Aumenta el equipamiento del cementerio atómico de Córdoba

La Universidad de Córdoba hará pública en los primeros días de la próxima semana la decisión de establecer una comisión universitaria para estudiar la problemática del cementerio atómico de Hornachuelos (Córdoba).

En el Boletín Oficial de las Cortes de 12 de junio pasado, de orden del ministro de Industria y Energía, el secretario general de Relaciones con las Cortes, Rafael Arias Salgado, en respuesta al ruego formulado por el senador del PSOE por Jaén Pedro Luis Martínez, entre otros extremos, publica lo siguiente: «... es sabido que, la Junta de Energía Nuclear (JEN) dispone, en sierra Albarrana, en el término municipal de Hornachuelos, de un depósito de media y baja actividad, que proviene de los propios servicios de la JEN y de diversas instalaciones hospitalarias nacionales, siendo manifiestamente inexactas todas aquellas consideraciones sobre la procedencia de estos residuos de centrales nucleares españolas o del reprocesado de combustible nuclear».Este corresponsal de EL PAIS estuvo el pasado viernes en Fuenteovejuna, cabecera de la zona y camino obligado a dicho almacén, y las conversaciones mantenidas con los habitantes del lugar confirman que el ritmo de almacenamiento de material residual en las instalaciones de El Cabril no solamente no ha decrecido, sino que sigue aumentando. Los términos de la respuesta del ministro permiten asegurar que dicha autoridad se ha documentado acerca de la fuente que mayores datos; posee sobre el tema, oblviamente la propia JEN, ya que las palabras coinciden con exactitud con las reiteradas versiones que la Junta de Energía Nuclear ha hecho públicas en respuesta y desmentido, sin nombrarlo, de las informaciones del corresponsal de EL PAIS, y que en correcta interpretación deben de estar dentro de las que el ministro califica de «manifiestamente inexactas».

En defensa de la objetividad de las informaciones, reproducimos la estadística de almacenamiento en El Cabril que figura en la propia memoria que la JEN presentó a los catorce años de estar en funcionamiento el almacén de residuos radiactivos al Ayuntamiento de Hornachuelos, solicitando licencia municipal para ello, «ya que la Junta tiene el propósito de establecer un depósito...» La relación es esta: en 1961 se almacenan cinco bidones; en 1962, cinco, en 1963, doce; en 1964, nueve-, en 1965, doce; en 1966, 42, 1967, veinte; 1968, 223. Una posible interpretación de este Incrernento, que puede ser desmentida por la JEN, la constituye el hecho de que en julio de 1968 entró en funcionamiento la central nuclear José Cabrera, en Guadalajara.

La respuesta ministerial, que movimientos ecologistas y ciudadanos, así como partidos políticos de Córdoba consideran por lo menos contradictoria con este salto de almacenamiento, debe ser comprobada, ya que cada bidón está obligado a llevar además de una franja de color indicativa del nivel de radiactividad que emite, un signo que indique su procedencia y el número de su identificación, así como el año, a que corresponde.

De esta forma, por testimonio ajeno a la JEN, entiende la contestación de Córdoba que podría conocerse el origen del material almacenado en su sierra.

Las contradicciones continúan: en 1969 se almacenan 325 bidones, en 1970, 111; en 1971, 605. En marzo de 1971 entra en funcionamiento la central nuclear de Santa María de Garoña. Estos son los últimos datos publicados oficialmente.

La respuesta del ministro al senador por Jaén continúa: «Dicho depósito ha incorporado los medios materiales y obtenido las preceptivas autorizaciones que en cada momento han exigido las sucesivas normas legales que en materia de su actividad han sido dictadas en nuestro país a lo largo de los años que esta instalación presta servicio.» También es discutida esta declaración por los grupos antinucleares de Córdoba. En 1961 existía una normativa sobre instalación de industrias nocivas e insalubres que preveían la remisión del proyecto al Ayuntamiento, previo a la autorización de los técnicos municipales. Ni uno ni otro requisito se cumplió. Sólo catorce años después, cuando aparece la legislación sobre almacenamiento de residuos radiactivos, se envía este proyecto de llevar a cabo la obra, que el Ayuntamiento en sesión plenaria no aprobó.

Este pleno fue invalidado por la autoridad gubernativa, adoptándose otro contradictorio, que no tuvo en cuenta la oposición formal remitida de acuerdos plenarios de ayuntamientos incursos en peligro y en un radio de cincuenta kilómetros.

Por último, en la respuesta del ministro se dice que «no existe el propósito de ampliación de dicho depósito para dichos fines», y en los Boletines Ojiciales del Estado de 8 y 23 dejunio se publican dos resoluciones de la JEN sacando a concurso su basta sendos proyectos de establecer en El Cabril tres nuevas naves industirales y otra de descontaminación, así como aseos y vestuarios, por importe de 60.085.270 pesetas, que han sido denunciados por el Partido Socialista de Andalucía y que, cuanto menos, también contradice las afirmaciones del ministro, dadas, sin duda, por los informes de la propia Junta.