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Los productores piden la obligatoriedad de distribución de películas españolas

Otras medidas urgentes: pago de la deuda del Estado y facilidad crediticia

Los profesionales asociados en la Unión de Productores Cinematográficos Españoles (UPCE) expusieron ayer en una rueda de prensa las medidas mínimas e indispensables que debe dictar la Administración en el supuesto de que se pretenda la continuidad del sector cinematográfico. Estas medidas mínimas serían: una cuota de distribución que exija a los distribuidores el que comercialicen una película española por cada cuatro extranjeras dobladas; el pago de la deuda que tiene contraída la Administración con el sector, deuda que lleva un retraso de veintiún meses; una facilidad crediticia por parte de los organismos oficiales correspondientes y un estatuto de relaciones con la televisión.

La mesa que presidía el acto estaba formada por los productores cinematográficos Luis Esteban Lasala, José María Forqué, Juan Miguel Lamet, Jaime Femández Cid, Luis; Megino y Elías Querejeta.«Estas medidas urgentes son las que consideramos indispensables para la supervivencia del cine español, y hablamos de un espacio de tiempo que no exceda los próximos tres meses. Con ellas no mejoramos la actual cinematografía, pero sin ellas el cine español desaparecerá en este mismo plazo de tiempo», señalaron en el transcurso del acto.

«A juicio de los miembros de la UPCE, es necesaria la obligatoriedad de la cuota de pantalla para los distribuidores, por cuanto se sabe que al menos la mitad del éxito o el fracaso de un filme radica en su forma de ser comercializado.» «Queremos -matizó Luis Megino- que, por ejemplo, una distribuidora tenga derecho a una licencia de importación de una película extranjera doblada en el momento que distribuye una película española. Otra licencia en el momento en que se estrene la película española; otra tercera cuando se recauden los veinte primeros millones de pesetas y la cuarta licencia de importación cuando la película española supere los sesenta millones de recaudación bruta. Se nos dirá que eso no siempre es posible; a eso tenemos que decir que, por lo menos la mitad de la recaudación que haga cualquier película depende absolutamente de la forma en que es comercializada, explotada comercialmente

El pago de la deuda estatal, que lleva un retraso de veintiún meses, es otra de las medidas indispensables. «Existe una evidente descapitalización del sector y ello se debe, básicamente, a dos hechos: a que el mercado cinematográfico no está saneado y a que el Estado es el principal moroso del sector. Hemos propuesto diversas fórmulas para solucionar el problema y parece que se puede llegar a encontrar una solución, aunque al margen del Ministerio de Cultura -todo hay que decirlo-, que ha sido el único que demostró su total desconocimiento de la situación.»

«Por lo que respecta a las facilidades crediticias -señaló José María Forqué- hay que advertir que éstas son comunes en la mayoría de los países europeos. Tratamos de que se nos concedan créditos oficiales en función de los proyectos de películas que se presentan. Hasta ahora, los escasos créditos se concedían con avales de los bienes del solicitante. Pues bien, queremos créditos a modo de anticipo de las recaudaciones que hagan las películas, tanto en el mercado interior como en el exterior. Por último -añadió Forqué- quedan las relaciones con TVE. Hubo años -y se puede demostrar- que Televisión proyectó por sus dos cadenas tres películas nacionales frente a 227 películas extranjeras, en su mayoría norteamericanas. Las televisiones de Francia, Italia o la República Federal de Alemania son plataformas estupendas de producción y exhibición de buena parte de las películas nacionales.»

A juicio de Juan Miguel Lamet, la pregunta que se plantea o que se le debe plantear a la Administración es la de que si quieren que exista un cine español. «Pensamos que el público sí lo quiere -y se podría demostrar con las cifras de asistencia-, pero dudamos que la Administración lo tenga claro.» Para Elías Quejereta la cuestión previa se reduce a que la Administración aplique la normativa que ella misma ha elaborado sobre el sector y que sistemáticamente ha incumplido.» Si se hubiera respetado lo dictado hace quince años, ahora no estaríamos en esta situación, que podemos calificar de catastrófica».

En el transcurso del acto se dio a conocer una carta dirigida al nuevo ministro de Cultura, firmada ya por doscientas personalidades de la cultura y que le será enviada hoy al ministro.

Entre los firmantes figuran José Luis L. Aranguren, Juan Benet, Camilo José Cela, Eugenio Trías, José Ramón Recalde, Jaime Salinas, José Hernández, Juan García Hortelano, Carmen Díez de Rivera, Fernando Claudín, Antonio Fernández Alba, Fernando Savater, Rafael Canogar y numerosos profesionales de la industria cinematográfica.

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