La actualización de los derechos históricos se llevará a cabo "en el marco de la Constitución"

El peligro de colisión entre la Constitución y los derechos históricos de los territorios forales fue el argumento máximo aducido ayer ante el Pleno del Senado, en nombre del Gobierno, por su vicepresidente segundo, Fernando Abril, para eliminar la disposición adicional aprobada en la Comisión Constitucional del Senado y regresar al texto aprobado por el Pleno del Congreso, en el que se establece, con toda claridad, que la actualización de los derechos históricos se llevará a cabo «en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía».Al comienzo de la sesión, una vez despachados con rapidez los últimos artículos sobre el Tribunal Constitucional y el título completo que regula la reforma de la Constitución, Luis González Seara (UCD) defendió la vuelta al texto aprobado por el Congreso como disposición adicional. Aludió al fracaso de las últimas negociaciones y justificó la actitud de UCD de defender la actualización de los derechos históricos en el único marco posible de la Constitución y los estatutos de autonomía. Recordó que el título octavo que regula las autonomías perfecciona, en este punto, la Constitución de la República y que el estatuto vasco de 1931 cabe holgadamente dentro de esta Constitución.

Jaime Ignacio del Burgo (UCD) intervino para estimar suficientemente atendidas las reivindicaciones autonómicas vascas y retirar su enmienda por estimar que la foralidad navarra, «sentida desde lo más hondo de nuestra españolidad»,no necesitaba actualizarse, ya que, junto a la alavesa, se encuentra vigente.

El portavoz de los Senadores Vascos Miguel Unzueta, rogó al presidente del Senado que suspendiera la sesión, a la vista de las intensas negociaciones que se estaban llevando a cabo. Eran las dos de la tarde y el señor Fontán tras recabar la conformidad de los portavoces de los grupos, suspendió la sesión... pero, sorprendentemente, sólo por quince minutos.

Reanudado el debate -mientras paralelamente proseguían las negociaciones-, Luis Alberto Aguiriano, por el PSOE, y Miguel Unzueta, por el Grupo de Senadores Vascos, consumieron turnos en favor de sus respectivas enmiendas, de antemano condenadas al fracaso. Donde el señor Aguiriano argumentaba que no debía haber privilegios para los vascos, el señor Unzueta aseguraba que los vascos no los buscaban, pero no podían aceptar un reconocimiento de los derechos históricos tan ambiguo que fuera inadmisible por el pueblo vasco.

Abril Martorell, inflexible

Tras estos prolegómenos se produjo la intervención estelar de Fernando Abril, quien apeló a la responsabilidad de su partido y del Gobierno. Aseguró que la Constitución tiene un profundo sentido autonómico y que por lo que se refería a la disposición adicional, UCD no hacía cuestión de gabinete de los textos, «siempre que suscontenidos, estén dentro de la Constitución».

Recordó cómo el voto favorable del PNV en la Comisión Constitucional del Congreso a la disposición adicional que UCD mantenía produjo en aquel momento una distensión de la que se encontraba muy alejada la situación actual, en la que, defendiendo UCD el mismo texto, podía dar una impresion de intransigencia.

Manifestó que el Gobierno y el PNV partían de concepciones distintas, a pesar de lo cual aceptaba la petición de una hora solicitada por el PNV, a fin de que estudiara un texto que resolviera el problema. Leyó la propuesta que figuraría como nuevo artículo 150 bis -que publicamos en estas páginas-, y estimó que la fórmula no era ambigua y que, en el caso de que el PNV la aceptara, UCD cambiaría el sentido de sus votaciones para incorporarlas a la Constitución.

Reanudada la sesión, el presidente del Senado se refirió a las varias enmiendas in voce que se habían presentado y que serían so metidas a votación sin debate. Sin embargo, el señor Unzueta pidió la palabra para contestar a la oferta formulada por la mañana por el señor Abril.

La respuesta fue negativa y el señor Unzueta la fundamentó en que, hasta el momento, el reconocimiento de los derechos históricos se había instrumentado a través de una disposición adicional y que la propuesta era regresiva, por cuanto tal reconocimiento aparecia en futuro y contenía una modificación sustancial respecto al procedimiento de modificación del estatuto.

La enmienda Satrústegui

Antes de que fueran sometidas a votación las diferentes propuestas, el portavoz de UCD, Antonio Jiménez Blanco, preguntó si el PNV aceptaba la enmienda de Joaquín Satrústegui. El señor Unzueta respondió negativamente y el señor Satrústegui puntualizó que el PNV había aceptado la enmienda inicial que establecía la actualización de los derechos históricos «conforme a la Constitución», pero no los añadidos introducidos por otra mano, según los cuales el contenido de los estatutos de autonomía «se ajustará en todo a lo dispuesto en la Constitución».

Por su parte, el senador de designación real Antonio Pedrol intentó explicar su voto, pero el presidente de la Cámara no lo estimó reglamentario. Más tarde, el señor Pedrol, que no participó en la votación, explicó a los periodistas que su intención al votar favorablemente en la Comisión Constitucional del Senado la propuesta vasca era la de facilitar una situación negociadora más reforzada al PNV, pero que, en todo caso, era favorable a una Constitución única y clara.

Por último, intervino de nuevo Fernando Abril para referirse a la excesiva dramatización del tema, en su opinión a causa de la buena voluntad de todos para encontrar, una solución probablemente imposible. Insistió en que UCD no podía reconocer unos derechos históricos sin saber qué iba a pasar con ellos y si en la posible colisión prevalecería o no la Constitución.

Sometido a votación el texto de la disposición adicional aprobada por el Congreso -que también publicamos en estas páginas- fue aprobado por 129 votos a favor (UCD, seis senadores del PSI y varios senadores reales, entre ellos los tres militares y los señores Azcárate, Marías Gómez de la Serna, Fuentes Quintana y Ortega) trece en contra (senadores vascos, el ca talán señor Xirinacs y el comu nista señor Mateo) y 78 abstenciones (socialistas, Entesa, varios senadores de PSI y varios de designación real, entre ellos los señores Olarra, Cela, Ollero, Sánchez Agesta y Osorio).