Síntomas preocupantes

COMIENZAN A materializarse las sospechas de que la actividad gubernamental trata de conducir a este país a una situación regida por una lógica y unos valores difícilmente compatibles, los que son usuales en un sistema democrático. Véanse algunos ejemplos:Por boca del ministro de Relaciones con las Cortes, que hasta ahora parece haberlas, más bien, entorpecido, nos hemos enterado que es el poder ejecutivo quien decide cómo y cuándo el legislativo puede formularle preguntas sobre su actuación e interpelar a los ministros acerca de cuestiones como el plan energético, el orden público o el paro.

Los nuevos responsables del Ministerio de Cultura inauguran sus tareas propiciando una querella criminal contra dos semanarios por las críticas dirigidas al magistrado que envió de vacaciones a Lerdo de Tejada; el propio juez, casi el mismo día, pedía su traslado, precisamente por los medios de opinión inculpados. Pero nos encontramos con que el departamento de la Administración que, al menos en teoría, debería fomentar y amparar la libertad de expresión, cuyos límites han de ser amplísimos para todo lo que sea la crítica de quienes ejercen el poder y realizan funciones públicas, se convierte así en una especie de acusador privado de escritores y periodistas. Parece que el departamento en cuestión no se satisface con las prácticas censorias en TVE y pugna por extenderlas. Nos parecería razonable que el juez supuestamente injuriado se querellara, que lo haga el Ministerio de Cultura en su nombre resulta incomprensible.

Pero, casi al mismo tiempo, el nuevo ministro del Interior acusa al anterior régimen de haber contribuido al deterioro de la situación en el País Vasco. Y no por la represión generalizada de que fue objeto la población de aquel territorio, o por la política centralista que asfixió la expresión de su identidad. La verdadera responsabilidad del franquismo fue, si creemos al señor Ibáñez Freire, autorizar las ikastolas, esto es, los centros de enseñanza donde se imparte la educación general básica en euskera. Así declaró al diario Abc: «Yo bramé cuando se erigieron las ikastolas, porque sabía que iban a crear en la juventud vasca una mentalidad antiespañola, de país ocupado y oprimido... Las ikastolas fueron un error político, del anterior régimen, por cierto, y ahora lo pagamos muy caro.» Esa interpretación es mucho más que una pintoresca excursión por la historia. Ahora resulta que el ministro del Interior se pronuncia en contra de las ikastolas, después de que el Gobierno al que pertenece ha anuncia do un plan para establecer oficialmente el bilingüismo en el País Vasco y apoyar financieramente la enseñanza del euskera.

Declaraciones como las del señor Ibáñez Freire no hacen sino echar leña al fuego de los recelos de los dirigentes y electores del PNV y abonar el terreno para el independentismo radical de Herri Batasuna. La cartera que le ha sido confiada tiene evidentes responsabilidades históricas -y no precisamente lingüísticas- en el deterioro del País Vasco y una misión difícil y delicada que cumplir para devolver la paz a ese territorio. La renuncia del Gobierno al proyecto de restablecer con carácter provisional el Estatuto de 1936 ha sido una decisión comprensible y, desde muchos puntos de vista, elogiable: tanto por los problemas técnico-jurídicos que planteaba ese paso como por la sospecha de que se trataba de una maniobra dilatoria para meter en el dique seco el proyecto de nuevo Estatuto aprobado en Guernica. Se afirma en medios oficiales, sin embargo, que existe el propósito de adoptar con urgencia medidas lo suficientemente amplias y espectaculares como para que sirvan de prenda de la firme resolución de acelerar el establecimiento de auténticas instituciones de autogobierno.

Esta es una buena noticia, pero el señor Ibáñez Freire debe ofrecer una explicación sobre sus palabras acerca de las ikastolas que resulte satisfactoria para los parlamentarios vascos, si se quiere dar credibilidad a la acción del Gobierno en Euskadi. De otro modo va a resultar difícil emprender una negociación con el PNV, que implicará cambios sustanciales en la distribución del poder, cuando la responsabilidad del orden público, una de las materias que mayores dificultades ofrecerá para el acuerdo, se halle en manos de un ministro del Interior que se expresa de forma tan adversa a propósito de las instituciones educativas que enseñan en euskera, única garantía de que el bilingüismo, una de las reivindicaciones centrales del PNV, se establezca de verdad en el País Vasco. Cuando menos se puede decir que en su primera aparición en público el señor Ibáñez Freire lo único que ha hecho es ponérselo difícil al presidente.