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Reportaje:

La Administración y las drogas: un problema irresuelto

La comisión interministerial para el estudio de los problemas derivados del consumo de drogas ha quedado reestructurada en virtud de un real decreto que publica ayer el Boletín Oficial del Estado. Esta comisión en realidad corresponde a una ya formada, del mismo carácter, y dedicada al estudio del problema derivado del alcoholismo y el tráfico de estupefacientes.En el mencionado decreto se señala que la realidad social de España, sometida a un proceso acelerado de cambio, ha evolucionado considerablemente en los últimos tiempos, planteándose en amplios sectores el problema derivado del consumo de las drogas, lo que obliga a adoptar medidas coordinadas y eficaces para su solución.

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La nueva comisión estará presidida por el ministro de Sanidad y serán sus vicepresidentes los subsecretarios de la Salud y de Orden Público. Formarán parte de ella, como vocales, representantes -con categoría de director general- de los ministerios de Sanidad, Hacienda, Interior, Cultura, Justicia, Asuntos Exteriores, Defensa, Educación y Ciencia, Trabajo e Industria y Energía. También serán vocales un representante de la Cruz Roja y el presidente del Consejo Superior de Menores. El secretario de la comisión será un funcionario del Ministerio de Sanidad.

La comisión tendrá, a su vez, los siguientes órganos: comisión permanente, grupos de trabajo y secretaría. La reunión de la comisión se celebrará con una periodicidad semestral, como mínimo, a criterio del presidente de la misma. La comisión permanente se reunirá ordinariamente cada tres meses y, de modo extraordinario, siempre que lo estime necesario su presidente o la mayoría simple de sus componentes.

Una disposición adicional precisa que corresponde a la Subsecretaría de la Salud la competencia sobre los aspectos sanitarios del alcoholismo. Sorprende en el organigrama de la comisión interministerial la ausencia de interlocutores que han manifestado en la práctica su preocupación por los problemas sociales que se engloban en el mencionado organismo. Así, falta la presencia de la Unión Española de Defensa contra la Droga que, hasta la fecha, ha sido la única entidad capaz de proponer una alternativa real para intentar solucionar el problema de los adictos a las drogas duras. En el pasado mes de agosto, y aprovechando un local que habitualmente se ocupa en las funciones docentes de todo colegio, la Unión Española de Defensa contra la Droga realizó en Arganda del Rey (Madrid) unos cursos de rehabilitación, con trabajos relacionados con el campo o la artesanía y la utilización de la metadona como sustitutivo de la heroína.

La diferencia de actuación con respecto a la Administración es notable por cuanto que ésta concibe al drogadicto como un delincuente y no como una persona que se ha creado una dependencia a una determinada droga. Mientras en la comisión interministerial se encuentra representado el Ministerio del Interior, en su vertiente de orden público, la asociación ciudadana mencionada brilla por su ausencia.

El cambio de título en la citada comisión (del estudio del alcoholismo y tráfico de estupefacientes se pasa a un estudio de los problemas derivados del consumo de drogas) puede ser significativo del talante de la Administración. Se puede entender como una inclusión del alcohol en el campo de las «drogas» o como una renuncia tratar en profundidad el problema social que plantean las drogas asimiladas, alcohol y tabaco.

El profesor Laporte, rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, dictó en el pasado mes de diciembre un ciclo de conferencia en la Fundación Juan March de Madrid. Allí fue explícito en sus afirmaciones: «Hay que acabar de una vez con la hipocresía de lo mayores que reprenden a los jóvenes por fumar un porro, con el puro en la boca y el vaso de whisky en la mano.»

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