País Vasco: licencia para matar

LOS HECHOS han venido a demostrar dos cosas: primera, que la represión, por sí sola, no resuelve nada en el País Vasco, antes bien tiende a empeorar las cosas. Segunda, que la represión indiscriminada es la más clara de las provocaciones. La cadena de asesinatos de la última semana y los violentos incidentes de Pamplona así lo ponen de relieve.Respecto a la oleada de atentados, es visible que el terrorismo de la extrema derecha ha respondido con la virulencia previsible al de ETA. Hay que preguntarse si no tienen a la larga idéntico origen y finalidad. La ley antiterrorista, cuya virtualidad apreciamos en estas mismas paginas, ha demostrado ya la conocida ineficacia que todas las leyes antiterroristas del mundo tienen. El problema en el País Vasco es político y sólo medidas políticas podrán curar las llagas con la ayuda adicional del tiempo.

La policía y la Guardia Civil actúan en el País Vasco sin cobertura social alguna. Jamás hay testigos, pistas ni confidencias. El pueblo vasco, atemorizado sin duda por la amenaza terrorista, no lo está menos por la amenaza policial. No se trata sólo del recuerdo de la actividad de la fuerza pública durante el antiguo régimen, que empleó la tortura como sistema habitual de trabajo. Tampoco el que muchos de los profesionales de estos métodos sigan al frente de la policía del señor Martín Villa. Es sobre todo la imagen, no borrada por quienes debieran hacerlo, de esa especie de heroísmo vasco con que todavía se rodea a los jóvenes etarras. Las fuerzas políticas nacionalistas y concretamente el PNV con sus ambigüedades y sus vacilaciones, han hecho posible que muchos vascos no distingan hoy las hondas diferencias que separan la lucha armada contra la dictadura de la lucha armada contra la democracia.

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El mantenimiento del Gobierno vasco en el exilio no resulta así solamente una bufonada política, sino un delito, de esa traición contra las instituciones democráticas que se quieren levantar en este país. Si el PNV y el resto de las fuerzas políticas vascas no se esfuerzan, sin temor a perder votos, por aislar social y políticamente a ETA, ETA seguirá existiendo con la complicidad pasiva de un sector no desdeñado de la población. Y no hay Guardia Civil que pueda contra eso.

Merece la pena señalar también el tanto de culpa que a la Iglesia Católica le incumbe en este planteamiento. La actitud del clero vasco es cuando menos comparable a la del PNV, en su tibieza a la hora de condenar todas las violencias de manera casi indiscriminada; cuando la violencia institucional de un régimen democrático no es nunca equiparable a la de la dictadura. Fundamentalmente porque aquélla posee o debe poseer controles objetivos y la de los totalitarismos no; y porque una defiende un sistema de vida de libertades personales y públicas y la de la dictadura era la violencia defensora de privilegios, intereses, e injusticias. Pero la Iglesia vasca, tan ferviente defensora de los derechos humanos en los últimos tiempos del régimen, que el catolicismo español ayudó a engenderar con el nombre de franquismo, se muestra hoy nuevamente ambigua e indecisa frente al fenómeno terrorista.

Mientras tanto, la policía suma error tras error. Por un lado se muestra incapaz de la represión de la delincuencia y por el otro es cada día mayor el número de víctimas inocentes que caen bajo sus disparos. Resulta inconcebible que todavía a estas alturas pueda nadie saltarse por error un control policial, y sin embargo es así, sin duda porque los controles están mal situados. Resulta inadmisible que no sean procesados y castigados aquellos miembros de las fuerzas del orden que se cobran vidas de indefensos ciudadanos por error. Uno puede morir hoy en el País Vasco de arma de bala en la seguridad de que nadie sabrá nunca quién le mató; ni cómo se llamaba quien dio la orden de disparar o por qué se hizo. Mantener esta situación de impunidad en la actuación policial es relegar a ésta a la ley del Oeste. En el País Vasco los policías no pueden estar ante los terroristas sólo a ver quién dispara primero.

Y no es únicamente el ministro del Interior quien debe dar explicaciones al respecto. Paradójica y tragicómicamente también el del Exterior. ETA sigue teniendo sus bases logísticas y de armamento en el sur de Francia. Sin duda por no trasladar los problemas vascos españoles al País Vasco francés, la gendarmería no ejerce la debida acción policial contra aquellos ciudadanos españoles que residen ilegalmente en ese país, portan armas y realizan actos terroristas de manera sorprendente y un tanto preocupante sólo contra otros españoles. Pese a las declaraciones oficiales, la cooperación gala en este terreno brilla por su ausencia y don Marcelino Oreja debería apuntarlo así a la hora de las celebraciones por la visita del presidente Giscard.

Pero si cuanto hemos dicho es el corolario de los atentados contra las personas que se suceden en el País Vasco, vale la pena una reflexión sobre los sucesos de Pamplona, ocasionadas en gran parte por la propia Fuerza Pública. Nuevamente la exigencia de responsabilidades aquí debe sobrepasar el nivel de las palabras.

Nadie podrá devolver la vida al joven Germán Rodríguez, pero alguien debe intentar devolver a los pamplonicas la confianza en sus autoridades. Eso sólo puede hacerse si se explica quién mandó disparar a los guardias, quiénes dispararon, si fueron sólo ellos, y qué ha de hacerse con el brillante oficial que mandó las tropas antidisturbios junto a la plaza de toros de tal modo que logró metamorfosearlas en tropas pro disturbios. La situación ha llegado a ser tal que los ciudadanos tienen que defenderse ahora tanto de los guardias como de los alborotadores y encima el gobernador civil de la provincia declara que desde luego fue un error la actuación de las fuerzas en la plaza de toros. Señor gobernador civil de la UCD: los errores se pagan siempre en política. Los errores que cuestan vidas humanas se pagan ante los jueces.

Desgraciadamente el nivel de confianza que el Gobierno es capaz de generar en estos asuntos es ya tan bajo, que escribimos todo esto en la convicción de que ninguna de las interrogantes será contestada, y que las protestas políticas serán sólo eso: voces que lleva el viento. En el País Vasco existe todavía la licencia para matar.

Mientras tanto, el propio País Vasco se empobrece en población y en renta per cápita. El dinero huye hacia Venezuela o hacia otros lugares de la Península, el turismo desaparece, y el paro aumenta alarmantemente.

La extrema derecha, en modo alguno ajena a muchos de los disturbios que se originan, aprovecha para reclamar a voces la caída del Gobierno y proponer las soluciones clásicas del franquismo («Fusilarlos a todos»). Y el español medio se queda absorto e interrogante ¿Cuántos españoles más tendrán que morir para que el señor Martín Villa acometa la reorganización en profundidad de los mandos policiales? ¿Cuántos para que los señores gobernadores civiles se decidan a poner los controles en las carreteras que gobiernan de tal manera que resulte imposible saltárselos por error? ¿Cuántos para que la derecha nacionalista y el clero recalcitrante abandonen su política subversiva de paños calientes y golpes de pecho? ¿Cuántos para que el Gobierno reconozca que el problema autonómico vasco no tiene comparación con las aspiraciones de otras regiones españolas y que la política del señor Clavero sería ridícula si no hubiera desembocado en lo trágico? ¿Cuánto, en fin, para que los ciudadanos se sientan protegidos por las fuerzas de orden público y representados por las autoridades?

Ante el Gobierno y las fuerzas políticas se alza un enorme desafío del que depende la salvación del Régimen. ¿Aprenderán por fin que la política no es sólo una cuestión de decretos leyes?