Visita al almacén de residuos radiactivos de Hornachuelos

Con la autorización expresa de la Junta de Energía Nuclear «que nos ha dado todas las facilidades en una política de puertas abiertas», según dijo Tomás Garcia, del Partido Comunista de España, consejero de Industria de la Junta de Andalucía, este consejero, acompañado del de Medio Ambiente, Juan López Martos, senador socialista independiente por Granada, visitaron las instalaciones del almacén de residuos radiactivos de El Cabril, Córdoba.Previamente, ingenieros y fisicos designados asesores por los consejeros de la Junta de Andalucía, han comprobado en las dependencias de la JEN en Madrid el origen y tratamiento de los residuos, acompañando después a un convoy en su transporte para comprobar la incidencia que el traslado de los restos puede suponer a las poblaciones de su trayecto, expertos éstos que han tomado muestras en una previa visita a El Cabril.

En la visita ayer realizada a la que fue invitado a participar EL PAIS, los consejeros comprobaron la medición de radiactividad de los casi 4.000 bidones almacenados en los depósitos y mina Beta, pudiendo testimoniar que en este momento la situación de esta última es de absoluta falta de humedad, por lo que, de no modificarse en épocas de lluvia, difícilmente se pueden producir contaminaciones por filtraciones acuíferas al inmediato pantano de Bembézar, que riega la vega de Córdoba y Sevilla.

Ambos consejeros rehusaron dar, de momento, informe público de su visita, «que debemos prioritariamente a la Junta de Andalucía», pero tranquilizaron respecto a la situación y reciclaje de los residuos atómicos y sobre las garantías de vigilancia médica de los cuarenta trabajadores que se ocupan en sus actividades. En esta investigación les acompañó Emilio Fernández, vicepresidente de la Comisión del Congreso de Industria y Energía, trabajador de Westinghouse y secretario de la UGT de Córdoba. Otro tema, diría el consejero de Medio Ambiente, es el carácter político que supone esta ubicación en Andalucía, principio que, en definitiva, habrá de tener en cuenta la opinión del pueblo andaluz y de sus representantes de la administración autónoma.