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Editorial:

Ritmo lento

SE DIRIA que el frenesí de las dos campañas electorales y la tensión nerviosa producida por la espera de sus resultados y por los conciliábulos en torno a la crisis ministerial han dejado exhaustos y vacíos a nuestros gobernantes. A punto de cumplirse las cuatro semanas de la formación del Gobierno, nada sabemos de la mayoría de los nuevos nombramientos que presumiblemente se disponen a realizar los ministros entrantes para cubrir los cargos de designación política en sus departamentos. Los cuatro años de detentación del poder privan, al parecer, de urgencias y de prisas al Poder ejecutivo, como si la ocupación de las palancas de mando, y no su utilización, constituyera la razón de ser y la justificación de la victoria electoral de UCD. Ciertamente, en esta ocasión nos ha sido ahorrado el espectáculo, más bien poco edificante, del reparto de prebendas entre los cesados para compensarlos del disgusto de su reciente desgracia. En cualquier caso carecería de justificación que la remodelación de los equipos ministeriales y de las áreas estatales conexas fuera produciéndose en forma de lento goteo o a lo largo de varios consejos de ministros.La circunstancias de que la iniciativa legislativa corresponde de hecho al Poder ejecutivo, que dispone de fuerza suficiente en el Congreso para bloquear las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios de la Oposición, crea el serio peligro de que la abulia gubernamental, la lentitud y tardanza de su despertar tras las elecciones se transmita a la vida del Poder legislativo. Y esta amenaza es tanto más grave cuanto que nuestros legisladores se encuentran ya en una situación de aran retraso respecto a lo que hubiera podido realizarse en el Congreso y en el Senado en el caso de que las Cortes no hubieran sido disueltas en diciembre de 1978. Se trata, nada más y nada menos, que de llevar hasta su último término el desarrollo de la Constitución, que, privada de las leyes orgánicas previstas en el articulado de su texto, es un simple enunciado de buenas intenciones y loables propósitos.

El catálogo de leyes orgánicas y ordinarias pendientes de discusión y aprobación contiene tantos y tan importantes temas, que seguramente monopolizará los esfuerzos de los congresistas y senadores a lo largo de los dos próximos años. Los estatutos de autonomía, ante todo los de Cataluña y Euskadi, cuyos proyectos aprobados por las respectivas asambleas de parlamentarios fueron depositados en la Mesa del Congreso al final de la anterior legislatura, precisarán del trabajo y de la buena voluntad de todos para que adquieran fuerza legal antes de que termine el año. Se necesita también, de manera urgente, que el Tribunal Constitucional deje de ser una antelequia y se convierta en una instancia operativa, pues de otra forma el Poder ejecutivo, ayudado por su grupo parlamentario, podría seguir interpretando a su antojo los límites de su acción. El Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, la nueva institución del defensor del pueblo, la organización de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, el Poder judicial, el régimen electoral, la reorganización del Senado, el Estatuto de Refugiado Político, la continuación de la reforma fiscal, el Estatuto de Televisión, las relaciones industriales, el Estatuto de la Función Pública y la regulación del divorcio constituyen sólo una parte del amplísimo orden del día que las nuevas Cortes heredan de las anteriores y que están obligadas a resolver a la mayor brevedad por respeto a la propia Constitución.

Mientras el Gobierno, en cuya privilegiada capacidad de presentación de los proyectos de ley descansa en buena medida la posibilidad de acelerar o frenar la labor de los legisladores, no salga de su actual atonía será difícil que ese esfuerzo extraordinario que los electores tienen derecho a exigir a sus representantes en el Congreso y en el Senado pueda ponerse en marcha. No es una buena noticia que las informaciones procedentes del Congreso tengan como exclusivo contenido las peleas, casi incomprensibles para el ciudadano medio, sobre los grupos parlamentarios, escenario para esos ejercicios de picaresca. y pequeña astucia que contribuyen a desprestigiar la vida parlamentaria. Por ahora, sin embargo, la paralización de la actividad política es responsabilidad casi exclusiva del Gobierno. Y nadie debe olvidar que el programa de las Cortes no es el que correspondería a una legislatura ordinaria. La disolución de las anteriores, al año y medio de su elección, transmite a las actuales de alguna forma la condición de Cortes constituyentes, dado que la norma fundamental no es por ahora más que una estructura de la que sólo han sido construidas las paredes maestras y los cimientos. Seguiremos viviendo en un período constituyente, en un período de consolidación de las instituciones democráticas, mientras las Cortes no aprueben el amplio repertorio de leyes orgánicas y ordinarias a las que se remiten los artículos del texto constitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de abril de 1979