El difícil e inalcanzable camino de la reforma sanitaria

El 4 de julio de 1977, y en el primer Gobierno nacido del triunfo electoral de UCD, aparece el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social como respuesta a la necesidad de unificar en un solo organismo estatal las dispersas competencias que en materia de salud pública se distribuían hasta entonces en ministerios diversos. El Ministerio se crea sobre dos organizaciones estatales: la Dirección General de Sanidad del Ministerio de Gobernación y la Seguridad Social, que hasta entonces se encontraba bajo la competencia del Ministerio de Trabajo. Con ello se establecían las bases para que toda la sanidad asistencial, tanto la pública como la privada, quedase bajo la competencia de un solo ministerio, al que más tarde, y en una reforma más profunda, podían pasar competencias sobre la sanidad preventiva y de rehabilitación que prácticamente se encontraban sin un desarrollo adecuado.Pronto, muy pronto, iba a demostrarse que la unificación no era fácil: la Seguridad Social había nacido, crecido y se había desmesurado como obra del franquismo Sus presupuestos eran casi tan importantes como los del Estado en su conjunto, y la falta de claridad en sus cuentas y en las enormes partidas de sus gastos eran un problema en cuya difícil solución podía fracasar y «quemarse» el nuevo Ministerio. El 28 de julio de ese mismo año, 1977, la prensa publicó unas cartas del ministro de Sanidad en las que denunciaba la «corrupción» existente en la Seguridad Social y pedía ayuda para continuar descubriéndola y erradicarla.

«Es mi propósito -escribía sobre este tema el ministro de Sanidad al del Interior- impulsar al máximo todos los medios de lucha contra la corrupción en lo que concierne a la sanidad y a la Seguridad Social, y en esta línea he dado instrucciones al delegado general del Instituto Nacional de Previsión para que continúen y se intensifiquen las investigaciones, apurando las que se refieren a Barcelona y extendiéndolas a cualquier otro lugar en que se presuma que tales actividades ilícitas puedan realizarse.» (Informaciones, 28-7-1977)

Si el problema de la corrupción era y es importante, no parece que lo sea menos el de la falta de control de los gastos y de los ingresos, y el de la ineficacia de los importantes servicios que tiene encomendados el Instituto Nacional de Previsión, entidad autónoma administradora de la Seguridad Social.

En mayo de este año, el Ministerio anunció que ya se encontraba ultimado el anteproyecto de ley sobre Sanidad y Seguridad Social y en él se contemplaba la desaparición del INP del Servicio de Mutualismo Laboral, de cinco servicios comunes de la Seguridad Social. cuatro servicios sociales y dos organismos autónomos, y en su sustitución se preveían nuevos organismos e instituciones de carácter público por los que el Estado garantizará el ejercicio del derecho a la salud y la ordenación, planificación, inspección y jurisdicción de la política sanitaria.

Todas las informaciones aparecidas sobre este problema indican no sólo su dificultad, sino también las diferencias de' criterios que separan a los ministerios económicos y al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. En tanto que éste aboga por una intervención del propio Ministerio mediante la creación de un cuerpo de interventores propio, los económicos son partidarios de que sea la Intervención General del Estado la que controle estas cuentas, ya que estiman que un control eficaz de las inversiones de las entidades gestoras de la Seguridad Social (INP y Mutualidades) reducirá sensiblemente el coste de la misma y, por tanto, la presión sobre los costes de producción de las cuotas de la Seguridad Social.

En el pasado mes de mayo trascendió un proyecto del equipo económico del Gobierno para centralizar los ingresos y los gastos de la Seguridad Social, que suponen unos 100.000 millones de pesetas mensuales, y que en este momento se encuentran en manos de más de doscientas comisiones gestoras que «actúan poco más o menos como reinos de taifas». «La actual estructura -podía leerse en la información dada por EL PAIS el 31 de mayo- de ingresos de pagos supone de hecho un campo abonado para el descontrol, las corruptelas y el pago de extratipos a mutualidades y demás organismos autónomos difícilmente perseguibles.» Debido a este «descontrol » y también desde luego al atraso y falta de pagó de las cuotas de la Seguridad Social por parte de gran número de empresas, dada la situación de crisis, se ha presentado en este verano una situación económica próxima a la bancarrota en el INP y en su organización hospitalaria. El presupuesto de la Seguridad Social aprobado por las Cortes para el ejercicio actual estaba ya sobrepasado en los seis primeros meses de¡ año y el Ministerio de Sanidad se enfrentaba al año de su creación con una grave crisis que parecía incapaz de solucionar.

Ante la gravedad de la crisis económica, el Ministerio estableció medidas restrictivas sobre algunas partidas de gastos de la Seguridad Social. Las guardias de médicos, las pensiones alimenticias de los enfermos hospitalizados dos y las adquisiciones de útiles, lencería y material fungible de los hospitales fueron el objeto directo de estas medidas. La supresión de la compensación económica de las guardias de los médicos y su sustitución de compensaciones horarias, suponía una importante reducción de los ingresos de los médicos, y la compensación de las horas de guardia con la reducción de los horarios, dado que las plantillas son muy reducidas, suponía que se abandonasen los diferentes servicios, reduciéndose la utilidad de los hospitales a las urgencias cubiertas por los servicios de guardia.

Al propio tiempo, la justificación de la medida basada en los abusos en las guardias por parte de los médicos ofendía a éstos y los enfrentaba con el Ministerio. La reducción del 30% de las pensiones alimenticias y las otras restricciones suponían también una seria deteriorización el servicio hospitalario de la Seguridad Social, que inmediatamente fue interpretado por las centrales sindicales y los partidos de izquierda como una maniobra del Ministerio para apoyar la privatización de la sanidad por el desprestigio de la sarádad pública, a la que se le recortaban una buena parte de sus medíos. Esta intención oculta del Ministerio parecía avalarse en el proyecto de reforma sanitaria a más largo plazo potenciado por UCD, en el que se hacían importantes concesiones a la iniciativa privada.

Negociaciones con el INP

La reacción de los médicos fue inmediata y el día 21 de julio, cuatro días después de la circular suprimiendo el pago de las guardias, se constituyó una comisión para negociar con el IN P este problema. En principio, la comisión estaba formada por representantes del Consejo General de Colegios Médicos, representantes de las centrales sindicales CCOO, UGT, USO, SU, CSUT, Sindicato Gallego de Sanidad y el corporativo Sindicato Médico Libre. Por su parte, el día 26 celebraron en Madrid una asamblea estatal repre sentantes de catorce mesas de hospitales de otras tantas provincias, más veintiséis representantes de asambleas de otros tantos hospitales. De esta asamblea estatal salió elegida una comisión para incorporarse a las conversaciones ya en tabladas con el INP.

En plena tensión -ya se había iniciado una huelga de médicos en La Paz y en el hospital Ramón y Cajal de Madrid-, el día 28 se reunió la comisión negociadora con el INP y tras muchas horas de diálogo se llegó a un principio de acuerdo; pero como de esta reunión habían sido excluidos por la oposición del Consejo General de Colegios Médicos y del INP los componentes de la comisión de mesas y asambleas de hospitales a los que se negaba toda representatividad, y como tras las diez primeras horas de reuniones se había retirado el Sindicato Médico Libre por su disconformidad con el acuerdo de que en las comisiones de regulación de las guardias tuviera representación el personal no médico de los hospitales, el acuerdo sólo se logró entre el INP y las centrales sindicales, cuya representatividad entre los médicos era, a todas luces, minoritaria.

Frente al INP el estamento médico no presenta, níal parecer puede presentar, una postura unida, es ésta una de las condiciones

Y de su debilidad no ya de cara a la discusión y defensa de sus derechos, sino también, y sobre todo, ante la etapa de reformas en profundidad que se aproxima.

Por una parte, aparece la estructura fuertemente estratificada del cuerpo médico que separa en sus intereses fraccionales al staffdirectivo de los hospitales de los médicos de a pie en los servicios y a éstos de los médicos residentes. Por otra, conviven distintas relaciones profesionales que van desde las grandes figuras de la medicina que simultancan el ejercicio privado, las cátedras y jefaturas de servicio, hasta el médico asalariado y totalmente dependiente del puesto hospitalario, sin olvidar el interno residente en prácticas en los hospitales y los médicos -de ambulatorios, con o sin clientela privada.

Esta situación tan diversa en la que se mezcla el carácter asalariado con el ejercicio libre de la pro fesión en diversos grados, lo priva do y lo público, ha tenido su reflejo inmediato en las elecciones sindi cales, en sus res ultados y en la si multaneidad de los colegios profe sionales y las centrales sindicales en las comisiones representativas.

En las elecciones sindicales el resultado dio el triunfo a candida tos independientes que lograron casi el 60% de los delegados, en tanto que CCOO sólo alcanzaba el 10% y todas las centrales sindicales juntas no llegaban al 30%. El Sindicato de Médicos Libres (entidad gremial y corporativa), conseguía el 12%, sobre todo, en el sector de los ambulatorios.

Estos resultados a la hora de neg ; ociar con el INP han permitido a este que juegue con la desunión y falta de representatividad de sus interlocutores, ya que los propios médicos no se consideran comprometidos por los acuerdos tomados por algunas de sus representaciones.

Así, la actual huelga de los médicos convocada por la Coordinadora de las Mesas y Asambleas de Hospitales no ha sido apoyada por las centrales sindicales y por el Sindicato de Médicos Libres: y el acuerdo al que llegaron sindicatos e INP, al parecer incumplido por este último respecto a las guardias, ha sido denunciado por la coordinadora por considerar que los médicos no estaban representados por los sindicatos, al menos en un 70%, al excluirles de la comisión. Unos y otros negaban toda representatividad al Consejo General de Colegios Médicos, ya que este consejo es un simple residuo sin renovar del régimen autoritario al que ni siquiera reconocen la mayor parte de los colegios mécticos.

El lánguido desarrollo de la huelga y la modesta respuesta de las jornadas de información convocadas por los sindicatos en estos mismos días dan la medida de la debilidad negociadora y de presión del estamento médico en unos momentos graves y trascendentes para la organización de la sanidad a nivel del Estado.

Hasta el momento, el resto de las medidas de austeridad que no afectan directamente a la economía del estamento médico, sino al conjunto de los asegurados y beneficiarios de la Seguridad Social, sólo han merecido protestas, que se podrían calificar de simbólicas por parte de las centrales y partidos de *la oposición, sin que hayan provocado ningún intento de movilización de masas en torno a las misin as. L a batalla, si es que llega a darse, se producirá en base a la reforma gIobal del sistema, es decir, en la tercera y cuarta etapa anunciadas por el ministro.

Todo parece indicar que paradójicamente la oposición socíalista y comunista y las centrales sindicales no están decididas a un .ataque frontal al INP por temor a que su d esmante lam lento beneficie un proceso de privatización de la sanidad y a la larga represente un retroceso y una regresion en el proceso general de socialización de los servijiós públicos y del Estado.