La medicina integral, base para el nuevo concepto de salud pública

Existe un acuerdo general sobre la necesidad de la reforma global del sistema sanitario y en que esta reforma debe plantearse sobre un nuevo concepto de la salud que su ponga una medicina integral. Así, en la alternativa sanitaria de UCD se preconiza una medicina que abarque «la educación sanitaria de la población las medidas de higiene y epidemiología, sanidad ambiental, preverición de las enfermedades, asistencia curativa, rehabilitación y reinserción social», y CCOO defiende que la reforma sanitaria «debe tender a la planificación homogénea de la sanidad que favorezca fundamentalmente la medicina preventiva, además de la curativa y rehabilitación (...) Debe concebir la asistencia sanitaria como una integración: educación sanitaria, higiene, prevención de la enfermedad, medicina curativa, rehabilitación e inserción y asistencia social a minusválidos». La UGT, por su parte, plantea como principio de la reforma que el programa de la salud «debe tener carácter integral y garantizar la to tal comunicación e interrelación entre sus distintos elementos: educación sanitaria, educación preventiva, medicina asistencial, medicina rehabilitadora y reinserción social, docencia e investigación». Las diferencias se encuentran, pues, en las formas de efectuar esta integración de la medicina en este concepto global de la salud, en el papel del Estado y en los distintos grados de participación en el desarrollo de la política sanitaria de los diferentes estamentos implicados y del ciudadano en general.Con una concepción muy similar a la que propicia para la enseñanza, UCD parte del derecho del ciudadano a la salud y de la necesidad de que el Estado le garantice su acceso a los servicios y prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad. En la práctica, este derecho'se concretaría en la libre elección de rnédico y en la libre elección de centro asistencial. Por otro lado, este derecho del ciudadano se conjuga con la aplicación a la sanidad del principio de libre empresa: el reconocimiento al libre ejerc icio de la actividad profesional y a la creación y organización privada de centros asistenciales y sanatorios.

Estos dos principios «liberales» llevados a sus últimas consecuencias, unidos a la obligación del Estado de garantizar su ejercicio, significaría la subvención por el Estado de lbs centros sanitarios privados, o el pago al ciudadano de todo o de parte de sus gastos sanitarios para que pueda elegir entre los centros privados y los públicos. En definitiva, un proceso de privatización de la sanidad con un formidable trasvase de recursos desde el sector público al sector privado en este importante campo de actividad.

Sanidad como servicio público

Frente a esta concepción la izquierda, en general, y las centrales sindicales, en particular, plantean sin excepción sus alternativas sobre una concepción de la sanidad. como servicio público realizado bajo el control de los ciudadanos, y con la participación activa de los trabajadores de la sanidad, tanto de los cuerpos médicos como del resto del personal sanitario y trabajadores no sanitarios. El alto control de la política sanitaria se ejercería por el Parlamento, las organizaciones sindicales estarían presentes en los niveles directivos de las distintas instituciones del servicio y los comités de empresa en los centros asistenciales.

Todas las alternativas se oponen frontalmente a todo intento de privatización.

En el mes de junio pasado tanto el PSOE como el PCE desarrollaron unasjornadas sanitarias para la puesta a punto de sus alternativas. El primero la basa en la creación de un Servicio Nacional de la Salud, el cual se estructuraría a nivel local tanto en zonas rurales como en barrios, de una forma descentralizada y controlada directamente por los vecinos y sus organizaciones. En lasjornadas del PCE se dio especial importancia a la'incidencia que sobre la salud tienen los ambientes agresivos creados por las relaciones sociales de explotación y a la necesidad de actuar sobre las mismas.

Aun cuando la discusión de la reforma no se realizará hasta después de aprobada la Constitúción, el Ministerio, a través de reales decretos, trata ya de modifficar algunos de los aspectos del actual sistema. La ley aprobada ya sobre organización de los centros sanitanos, que establece sus órganos de gobierno y los sistemas de «participación» del personal en la gestión de los mismos, ha sido denunciada por las organizaciones sindicales como regresiva y como un primer paso de un proceso que puede llegar a ser irreversible.

La sanidad y la enseñanza, donde el sector estatal tiene fuertes posiciones frente a la iniciativa privada, parece que van a ser dos sectores básicos o piedras de toque de las futuras batallas posconstitucionales.