UCD pide más dinero para educación

En la ponencia de política educativa que UCD presentará en el próximo congreso del partido se pide un tratamiento prioritario para el capítulo destinado a enseñanza dentro de los presupuestos totales del Estado. Se señala en dicha ponencia -informa Efe- que el porcentaje destinado a enseñanza no debiera ser inferior al 20% del presupuesto total, porcentaje al que ya se ha referido en reiteradas ocasiones el ministro de Educación y Ciencia, Iñigo Cavero. Este porcentaje, según la ponencia, haría posible una enseñanza gratuita de calidad, una remuneración digna del profesorado y un mantenimiento estable de los centros, con una financiación basada en el coste total por alumno para las ayudas a la gratuidad.

La libertad de enseñanza y la igualdad de oportunidades son los principios fundamentales en que se basa el programa educativo de UCD, que preconiza la escolarización total y gratuita de la población española en la edad de obligatoriedad escolar y, en la medida que los recursos lo permitan, de los niños en edad preescolar.

El derecho de los padres a elegir libremente los centros y programas educativos para sus hijos; la participación en el proceso educativo de todos los implicados en el mismo; la necesidad de una nueva organización social y financiera adecuada a las reformas educativas, y una planificación estatal que asegure. el derecho a la educación son otros tantos aspectos expuestos en el citado programa.

Por lo que se refiere a la planificación, UCD señala que ha de responder a la diversidad regional, tanto en la distribución de la población como en las características culturales y lingüísticas, como atención preferente a las zonas rurales y con profesorado regionalizado.

El problema del alingüismo existente en las regiones subdesarrolladas o entre los grupos inmigrantes de las grandes concentraciones urbanas también debe ser abordado debidamente, señala la ponencia, que pide que «se reconozca el servicio social prestado por la enseñanza no estatal», a la que se debe proporcionar una financiación equivalente a la estatal, siempre que cumpla las condiciones de calidad.

Se recogen, asimismo, los principios de libertad religiosa y de creación de centros y proyectos educativos, que podrán ser ejercidos por personas físicas o jurídicas.