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Tribuna:TRIBUNA LIBRE

La economía de los nacionalismos

Economista del Estado, excedente

Algo más que el silencio han de aportar los economistas a la filosofía económica de los nacionalismos, aunque sólo sea para añadir o justificar lo que hasta ahora no ha pasado de ser esa tecnocrática aportación llamada política regional. Frente al arrollador avance de los programas políticos y económicos nacionalistas, la profesión económica ha mostrado una extraña pasividad o, como en otras muchas ocasiones, parece que se ha visto superada por los acontecimientos.

Curiosamente, los sentimientos nacionalistas españoles, por reaparecer en época en la que tantas concepciones clásicas están en crisis, presentan, en lo económico, rasgos extrañamente peculiares. Los sentimientos autárquicos, el deseo de volver o permanecer en una economía bucólica o virgiliana, el control de los recursos naturales y financieros de cada región, por ejemplo, han sustituido en todo, o en parte, al viejo anhelo industrializador indiscriminado, que era la meta de cada región española en los felices sesenta.

Los objetivos no económicos de los nacionalismos

El economista maximizador no puede menos de recibir con cierto asombro profesional algunas de las peticiones de este extraño catálogo. Y, sin embargo, la teoría económica más ortodoxa hace largo tiempo que aceptó la relevancia de los objetivos no económicos derivados de una política nacionalista. Las de mandas del electorado obligan a dar una respuesta racional y coherente al Gobierno afectado. Esas demandas dan origen, a veces, a objetivos de maximización de la «renta», entendida en el sentido inmaterial de utilidado satisfacción derivada del consumo de bienes públicos (la autonomía, por ejemplo) y privados. Frente a tal objetivo -heterodoxo- se alza el tradicional y economicista de hacer máximo el «producto real» o suma de producción privada de bienes y servicios.

Una política económica nacionalista está dispuesta a no maximizar su «producto real», porque acepta como un bien público la inversión (bajo múltiples formas) en nacionalidad o etnicidad, que es considerada socialmente rentable en cuanto que satisface el deseo del electorado e incrementa, así, su bienestar «irracional» en términos económicos. Su objetivo, por tanto, es maximizar lo que hemos llamado «renta, una vez que se ha manifestado una preferencia colectiva ,en favor de decisiones que rompen el libre juego de la economía del mercado y resultan, así, irracionales para la economía ortodoxa.

Esta preferencia colectiva nacionalista entraña un coste en términos de producción perdida al preferir una asignación ineficiente de recursos en aras del nacionalismo (por ejemplo, al preferir la autarquía a una economía abierta, o la agricultura o floricultura, la industria acusada de contaminante, o el uso o esterilización de los recursos financieros dentro de la región, etcétera). El economista se limitará a determinar qué sacrificio en términos de producción física supone la decisión de la comunidad en cuestión, informar de sus resultados a la comunidad y respetar, desde luego, las decisiones comunitarias siempre que sean adoptadas consciente, libre y responsablemente.

Unión económica y unión política

El temor radica en que las adhesiones populares pueden estar viciadas si no se informa verazmente a nuestras colectividades nacionales del coste que algunas decisiones económicas del nacionalismo político pueden suponerles. Pero, además de una posible existencia de información defectuosa o sesgada que viciaría la adopción de decisiones, el otro problema que se plantea se refiere a la estrategia adoptada. La CEE (con quien parece que desean unirse todas las nacionalidades del Estado español) utilizó la unión económica como instrumento para lograr la unión política. Los pasos hacia un mercado común estaban concebidos, en el Tratado de Roma y en el espíritu de sus padres fundadores, como etapas de un proceso que llevaba a la unión política europea. Desgraciadamente ara los ilusionados europeístas, la Comunidad Económica Europea es el mejor ejemplo de cómo la unión económica, que implica la existencia de un Mercado Común, es perfectamente compatible con la más perfecta desunión política, permitiendo la conservación de la plena independencia y soberanía políticas de los Estados miembros. Economía y política son mundos separados. Los tratados fundacionales -cargados de contenido económico- se han agotado hace tiempo y, para seguir adelante en la construcción de Europa, se requieren desde ahora decisiones políticas y conscientes renuncias de las soberanías nacionales, pero ellas forman parte de lo que Dahrendorf llama «la segunda Europa» y que prácticamente no ha comenzado todavía. La construcción de la primera Europa acabó en 1968 y no creo que los países miembros, desde el pequeño Luxemburgo hasta Alemania, hayan visto reducida en ella sustancialmente su soberanía política o afectados sus sentimientos nacionales. Parece por ello claro que, tras un proceso no exento de dificultades, los países de la CEE están disfruntado de todas las ventajas de una unión económica sin tener que sacrificar para ello, en absoluto, su independencia política o su condición de Estados soberanos. Es más, hoy (en la segunda Europa) se busca mucho menos la creación de órganos soberanos supranacionales (sólo deseados por Alemania, qúe es un país semisoberano) que el ejercicio concertado de las soberanías de las naciones europeas.

Destrucción de la unidad económica

Frente a esta posición, ciertas propuestas nacionalistas que se ensayan en España parecen intentar una destrucción de la unidad económica como si ésta fuera incompatible con las cotas de autogobierno que las nacionalidades de este país se marcan. Hay que recordar otra vez que, en el extremo, la unión económica se ha mostrado compatible con la independencia política. Pero este es un juicio que ha de aceptar el político. El economista, modestamente, se atreve a subrayar que teme que, en términos de renta perdida, la decisión de romper o deshacer las reglas de un Mercado Común que rige en España desde el siglo XV es, sin duda, enormemente costosa y que desearía que el electorado conociera esos costes y los adicionales del paso en pedazos a un Mercado Común Europeo que, desde Bruselas, nos pedirá, además, que lo reconstruyamos a su estilo. Hay mecanismos abundantes para hacer innecesarias rupturas que resultan irracionales, sin duda, desde un punto de vista económico, pero me temo que también absurdas desde un punto de vista político. Desde este último punto de vista no dejará de ser desolador constatar que la unión económica pueda disgregar un país cuando en Europa ha significado «la reconciliación de los pueblos... Y, por encima de todo, la reconciliación de las naciones europeas asoladas por dos guerras mundiales nacidas en Europa de la lucha entre nacionalismos y que, para los pueblos de Europa, eran auténticas guerras civiles», según declaró la Comisión Europea el 1 de julio de 1968, precisamente el día en que se consideraba terminada la «Primera Europa».

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de marzo de 1979