El "castellano o español" será la lengua oficial del Estado

El Pleno del Senado introdujo ayer por la mañana en el proyecto de Constitución la primera modificación respecto al texto aprobado por el Congreso: la lengua oficial del Estado español no será el «castellano», como opinaba el Congreso, sino el «castellano o español» -propuesta del señor Cela-, tal como fue aprobado el artículo 3 del .proyecto en el Senado. También fue modificado el artículo 4 -sobre la bandera-, con la introducción de un párrafo sobre el escudo oficial, y sufrieron ligeras variaciones los artículos 6, 7 y 8.Abierta la sesión a las once menos cuarto de la mañana, Alberto Monreal defendió en primer lugar el voto particular de Senadores Vascos que pedía la.supresión de las expresiones «o español» y «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla (la lengua oficial)» en el párrafo primero. En su defensa, el señor Monreal argumentó que el Estado español es plurilingüe y que incluso una parte de la población es monolingüe en idiomas distintos del castellano.

A continuación, el catalán Rosend Audet defendió que todas las lenguas «nacionales» sean oficiales en los respectivos territorios, mientras el castellano podría ser transitoriamente cooficial. Para el señor Audet la garantía de las lenguas es su uso efectivo oficial.

En nombre de UCD se opuso a las propuestas el señor Enciso, aduciendo que el actual español no, es sólo la evolución del castellano medieval, sino que se ha enriquecido con aportaciones de otras lenguas españolas e incluso extranjeras.

La lengua del imperio

Fidel Carazo propuso que se suprimiese el «castellano», dejando sólo «español». La defensa de su enmienda, con un cierto tono amenazante y advirtiendo que «podemos llegar a un enfrentamiento doloroso entre los españoles», provocó la réplica de la senadora María Rufías, de Entesa dels Catalans, quien señaló, que «lo grave es la violencia, no que en ocasiones pueda utilizarse con exclusividad una lengua regional», y que en una Constitución española deben caber todas las lenguas de España.

El señor Carazo contestó que no pretendía aplastar ninguna lengua de España, sino que «.el español prevalezca como algo imperial sobre las demás», lo que produjo murmullos, aplausos sarcásticos y una nueva réplica de la señora Rufías: «Aquí no tratamos de construir un imperio, sino una democracia para todos.»

Finalmente, el almirante Gamboa propuso que se incluyese en el artículo que todos los españoles tienen el deber de usar la lengua del Estado. En nombre de la Comisión, Ricardo de la Cierva afirmó que el dictamen establece una sinonimia entre castellano y español, y no excluye ni subvalora a ninguna otra lengua de España. Este dictamen fue aprobado con el voto. en contra de la Entesa y el Grupo Vasco, mientras las enmiendas fueron derrotadas todas ellas por aplastantes mayorías, siempre votando juntos UCD y PSOE.

Amarillo, no gualda

El artículo 4, sobre la bandera, fue aprobado tal como dictaminó la Comisión -con el solo cambio de «gualda» por «amarillo» con respecto al Congreso- más un nuevo apartado 3, propuesto por la Agrupación Independiente y defendido por Justino Azcárate, según el cual una ley especial de terminará la composición y características del escudo oficial del Estado, lo que fue aprobado casi por unanimidad, excepto ocho absten ciones de Senadores Vascos y Xirinacs.

Fueron derrotadas las enmiendas del almirante Gamboa (para que se calificase a la bandera de «enseña de la Patria y símbolo de su unidad y soberanía») y de Fidel Carazo («la exclusión de la bandera nacional constituirá delito»).

"Señorita de compañia"

También fue derrotada la propuesta de Juan María Bandrés de que se suprimiese la necesidad de utilizarla bandera de España en las comunidades autónomas. El señor Bandrés dijo que en honor a la realidad, «a las banderas de las comunidades debe quitársele esa "señorita de compañía" que la Constitución se empeña en ponerle», que «esa bandera ha sido durante cuarenta años símbolo de la opresión para mucha gente» y que «la ikurriña va a seguir apareciendo sola. o con la española, o con la republicana, que también tiene muchos partidarios».

En nombre de Senadores Vascos, Juan María Vidarte pidió que en lugar de decir que las banderas regionales podrán ser usadas por las comunidades en sus edificios públicos y actos oficiales, se dijese que podrán hacerlo en los edificios y actos de ese carácter dentro su ámbito territorial, es decir, también en los edificios y actos de la Administración del Estado, lo que incluye, por ejemplo, cuarteles y comisarías. El señor Vidarte argumentó que la unión de las dos banderas daría al ciudadano la idea de que ambas no son contradictorias, sino integradoras. La enmienda fue derrotada con los votos en contra de UCD y la abstención socialista.

Por la Comisión Constitucional, su presidente, el socialista Federico de Carvajal, respondió al señor Vidairte que la Constitución no prohibe el uso de las banderas autonómicas en esos edificios públicos, por lo que más adelante puede regularse esto. El dictamen del artículo fue aprobado con los votos en contra de los señores Gamboa, Xiriniacs, Bandrés y Audet.

Los artículos 5, sobre la capitalidad del Estado, y 6, sobre los parti dos políticos, fueron aprobados por unanimidad, sin propuestas en contra. También sin modificacio nes fue aprobado el artículo 7, de los sindicatos y asociaciones em presariales, tras la derrota de la propuesta de Vicente Mateo Navarro para que se incluyesen las organizaciones profesionales.

Fuerzas Armadas

El artículo 8, sobre las Fuerzas Armadas, fue aprobado, asimismo, tal y como lo dictaminó la Comisión. Entre las enmiendas rechazadas figuraban una del señor Bandrés pidiendo la supresión del artículo y sendas propuestas de los senadores militares Gamboa, para que se incluyese a los institutos y cuerpos armados sometidos a disciplina militar como parte de las Fuerzas Armadas, y Díez-Alegría, para que se diese también a estas fuerzas la misión de defender la unidad de España.

El señor Bandrés afirmó que un artículo sobre las Fuerzas Armadas en el título preliminar de la Constitución era como decir que junto a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial existe el de las Fuerzas Armadas, lo que es intolerable en un Estado democrático, y se refirió a la necesidad de no enfrentar al Ejército con el pueblo. Marcial Gamboa dijo que los institutos armados con disciplina militar deben participar en la misión constitucional de las Fuerzas Armadas porque la garantía de la unidad de la Patria es un concepto básico en el espíritu castrense. Por su parte, Luis Díez-Alegría manifestó que la unidad es uno de los objetivos de defensa de las Fuerzas Armadas. El dictamen fue aprobado con los solos votos en contra de los señores Bandrés y Xirinacs.

En el artículo 9, sobre el sometimiento de los poderes públicosa la Constitución, se produjo en el apartado segundo una nueva vuelta al texto del Congreso, con lo que se vuelve a especificar que los poderes públicos protegen también los derechos de los grupos en que se integra el individuo.