después de nuestra inolvidable visita a Chile, junto con el amigo, y correligionario Luis Vega Escandón, pudiera ser oportuno comentar brevemente la actualidad política de un país tan querido y que durante tantos años fue modelo de desarrollo democrático y de progreso social en Hispanoamérica. Recientes informaciones de prensa nos dan cuenta de una intensa agitación política en Chile, que justifican, aún más, precisar el alcance real de tales acontecimientos.

Para empezar, diríamos enfáticamente, que Chile se encuentra en un momento de definiciones: el régimen militar del general Pinochet prepara su Constitución elaborada por una comisión gubernamental, a fin de institucionalizar el régimen autoritario, en tanto que una oposición cada vez más organizada, bajo la dirección del partido político más poderoso, la Democracia Cristiana, se moviliza a nivel sindical, universitario y de profesionales exigiendo el retorno a la normalidad democrática. Viejas murallas del pasado han empezado a derrumbarse, para configurar un movimiento que tiene fuerte base social y planteamientos cada vez más precisos en cuanto a la nueva democracia. La formación a mediados de 1978 del Grupo de los 24 que reúne a destacados intelectuales y políticos democratacristianos, socialistas, socialdemócratas, conservadores e independientes, propiciando una alternativa democrática constitucional, es tal vez uno de los acontecimientos más importantes en el desarrollo de la oposición democrática a la actual dictadura. Bajo el impulso de la «Comisión de los 24», presidida por el catedrático y ex ministro del Gobierno de Allende, Manuel Sanhueza y del que fue presiden te del Senado y del Partido Demócrata Cristiano Patricio Aylwin, cerca de trescientos ex parlamentarios, encabezados por el presidente Eduardo Frei, han reclamado el retorno a la democracia pluralista a través de la reconstrucción de los registros electorales -el censo electoral-, que fue minuciosamente destruido pocos meses después del golpe militar de 1973. El Gobierno ha reaccionado violentamente, negándose a tal petición y denunciando la existencia de un contubernio entre la «antigua Democracia. Cristiana y la Unidad Popular»; parece como si escucháramos el eco de la campaña franquista que en el verano del año 1962 lanzaba la misma consigna del «contubernio de la traición» en su intento de desprestigiar a quienes en la reunión del Movimiento Europeo de Munich solicitaban la incorporación de España a la Europa Democrática.

Tres tipos de conflictos políticos confluyen hoy en Chile. De una parte, se hacen más evidentes los excesos cometidos ante la notoriedad del caso de extradición del general Manuel Contreras -ex director de la DINA (policía política)- y dos oficiales del Ejército, por su responsabilidad en el atentado que costó la vida en Washington al ex ministro del presidente Allende, Orlando Letelier y a una ciudadana norteamericana. El tema de los derechos humanos ha sido actualizado por la reciente resolución de la Corte Suprema acogiendo la petición de la Iglesia católica ordenando la investigación de 67 desaparecidos, de un total de 618 casos prolijamente documentados por la Vicaría de la Solidaridad y su departamento jurídico, dirigido por el ex subsecretario de Justicia del Gobierno del presidente Frei Alejandro González.

La investigación de los desaparecidos se ha complicado extraordinariamente después del hallazgo de quince cadáveres en Lonquen -cercanías de Santiago- asesinados por fuerzas de seguridad del régimen, algunas semanas después del golpe. Tal conclusión ha obligado al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que investiga tal hallazgo, Adolfo Bañados Cuadra, a declararse incompetente y entregar todos los antecedentes a la justicia militar.

La oposición, a la ofensiva

Un segundo tipo de conflicto se refiere al movimiento de trabajadores y a su progresiva combatividad frente a la política económica del Gobierno, que se ha traducido en un aumento del 15% de paro y una desigual concentración de los beneficios en un grupo reducido de empresarios, frente a la miseria y la angustia de la gran mayoría de los chilenos. Diversas organizaciones de trabajadores -El Grupo de los 10, que agrupa a DC radicales y socialistas; la Coordinadora Sindical, presidida por el dirigente sindical DC Manuel Bustos, y el Frente Unitario de Trabajadores, FUT- habían convocado un acto de masas pura commemorar el 1.º de Mayo, tal acto fue prohibido por el Gobierno. La persistente represión contra dirigentes sindicales -más sutil que en un comienzo, pero no menos intensa en su propósito de impedir a toda costa la consolidación de un movimiento de trabajadores autóriomo-, no ha logrado evitar que se perfile con mayor autenticidad un movimiento sindical independiente. Los trabajadores chilenos reclaman el reconocimiento de sus derechos básicos: libertad sindical, de negociación y huelga, etc., que son contradictorios con la naturaleza de un régimen autoritario. Los trabajadores, al igual que los dirigentes políticos, reclaman el regreso a la democracia.

Finalmente, un tercer tipo de conflictos se refiere al debate sobre los «registros electorales» al que antes hemos aludido. Frente a la inminente consagración legal de una «democracia protegida» o «autoritaria», versión chilena de la vieja figura franquista de «de*mocracia orgánica». Las personalidades más prestigiadas de la oposición han reclamado la apertura de los registros electorales. Más que esto, han reclamado del Gobierno una definición acerca de si quieren instaurar un régimen democrático a secas, o institucionalizar un régimen autoritario, bajo la fachada de una «democracia protegida». El Gobierno, a través del ministro del Interior, ha eludido definirse, escogiendo un camino bien conocido entre nosotros: la descalificación de los peticionarios como «antiguos políticos que quieren volver al pasado y denunciando un "contubernio" entre la DC y la Unidad Popular». El Gobierno ha conseguido que conocidas figuras de la derecha tradicional chilena se adhieran y avalen su política. En pocas palabras, los chilenos se van definiendo claramente en cuanto al régimen político que desean: democracia a secas o régimen autoritario escondido tras la fórmula de «democracia protegida».

El Gobierno, en síntesis, ha anunciado que la nueva «Constitución» será aprobada por el pueblo a través de un procedimiento legal que garantice la limpieza del veredicto popular. Sin embargo, sin un verdadero censo electoral y con el control de los medios de coniunicación, tal referéndum no Fuede ser sino una mascarada, conio lo fue la «consulta nacional» del 4 de enero de 1978, convocada por el Gobierno para protestar contra la condena de la Asamblea General de la ONU por la violación de los derechos humanos.

Un referéndum convocado en tales circunstancias, carece de legitimidad democrática.

La opinión pública internacional conoce tal recurso político en regímenes de distinta y aun contradictoria significación ideológica. En estos momentos, en que España ha aprobado su Constitución y avanza con paso decidido a consolidar un régimen democrático, queremos levantar nuestra voz para hacer llegar nuestro aliento y solidaridad a los míles de chilenos, de diversos partidos políticos e ideologías, que hoy reclaman la instauración de una verdadera democracia pluralista y participativa.

La «democracia protegida»

El general Pinochet parece repetir viejas ideas que en España ya han fracasado, cuando relativiza la importancia del sufragio universal. «Admitir la virtud excluyente y única del voto universal significaría suponer que la soberanía agota su expresión en el acto del sufragio, lo cual es contrario a la realidad de la vida humana, mucho más rica y compleja.» (El Mercurio, 7 de abril de 1979, p. C2.) Más adelante, el general Pinochet define la «democracia protegida» en términos que nos suenan a canciones conocidas: «El término -democracia protegida- define a un sistema de autoridad firme e impersonal, verdaderamente partici pativo, por contraposición a lo antiguos métodos de Gobierno por pequeños grupos partidistas, herméticos y alejados de las necesidades reales de la población. » (subrayado nuestro).

Quienes desde lejos seguimos con interés y pasión los acontecimientos chilenos, no podemos permanecer en silencio y, por ello, apoyamos los planteamientos de la oposición al régimen autoritario y militarista, con elecciones libres, partidos políticos, reconocimiento de los derechos humanos y civiles y la reinstauración de la soberanía popular.

Retorno democrático

Cuando la democracia en Hispanoamérica se extiende prometedoramente como lo demuestra el reciente caso de Ecuador y quizá en breve Brasil, Perú y Bolivia, que se encuentran en un proceso de retorno a un régimen democrático, el caso de Chile no puede ser una excepción. Tarde o temprano, la democracia volverá a Chile con el apoyo de una clase política que ha madurado en el sufrimiento y la tragedia de 1973 y la posterior represión del régimen militar. Esos hombres están en condiciones de dirigir responsablemente la transición a la democracia. Mientras más tarde se produzca dicho retorno, más argumentos tienen los extremistas de izquierda y derecha para promover acciones de violencia, que sólo confluyen a fortalecer la alternativa que pareciera ser común a los regímenes autoritarios: el dictador y su pequeño grupo de asesores, o el «caos», el «orden» o el «comunismo»; el «viejo orden» o el «nuevo». Una simple lectura a los documentos de la Junta Militar chilena, incluyendo los textos de los ministros y asesores civiles, demuestra una coincidencia más que evidente con ciertas ideas de la España autoritaria.

Chile puede y debe marchar hacia la democracia. La imposición de una Constitución política elaborada por los colaboracionistas de turno sólo se explica como un paso más para institucionalizar un régimen autoritario. Desde la España democrática hacemos llegar nuestra voz de solidaridad y aliento a todos los chilenos que hoy reclaman el retorno a la democracia.