El "polvorín" andaluz

Secretario general del Partido del Trabajo de Andalucía (Federación Andaluza del PTE)

Durante estos días, Andalucía vuelve a estar en primer plano de la atención de la prensa, de los partidos y del propio Gobierno. Se suceden rápidos y nerviosos encuentros en los pasillos de las Cortes entre líderes de fuerzas políticas de significación, al menos en apariencia, muy diversa, vuelve a plantearse -con finalidad claramente disuasoria respecto a los jornaleros sin tierra-, el fantasma de Casas Viejas, y se pronuncian frases tan tremendistas como la de Santiago Carrillo definiendo (¿acusando?) a Andalucía nada menos que como «el polvorín que podría acabar con la naciente democracia».

No es por casualidad, ni porque en el verano los temas sean tradicionalmente escasos, por lo que todos miran, otra vez, a Andalucía. Parece claro que, aparte la gravedad creciente de la situación económica y social del país andaluz, que en sí rnisma, por su carácter permanente, incluso ha dejado de ser «noticia», son las jornadas del 12 y 13 de julio las que atraen hoy tantas miradas por una u otra causa expectantes.

Algo parecido ocurrió ya a finales de febrero cuando los jornaleros del Sindicato de Obreros del Campo; por primera vez desde la guerra civil, ocuparon simbólicamente en varios lugares de la Baja Andalucía algunas fincas sin cultivar, en una jornada que el prestigioso historiador Edward Malefakis calificara de histórica, aunque algún comentarista y ciertos partidos y sindicatos la considerasen como «un fracaso», quizá porque esperasen (¿o también, inconscientemente, deseasen?) incidentes violentos que la responsabilidad de los líderes del SOC y la cordura que, en general, mostraron las fuerzas de orden público lograron afortunadamente evitar.

Ahora, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, en proceso de constitución impulsado por la CSUT, donde se integra el SOC, ha promovido para el 12 y 13 unas nuevas jornadas bajo el lema «Unámonos por soluciones eficaces para Andalucía», en las que van a exigirse medidas para el campo, la industria, la pesca, la minería y los servicios, que, partiendo de las amplias e infraexplotadas posibilidades de la región ponga a ésta en una vía distinta a la actual de creciente subdesarrollo.

Es una realidad que la única política que el Gobierno tiene para Andalucía es la que muchos han denominado de «subvención del orden público», consistente en conceder con cuentagotas varios cientos o unos pocos de miles de millones cuando la prolongada ausencia de trabajo y la inexistencia de fondos contra el paro hacen temer a las autoridades alteraciones de la «paz ciudadana» por parte de los miles de parados de cada pueblo. O cuando, como ahora, se anuncian unas jornadas de lucha, que en este caso han conseguido ya un éxito inicial con su sola convocatoria y el anuncio oficioso de que se iban a producir de nuevo ocupaciones de tierras y de algunos organismos públicos: la concesión urgente de 2.000 millones de pesetas (que darán para treinta días escasos de trabajo a los parados agrícolas), para intentar frenar las propias jornadas. Intento en que parecen coincidir los intereses del Gobierno y de los sindicatos reformistas, que si en Andalucía llegan incluso a convocar huelgas generales éstas son ínocuas ya que no poseen otro objetivo que «expresar la protesta contra el paro» o «pedir fondos para el empleo comunitario», sin que jamás lleguen a reivindicar un conjunto de medidas concretas de realización posible en el actual marco político, como está haciendo el SAT al exigir la promulgación de leyes específicas (con anteproyecto preparado) de Laboreo Forzoso, de Repoblación Forestal, de Vivienda Rural o de Jubilación Anticipada, o la constitución de un fondo de recuperación contra el paro, o la anulación del tratado pesquero con Marruecos.

Pero es que, junto a este planteamiento sindical, ofensivo y responsable y no puramente defensivo y apegado al mal menor («menor», ¿para quiénes?), en Andalucía se refuerza cada día más la conciencia de que el inicio de la solución de los gravísimos problemas regionales no puede tener otro cauce que el de un Gobierno autónomo con poderes reales que tome en sus manos firmemente la defensa de los intereses del pueblo andaluz. Un sindicalismo de clase para los trabajadores y un regionalismo decidido, radical -es decir, que tenga en cuenta de forma consecuente las raíces reales de los problemas de la región-, por parte de todos los sectores progresistas del pueblo andaluz son las dos claves imprescindibles y obligatoriamente complementarias en la lucha por un futuro mejor para Andalucía.

Por eso, la constitución de la Junta de Andalucía fue recibida de forma esperanzada por un pueblo que el 4 de diciembre había salido a la calle en las ocho provincias e incluso en la «novena», en Madrid y Barcelona, uniendo a sus gritos y pancartas en favor de la autonomía otros que exigían «más trabajo y menos paro», «inversiones para la región», «escuelas gratuitas» y varios más demostrativos de que no sólo se trataba -aunque también- de conseguir contemplar la verde, blanca y verde en el balcón de nuestros edificios públicos, sino sobre todo de conquistar órganos de autogobierno que hicieran posible la plasmación de estas reivindicaciones.

Y ello explica también la verdadera campaña de obstaculizaciones, boicots e íncluso afrentas de que están siendo objetos desde el momento mismo de su constitución la Junta de Andalucía y su propio presidente, el magistrado Plácido Fernández Viagas, socialista hoy pero comprometido desde mucho antes, en las filas de Justicia Democrática, en los difíciles años de la dictadura: no asistencia de delegados provinciales de diversos ministerios a reuniones informativas convocadas por los correspondientes consejeros de la Junta, falta de respuesta de nada menos que seis de los ocho gobernadores civiles a un escrito en el que se pedían ciertos datos acerca del problema del paro, continuos «fallos» y «olvidos» en materia de protocolo, formación de una Coordinadora de Diputaciones, sin base legal alguna y con funciones paralelas que si, por presión de la propia Junta acaba de disolverse lo ha hecho puntualizando que, ella suponía la mejor garantía de colaboración rápida con el organismo preautonomico.

De lo que se trata, en definitiva, por parte de la Administración central y periférica, es de conseguir el deterioro de la imagen de la Junta, minimizando su presencia e incluso procurando ridiculizarla, para que el pueblo le vuelva la espalda ante su falta de operatividad o incluso se desentienda de ella, olvidando su propia existencia.

Es este objetivo el que explica la oleada de prohibiciones contra las más de ochenta manifestaciones que el Partido del Trabajo de Andalucía había convocado simultáneamente para el día 12 en otros tantos lugares de la región, uniendo la exigencia de soluciones eficaces para los problemas de ésta al respaldo decidido de la Junta de Andalucía. Dichas prohibiciones están claramente encaminadas a tratar de impedir el apoyo popular a la Junta en unos momentos en que su propio presidente se lamenta, en declaraciones a la prensa, de la falta de colaboración de los representanles de la Administración y habla incluso de que algunos pretenden dinamitarla.

En especial, es muy grave la prohibición de una gran concentración el día 13 en Sevilla, ante la sede provisional de la Junta, dentro de la campaña del PTA «Defendamos Andalucía, poderes para la Junta», a la que, si bien los restantes partidos con influencia en la región no quisieron adherirse, el propio Plácido había manifestado públicamente su agradecimiento y aceptación.

En la comunicación oficial denegatoria, el gobernador civil de Sevilla llega a afirmar -¿fijación de otros tiempos, burla sarcástica?- que la prohibición se realiza «precisamente en preservación y salvaguarda de¡ prestigio de la propia Junta» y «en defensa del buen nombre del órgano preautonómico regional», alegando la coincidencia con las acciones contra el paro y en demanda de medidas urgentes organizadas por el SAT. Lo que hizo que el consejo permanente de la Junta, en su reunión del día 8, censurase que el Gobierno Civil no le hubiera comunicado previamente las razones de la prohibición y agradeciese al PTA su apoyo y colaboración.

De cualquier forma, está claro que para las fuerzas conservadoras la autonomía andaluza es un

Peligro que están tratando de neutralizar, máxime cuando ya en las elecciones generales la izquierda fue mayoritaria y la tendencia en esa misma dirección está creciendo. De aquí las agresiones, tanto reales como simbólicas, a la Junta de Andalucía, que son agresiones al propio pueblo andaluz, ya que representa a éste independientemente incluso de quienes sean los hombres que la compongan en cada momento concreto.

De aquí también la absoluta necesidad de que todos los partidos con presencia significativa en la región que estén dispuestos a comprometerse decididamente en la defensa de Andalucía, asumamos conjuntamente una gran campaña de respaldo popular a la Junta, exigiendo la transferencia urgente de funciones y capacidades desde las Diputaciones y la Administración central y avanzando al máximo en los trabajos de elaboración del definitivo Estatuto de Autonomía.

Y si algunos, cómo lamentablemente hay que esperar, senalaran que este compromiso supondría un factor de «desestabillización» que podría incendiar el «polvorín andaluz», habría que responder que quienes actúan en favor de la desestabilización son precisamente aquellos que se niegan a abrir perspectivas concretas y metas parciales de esperanza a nuestros hombres y mujeres; aquellos que dejan a nuestros trabajadores en brazos de la desesperación, que es siempre mala consejera; aquellos por cuya falta de actuación adecuada se sienten traicionados o abandonados muchos andaluces.

Si no existiese una fuerza política que diese cauce decidido pero controlado y responsable, a la justa protesta, señalando objetivos avanzados pero posibles en el actual marco político y con la presente correlación de fuerzas, amplias masas andaluzas, sobre todo en el campo, estarían hoy otra vez soñando con las utópicas ideas del «gran día» y dispuestas no ya a entablar reivindicaciones y objetivos parciales de forma organizada sino a emprender una «lucha final» que sería hoy completamente voluntarista, estéril y negativa para todos. Y esto si no hubiera aparecido ya alguna especie de terrorismo similar al de otros lugares del Estado. ¿Quiénes constituyen, entonces, realmente, por encima de los tópicos grandilocuentes y a menudo demagógicos al uso, factores de estabilización y quiénes de desestabilización de la democracla en la sin duda más grave situación de Andalucía? ¿Y cuándo algunos van a dejar ya de hablar de polvorines, posibles explosiones y otros términos. de connotación violenta y militar para referirse, llanamente, a los problemas reales, y sobre todo a las soluciones del pueblo andaluz?