El Instituto Nacional de Previsión ha incoado este año más de 300 expedientes
La dirección general del Instituto Nacional de Previsión ha difundido un comunicado en relación con los expedientes disciplinarios incoados en la ciudad sanitaria La Paz, en el que se afirma que «la apertura de estos expedientes no presupone la imputación de responsabilidad alguna, sino que es el inicio y práctica de las necesarias medidas para el debido esclarecimiento y exacta determinación de las responsabilidades en que pudiera haberse incurrido».
«Los expedientes de La Paz -añade la nota- se inscriben en las acciones que la Inspección General de Servicios Sanitarios está realizando desde enero de 1978, tiempo en el que ha efectuado cien visitas de inspección a resultas de las cuales se han incoado 328 expedientes disciplinarios, cifra reducida si se considera que el INP cuenta con 201.910 personas, lo cual demuestra el elevado sentido de responsabilidad de dicho personal.»En relación con estos expedientes 134 médicos de la ciudad sanitaria La Paz han firmado un escrito en apoyo del director expedientado, doctor Otaolaurruchi, a la vez que expresan su preocupación «ante la gravedad y caos asistencial que pueden derivarse de análogas situaciones puramente administrativas a las que los médicos somos totalmente ajenos».
El comité de empresa de La Paz, de la Seguridad Social de Madrid, considera inadmisible el procedimiento seguido para incoar expedientes a varios directivos del centro, por estimar que es antidemocrático e ineficaz, según se informó en la tarde de ayer en el transcurso de una rueda de prensa convocada por el mencionado comité. El carácter de «antidemocrático» se debe, a juicio del comité de empresa, por no haber contado con los órganos representativos del centro sanitario.
«Los expedientes son una cortina de humo -añadieron los representantes del comité de empresa- para enmascarar los graves problemas de la administración sanitaria y desviar la atención de los verdaderos responsables de la actual situación.»
Tras criticar el sistema de reforma sanitaria del Ministerio y el INP a base de decretos, «buscando cabezas de turco» y marginando a los órganos representativos, el comité propuso que se dé publicidad a los cargos contra los directivos expedientados; que se paralicen los expedientes hasta que se cumpla lo anteriormente solicitado; que se cree un comité anticorrupción del centro y que se celebre una asamblea general del personal de la ciudad sanitaria para adoptar una postura ante estos hechos.
CCOO de Sanidad, por su parte, facilitó un comunicado en el que señala que «seguiremos denunciando todos aquellos casos de corrupción dentro del INP de los que tengamos conocimiento». Coincide la central sindical con el comité de empresa en señalar que el Ministerio pretende encubrir la realidad del problema a través del «descubrimiento» de este tipo de situaciones «menores» y se opone radicalmente a la reforma sanitaria por decreto-ley. Por otra parte, CCOO se pregunta qué ha pasado con los 5.000 millones de fondo de asistencia social y el por qué el Ministerio utiliza los fondos de las Mutualidades Laborales para pagar las nóminas del INP.
Por su parte, la Federación de Sanidad de UGT ha manifestado en un comunicado que «no deja de ser llamativo que la Administración se haya decidido a adoptar las actuales medidas (de expedientes y otras), sólo pocos días antes de que vaya a comenzar sus actuaciones la comisión senatorial de encuesta formada por iniciativa de UGT. Independientemente de la buena acogida que debe tener toda medida que contribuya a sanear la Seguridad Social, el problema de la corrupción no es tanto de personas como de estructuras».
