La Universidad de Barcelona, contra las vacantes de profesores adjuntos
La primera Universidad de Barcelona ha interpuesto recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, contra la orden del Ministerio de Educación y Ciencia del pasado 1 de junio, por la que se hizo pública la relación de vacantes a solicitar por los profesores adjuntos de Universidad que han obtenitido plaza en los correspondientes concurso-oposición. La orden afecta a cerca de doscientas vacantes en la mencionada Universidad.
El recurso considera que aquella disposición reglamentaria es contraria al hecho y que, por tanto, procede el dejarla sin efecto. Pide también la suspensión inmediata de su ejecución.Fuentes fidedignas añadieron que en los próximos días las universidades Autónoma y Politécnica de Barcelona presentarán recursos comparables al de referencia, Entre el profesorado no numerario de las tres universidades, pero particularmente en la primera, la disposición ministerial ha producido un claro rechazo, llegándose a considerar ya la posibilidad de una huelga de exámenes en la convocatoria del próximo mes de septiembre.
El texto del recurso, suscrito por el rector Badía Margarit, afirma que la orden ministerial vulnera la ley General de Educación, cuyo articulado establecía que la adscripción del profesorado se efectuará «previa selección por las respectivas universidades». Resulta, pues, en opinión de la primera Universidad barcelonesa, que la actual política universitaria del Gobierno sería más regresiva y antiautonómica que la desarrollada por el franquismo en su fase desarrollista.
Por otro lado, fuentes universitarias catalanas manifestaron estar a la espera de la divulgación de una nota conjunta de todos los grupos parlamentarios españoles -excepto UCD y AP-, en la que se criticaría explícitamente el anteproyecto de ley Universitaria elaborado por el Congreso. Según las fuentes, esta nota será dada a conocer muy en breve.
Respecto al anteproyecto gubernamental, las universidades catalanas -coincidiendo con la Autónoma de Madrid y la de Córdoba- considera que las fuerzas parlamentarias deben expresar su oposición al proyecto, por ser contrario a una auténtica autonomía.
