Muntadas carece de patrimonio para hacer frente a las deudas

El juez instructor que procesó a Juan Carlos Muntadas Prim inició la pieza separada de responsabilidad civil, fijando ésta en seiscientos millones de pesetas. La decisión es paralela al procesamiento por los presuntos delitos de estafa, aproplación indebida y emisión de cheques al descubierto, (Véase EL PAÍS del 22 de junio.)Según fuentes jurídicas muy solventes, el actual patrimonio personal del procesado sería de unos treinta millones de pesetas. A esta cantidad se deberían añadir los 150 millones que Muntadas Prim tenía depositados en bancos. De esta cantidad, 98 millones eran en efectivo y el resto consistían en bienes depositados como garantía. Estos 150 millones ya están en manos de los bancos que comparecieron en el concurso de acreedores dictado el pasado mes de junio, y por tanto, no están a disposición del procesado.

A estas cantidades se deberían añadir unos setenta millones que forman parte del activo de las sociedades implicadas y de las que fue responsable el ahora procesado. Por todo ello, parece bastante claro que los afectados no podrán recuperar las cantidades que deberían corresponderles.

Con relación a los inversores que depositaron su dinero en manos del procesado, buscando, en casos, un 68 % de interés anual, es de precisar que ninguno de ellos invirtió cantidades inferiores al millón de pesetas, pudiendo hablar de que el promedio de las inversiones era de unos diez millones por persona.

Se trata de inversores pertenecientes, en general, a la misma clase social del procesado, es decir, la nobleza y la alta burguesía de Cataluña. La mayoría de ellos no han iniciado acciones penales, sino meramente civiles -el instar la quiebra personal-, con el fin de recuperar parte de lo perdido, ya que su totalidad será imposible.

Por su parte, los bancos serán, sin duda, los que salgan mejor librados, ya que ahora están favorecidos por la existencia del concurso de acreedores que les permitió adquirir posesión del dinero de los bienes depositados como garantía. También tuvieron la suerte de poder firmar todos ellos -menos el Banco de Vizcaya y Bankisur- un convenio con la madre de Muntadas por el cual ésta daba bienes en garantías. Finalmente, aun en el caso de quiebra, es probable que sus títulos sean preferentes.

Como comparecientes en el terreno penal figuran, en primer lugar, en condición de querellante, el Banco de Vizcaya, que reclama 34 millones. Se han adherido a la acción judicial Antonio Escuder Dizzi, reclamando 36 millones; Enrique Coma-Cros Pérez, reclamando veintidós millones; Giacomo Ventura Basset, reclamando setenta millones; Concepción Costa Oller, requiriendo trece millones, y José Luis Olano Muntadas, reclamando veintinueve millones.