El Primero de Mayo: balance y perspectivas

LAS MANIFESTACIONES populares para conmemorar el Primero de Mayo, celebradas de manera pacífica, con las autorizaciones gubernativas en regla y en el corazón de las ciudades, son de nuevo en nuestro país un acontecimiento normal tras cuarenta años de largo y sombrío paréntesis. Desgraciadamente, el asesinato de un miembro de las Juventudes Comunistas anteayer, en pleno centro de Madrid, en lo que los nietos de Adolfo Hitler llaman con su habitual cinismo «zona nacional», da serios motivos para temer una escalada de la provocación semejante a la que enlutó las calles españolas durante el período republicano. Confiemos en que el probado sentido de la responsabilidad de los organizadores y, sobre todo, la eficiencia de las Fuerzas de Orden Público garanticen la paz y la tranquilidad en este segundo Día del Trabajo que va a tener lugar en la nueva España democrática.A lo largo del año transcurrido desde la anterior conmemoración se han producido hechos políticos por cuya consecución lucharon durante largo tiempo los trabajadores. Se aprobó la Constitución, se han celebrado normalmente las segundas elecciones generales y los partidos de la izquierda, que reivindican la representación de los intereses de la clase obrera' han conquistado la mayoría en numerosos e importantes ayuntamientos. Las amenazas de involución autoritaria no han llegado a materializarse. Y las instituciones democráticas comienzan a enraizar en un país en el que los hábitos y reflejos de pasadas décadas, aunque todavía poderosos y rozagantes, pierden el respaldo de las leyes, la legitimación inercial de las costumbres y el respeto de los ciudadanos.

En el campo de la actividad económica, en cuyo horizonte se agota buena parte de la vida de la población asalariada, las medidas contra la inflación lograron, a lo largo de 1978, los objetivos que se habían propuesto, aunque los indicadores del primer trimestre de 1979 arrojan serias dudas sobre la continuidad de su éxito. El desempleo, en cambio, no sólo no ha retrocedido, sino que se ha incrementado. El seguro de paro sólo cubre, tanto en el tiempo como en el nivel de ingresos, una parte de las remuneraciones perdidas por los desocupados, y, lo 4ue es más grave, deja fuera de sus beneficios a los jóvenes que llegan cada año, con esperanzas que la realidad se encarga de frustrar, al mercado de trabajo. El desempleo es el peor mal social con el que se enfrenta la sociedad española; y la frialdad de los razonamientos de los técnicos para explicar su carácter ineluctable de poco sirve para consolar a quienes sufren en sus carnes las consecuencias del paro.

Caldo de cultivo de la marginación social y del desencanto ante la democracia, causa inmediata del aumento de los delitos contra la propiedad y causa mediata de eventuales comportamientos políticos patógenos, el desempleo no es, sin embargo, como el simplismo o la demagogia tienden a presentar, la consecuencia de la dureza de corazón de los empresarios o de la complicidad o negligencia de los gobernantes. En la lógica de la economía, el aumento de los puestos de trabajo es función de una recuperación de las inversiones, que depende, a su vez, de un complejo cúmulo de factores tanto nacionales como internacionales.

Los topes salariales establecidos en diciembre de 1978, y que han servido de pauta a la mayoría de los convenios firmados a lo largo del invierno, aspiran a frenar la espiral inflacionista y a garantizar, al tiempo, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Aun dejando a un lado la discusión sobre el carácter diacrónico de ese reajuste entre salarios y precios, es evidente que la posición de los trabajadores empleados no puede separarse, a efectos de la distribución global del ingreso, de la suerte de los desempleados. Sólo una reasignación del gasto público pensada para incrementar sustancialmente los fondos del seguro de paro y la participación de las centrales sindicales en su administración, a fin de luchar contra la picaresca y los abusos en este terreno, permitirían frenar la caída de la parte del ingreso destinada a los asalariados. Y ya va siendo hora que el tema de la flexibilización de las plantilas sea estudiado por las centrales no sólo desde el punto de vista gremial de los empleados, sino desde el más general de los trabajadores en su conjunto, incluidos los desempleados.

A corto plazo, e incluso a plazo medio, no se adivinan modificaciones sustanciales del panorama. Y no depende fundamentalmente de la voluntad del Gobierno, de este Gobierno o de otro, en el que participaran socialistas y comunistas, enderezar una crisis económica cuya naturaleza específica ni siquiera es perfectamente conocida, para cuya solución las viejas recetas keynesianas se han mostrado ineficaces y que hunde sus raíces en un mercado mundial del que España forma parte de manera ya inextricable.

Pero las reivindicaciones de los trabajadores no se limitan a los aumentos salariales, a la lucha contra los despidos y a un mejor seguro de paro. También figura en sus plataformas lo que, de forma aproximada, se puede denominar exigencias político-laborales. En este terreno, forzoso es señalar que el Gobierno y su grupo parlamentano tienen un amplio espacio por recorrer. La devolución del patrimonio incautado hace cuarenta años a las centrales sindicales históricas y la definitiva reglamentación de la utifizacíón de los bienes del llamado sindicalismo vertical no admiten espera. Los propósitos de UCD de disponer en el campo sindical de una correa de transmisión propia, bien nucleando con prácticas submarinistas alguna de las centrales existentes, bien patrocinando otra de nuev -0 cuño, ayudarían a explicar la renuencia del Gobierno para afrontar estas cuestiones.' Porque, desgraelada y lamentablemente, el debate sobre la central sindical hegemonizada por UCD debe incluir, como tema central, el asunto de su financiación.

Queda, finalmente, la urgente necesidad de que las Cortes definan cuanto antes el marco legal de las relaciones laborales, desde la normativa sobre la huelga hasta los derechos sindicales en la empresa. Mientras el Parlamento no se pronuncie sobre estos temas, para lo cual es imprescindible que salga del congelador la ley de Acción Sindical paralizada durante la anterior legislatura y que el Gobierno presente proyectos de ley sobre las restantes materias litigiosas, la economía española seguirá moviéndose en un campo minado, en el que la decisión de las centrales sindicales de adelantarse a las leyes con hechos consumados y la contrapuesta voluntad de los empresarios de mantenerse a la espera pueden provocar conflictos sin cuento, tan inútiles para los intereses de las dos partes como peligrosos para el conjunto de la sociedad española.