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Tribuna:

"La educación del príncipe y de los príncipes"

Catedrático de la Universidad de SalamancaUna de las formas más lucidas y realistas de conocer la historia espiritual y política de Occidente es sondear en las ideas y hábitos mentales con que se ha alimentado a los jóvenes pretendientes a los tronos de los imperios roma nos, germánicos o hispánicos, o con que se han alimentado las revolucionarias; aspiraciones de los futuros presidentes de repúblicas liberales o socialistas. Desde los políticos a los teólogos, desde Maquiavelo a Santo Tomás, esta iniciación del príncipe a la vida y régimen de los Estados ha sido preocupación central de sus re flexiones teóricas.

Un colega de Universidad y animador teórico de un partido político acaba de escribir unas palabras sobre el tema de la enseñanza, que nos reflejan el actual interés de los partidos menos monárquicos por este problema. Pero ahora ese interés ha pasado de las graves especulaciones sobre su función e ideas a otra pregunta más realista y concreta: ¿Quién paga la educación del príncipe? ¿En qué colegio puede o debe estudiar? El citado colega afirma no comprender cómo el Estado pueda. financiar «un colegio como Los Rosales, adonde acuden los hijos del Rey». (Vida nueva, 1150, 21-10-1978, página 16.)

Yo quisiera extender esas razones a otros «príncipes», des velando con este motivo luces y sombras, es decir, las ambigüedades profundas, en las que el tema de la enseñanza pese a todo sigue sumido, y seguir desenmascarando los intereses de orden económico y político que subyacen a muy teóricas cuestiones brillantemente expuestas por especialistas en la materia.

De entrada quiero hacer una precisión: no conozco personal mente a nadie del colegio de Los Rosales, no tengo ninguna otra noticia sobre él, y ni siquiera sé su localización material. Y al Rey y a sus hijos sólo los he visto, como la mayor parte de los españoles, a través de la televisión. Quiero decir con esto que la cuestión que me mueve es de muy otro orden. Y es la siguiente: saber quiénes, cuándo y dónde hay que pagar la enseñanza en España. Mi colega parece decir que nadie que sea «hijo de rey» puede recibir gratis del Estado la enseñanza. Lucidísima tesis; pero se debería añadir que todos los «principes e hijos de reyes» (es decir, ministros, subsecretarios, directores, presidentes de partidos, empresarios, millonarios, etcétera, con independencia de qué colegios elijan, sean públicos o privados, religiosos o antirreligiosos, con una pedagogía de Freinet o de Freire, de Ruiz Amado o de Pestalozzi) deben pagar absolutamente todo el coste de su enseñanza; más en concreto, todo lo que el Estado invierte en ella y lo que cada puesto escolar le cuesta a la sociedad en ese centro; sociedad que es quien, en última instancia, paga.

¿Qué extraña maniobra, no sé si de izquierdas o derechas, ha canalizado hasta ahora la discusión sobre la enseñanza por el estrecho de las instituciones docentes y de sus posibles orientaciones teóricas, con el secreto intento de que no se pisara tierra firme en el análisis de las situaciones económicas de los padres de los alumnos? La enseñanza en España, antes que un problema político, es un problema técnico: ¿cómo ofrecer con los medios que se tiene una enseñanza más cualificada al mayor número de niños españoles, es decir, a todos los niños en edad escolar? A esta luz, ¿qué desolación de espíritu nos crea ver el desierto de silencios cómplices que las palabras de la profesora Gloria Begué encontraron en el Senado al hablar de las condiciones internas, necesarias para lograr una enseñanza objetivamente cualificada, de forma que la sociedad pueda encontrar respuestas objetivas a sus problemas reales?

Pero la enseñanza es, a su vez, un problema económico- fiscal. Si un Estado social y democrático quiere cumplir aquella función que le es propia: ser promotor en un orden y hacer de freno en otro, y como resultado nivelar las clases sociales de un país, debe establecer unos criterios coherentes y consecuentes. Debe posibilitar el acceso a la enseñanza de todos los ciudadanos, en una medida inversamente proporcional a las posibilidades económicas de los sujetos. Hay alumnos a quienes debe cobrarles todo el costo real de sus estudios; a otros, la mitad; a otros, una leve aportación, y a otros, nada. Finalmente, a otros tendrá que comenzar por procurarles, antes que unas condiciones de estudio, unas condiciones de existencia, en las que nazca la posibilidad y el deseo de acceder al estudio, en las que sientan su ignorancia como real carencia y el saber como una necesaria riqueza.

Hablar de igualdad y de gratuidad para todos en la misma forma es el supremo encubrimiento de la más grave injusticia. ¿Es justo que los hijos del ministro, situado al lado del mejor instituto de enseñanza media y al lado de la mejor Universidad, no tengan que pagar nada, lo mismo que el hijo del campesino al lado de una marginada escuela de pueblo, a cientos de kilómetros de la Universidad? El no haber querido abordar el tema de la enseñanza en esta perspectiva y haber centrado todo el problema en el binomio «escuela pública-escuela privada» revela el clasismo brutal que nos encierra a todos. A no ser que sea otra la intención de fondo: que se esté intentando por el camino de la eliminación de las instituciones surgidas de la iniciativa libre de grupos humanos cerrar la posibilidad de que los ciudadanos piensen libremente, transmitan una actitud ante la vida, hagan posible una manera de estar en el mundo, a la que despectivamente se considera como no científica, mágica y trasnochada. Si es esto, entonces habría que tener el valor de confesar semejante intención para que todos nos orientemos en torno a los nuevos imperialismos, su procedencia y sus metas.

El real debate sobre la enseñanza comenzará al día siguiente de aprobar la Constitución, que es la primera tarea de paz y la primera tierra de concordia que los españoles tenemos que poner bajo los pies para no visitar el abismo del enfrenta miento fraterno y para hacer posible la reconciliación; el signo más urgente de humanidad y de madurez histórica que hoy necesitamos.

La clave para saber qué con tiene realmente y qué va a dar d sí en nuestra historia concreta esa caja de sorpresas que es el artículo 27 de la Constitución nos la ha dado ya el reciente proyecto de ley sobre universidades. No vamos a entrar en el análisis de todo el texto y nos limitamos a aludir a dos puntos Primero, la autonomía. Sí es verdad que la mala gestión, el escaso rendimiento o la distancia de lo universitarios respecto de la sociedad circundante ha merecido el que la Universidad pase a se realmente gestionada por otras fuerzas de la sociedad, entonces está bien hecho el traspaso de poderes. En cualquier caso hay que ser consciente de que la Universidad tampoco ahora va a ser autónoma, es decir, dirigida por las personas que la constituyen. A tenor del texto actual, hablar de autonomía de la Universidad, cuando las decisiones claves y las fuentes de financiación están en otras manos que las de los universitarios, es más bien un eufemismo, si no queremos decir una farsa. No digo yo que esto no tenga que ser así: ahora sólo me preocupa desmantelar el encubrimiento semántico, que lleva consigo hablar de autonomía.

Segundo tema: las universidades privadas. Si las existentes -respecto de las cuales lo primero que habría. que hacer es analizar y diferenciar- merecen un

Juicio mortal en el tribunal de la actual conciencia colectiva española, entonces deben morir. Sería un acto de justicia hecho para con la sociedad. Y sería un acto de justicia también para ellas; en cualquier caso algo más digno y menos humillante que la suerte que el texto del proyecto les reserva. El rechazo fundamental de toda financiación es un primer golpe mortal. Y el remate de esa vida, si es que alguna quedase, lo da la reglamentación jurídica que se establece para la preparación y habilitación del profesorado. Un Gobierno socialista radical no hubiera preparado un cedazo más fino, para cernir grano y granzas, ante los posibles intentos de perduración o surgimiento nuevo de dichas instituciones universitarias. Si es que la desaparición de tales universidades es un logro para la justicia y para la libertad del país, habría que pensar en su eliminación con mayor explicitud y más rápida eficacia.

Interrogado un ministro por el tema respondió con unas palabras o ideas dignas de la mejor antología fascista: «Quien quiera identidad en la enseñanza que se la pague.» Traducido en romance, equivaldría a decir que el Estado pone una cabeza sobre los hombros de cada ciudadano que viene a este piel de toro y le da dicho lo que tiene que pensar, saber y decidir. Si al españolito hipotético se le ocurre no concordar al cien por cien con tal consenso, y quiere otros saberes, pensares y esperanzas, una de dos, o deja de pensar, o tendrá que proveer por sí mismo a su cabeza, porque a partir de ese instante, culturalmente, el Estado se desentiende de él.

La cuestión de la enseñanza hay que arrancarla al secuestro y enmascaramiento que padece por todas las laderas. El binomio que hay que discutir y resolver no es «escuela pública gestionada directamente por el Estado-escuela libre gestionada por grupos de la sociedad», que lo deberán decidir los ciudadanos cuando tengan libertades no sólo formales, sino reales, es decir, medios económicos para llevar a cabo la elección. El binomio que escuece y hay que afrontar es este otro: «ricos-pobres», «ciudad-campo», «regiones privilegiadas-regiones marginadas», hijos de príncipes-hijos de proletarios», «hacendados-emigrantes», « niños cortesanos- niños yunteros». Por ello, en favor de éstos yo apelo al poeta para clamar libertad y justicia y esperar que no sigan siendo carne de yugo, con un cuello perseguido, que no sigan de hecho naciendo «como la herramienta a los golpes destinados, de una tierra descontenta y de un arado insatisfechos» ( M. Hernández).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de diciembre de 1978