Graves irregularidades en la distribución de fondos contra el paro en León

La distribución de los fondos de empleo comunitario podría estar salpicada de graves irregularidades, según fuentes diversas relacionadas con el Ministerio de Trabajo. Dichos fondos, administrados directamente por el Gobierno Civil y cuya cuantía no ha sido revelada a EL PAIS «por encontrarse de vacaciones el funcionario encargado del tema», han sido repartidos entre los municipios sin tener en cuenta los índices de paro y atendiendo sólo a los motivos de clientela política. Se da la circunstancia de que gran parte de los ayuntamientos de los que eran oriundos los candidatos de UCD en las pasadas elecciones han sido favorecidos con subvenciones de este tipo, a la vez que se marginaba a otros con mayor índice de paro.Las mismas fuentes han señalado el caso de Adrián del Valle -municipio rural con menos de cuatrocientos habitantes- que a finales de 1977 recibió un total de casi cinco millones de pesetas, cifra que -según ha sido reconocido en medios del propio Gobierno Civil- supone un porcentaje importante de los fondos de que dispone la provincia por empleo comunitario. Por otra parte, se señala que el número de parados en el citado pueblo se elevó artificialmente de dos a veintiséis en solo un mes, utilizando el sistema de incluir en las listas de paro a agricultores autónomos. Testigos presenciales han afirmado, sin embargo, que en las obras de acondicionamiento del pueblo intervino un número muy reducido de trabajadores -nunca superior a seis-, a pesar de lo cual en la nómina oficial figuran los veintiséis vecinos supuestamente en paro. Finalmente se señala la coincidencia de que el funcionario encargado de tramitar las subvenciones en el Gobierno Civil -«penúltimo en las pasadas listas electorales de UCD y en la actualidad delegado provincial de Deportes»- sea oriundo de dicha localidad.

Preguntado sobre la exactitud de las supuestas irregularidades, el citado funcionario negó la existencia de los hechos, así como la posibilidad de que los fondos de empleo comunitario estuvieran siendo utilizados para financiar proyectos municipales distintos a los de paliar el paro. Del mismo modo se negó a facilitar cualquier tipo de información sobre el total de los fondos y su distribución en la provincia, remitiéndose al gobernador civil, que, a su vez, se encuentra de vacaciones. A pesar de este desmentido, EL PAIS ha podido confirmar que las oficinas del SEAF-PPO (oficinas de empleo) han sido objeto de presiones a lo largo del último año para certificar listas de paro artificialmente elevadas por el sistema arriba descrito, con el fin de que determinados ayuntamientos pudieran acceder a los beneficios de empleo comunitario.