Las Ordenanzas Militares en el Parlamento: un hecho histórico

El envío a las Cortes, por resolución del Consejo de Ministros, del proyecto de ley de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, representa, con independencia del contenido concreto de su articulado, un hecho histórico que debe ser convenientemente destacado. Estamos tan acostumbrados a declaraciones de principios que luego no se traducen en realizaciones prácticas, que produce gran satisfacción el observar cómo en este caso la idea tan repetida de que las Fuerzas Armadas habían asumido claramente el proceso de cambio que vive la sociedad española, empieza a plasmarse en hechos concretos, en mi opinión, más significativos que mil declaraciones.Muy oportunas han sido en estos últimos años las efectuadas por aquellos mandos militares que han tenido la enorme responsabilidad de conducir a las Fuerzas Armadas por el revuelto mar de la transición. La serenidad del juicio histórico permitirá situar en el alto lugar que corresponde su responsable labor de apoyo a la consolidación del sistema político que el pueblo español deseaba para regular su convivencia. Pero mucho más importante es comprobar cómo en la actualidad el espíritu de esas declaraciones se va convirtiendo en realidades tangibles.

Y me gustaría que esta idea fuera admitida en sus términos reales y no tomada como exageración. Quizá una lectura rápida y no meditada del texto de las nuevas ordenanzas pueda producir un cierto desencanto en aquellos que se encuentran alejados de la realidad de las Fuerzas Armadas. En cierta medida ello es lógico, ya que lo más importante de la reforma de las ordenanzas será su incidencia en la vida interna de las unidades militares, pero, en otro aspecto, la remisión de este proyecto de ley a las Cortes es muy significativa, ya que las Fuerzas Armadas someten aquello que define lo más íntimo de su ser, la regla moral de la institución, a la consideración de los representantes del pueblo, único depositario de la soberanía nacional.

Esta decisión, que para un profano puede carecer de importancia, es para cualquier apasionado del tema un momento digno de vivirse. Estamos acostumbrados los militares profesionales a ser interrogados constantemente en conversaciones privadas sobre nuestra opinión respecto al ingreso en la OTAN, cuál sería nuestra reacción personal ante un posible Gobierno de izquierdas, si es mejor un ejército profesional o no, etcétera. Yo siempre he contestado que, como militar, mi respuesta era clarísima: debemos defender la postura que haya sido expresada democráticamente por los españoles; en todo caso, como ciudadanos normales, por supuesto, que tendremos una opinión formada, que se manifestará, de alguna manera, mediante el voto individual a aquel partido o coalición que cada uno elija por sintonizar mejor con sus ideas, sin que esta postura nos impida trabajar y aportar las soluciones técnicas que, como conocedores de alguna de las materias, nos sean solicitadas a través de la cadena de mando militar.

Decidirán las Cortes

Ante esta respuesta, suelo observar en mis interlocutores una cierta reacción escéptica, como si lo que yo dijera fuera fruto de mi imaginación, pero sin ninguna base real, ya que «todos sabemos que aquí lo único que se hará es aquello que emane de la voluntad de los famosos poderes fácticos». Yo me alegro de disponer en estos momentos de un ejemplo claro, la consideración por las Cortes del proyecto de ley de las ordenanzas militares, que demuestra la falsedad de esta afirmación.

Una comisión militar ha redactado un primer borrador de nuevas ordenanzas que fue sometido a la consideración de la

Junta de Jefes de Estado Mayor y de los Consejos Superiores de los tres Ejércitos, para, a continuación, elevado al ministro de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros, ser remitido a las Cortes. Serán, pues, diputados y senadores los que fijen en definitiva los principios éticos y morales que deben informar la vida del militar, tarea que, sin duda alguna, les corresponde, ya que es tanto como fijar los que deben animar a cualquier ciudadano cuando, llegado el caso limite, tenga que intervenir en la defensa militar de su patria. Y en contra de esta postura, no creo que tenga ninguna fuerza la de particularizar el código ético sólo para los profesionales militares; sería tanto como institucionalizar la teoría de que la defensa militar de España es sólo problema de los cuadros permanentes del Ejército, y esto me parece inadmisible. La conducta ética del militar, sus obligaciones, sus relaciones jerárquicas, su sentido de la disciplina, son cuestiones que a todos afectan y que deben ser tratadas responsablemente en el Parlamento. No olvidemos que ya la Constitución de Cádiz señalaba, en su articulo 359:

«Establecerán las Cortes por medio de las respectivas ordenanzas todo lo relativo a la disciplina, orden de ascensos, sueldos, administración y cuanto corresponda a la buena constitución del Ejército y Armada.»

Todo lo expresado no quiere decir que los que pertenecemos al estamento profesional de los Ejércitos debamos permanecer al margen; al contrario, tenemos la obligación de aportar toda nuestra colaboración en la búsqueda de mejoras y soluciones a nuestros numerosos problemas, elaborando anteproyectos, asesorando técnicamente cuando sea preciso, actuando dentro del campo de decisiones puramente militares, con ánimo esforzado para ir mejorando la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas, pero sin anular en absoluto la labor que corresponde a los parlamentarios, que tienen que hacerse responsables de su función en este tema.

Ejército y democracia

Actuaciones de este tipo son las que permitirán ir creando ese clima real de confianza en las instituciones democráticas y el engarce perfecto de nuestras Fuerzas Armadas, con ellas. Creo que estas ideas compartidas por tantísimos españoles es bueno que se expresen públicamente por un militar profesional. Temo que se haya desvirtuado en muchos momentos la idea de la neutralidad política del militar con un claro sentido apartidista, confundiéndola co la ignorancia o negación política. No puedo entender cómo a un militar, ciudadano que además de las obligaciones generales, tiene la suprema de defender a la patria en un momento crítico, no se le exige una profunda formación y actitud políticas que le haga ver claro que de la abstracción de la idea de patria, debe pasar a la concreción de qué valores son los que tiene que defender, entre los que, lógicamente, están la independencia e integridad territorial de España y el orden constitucional.

El corolario lógico es que el militar debe ser un apasionado conocedor de nuestra ley fundamental, de la que debe extraer sus principios esenciales y hacerlos propios; en caso contrario difícilmente podrá defender colectivamente un ordenamiento básico que considere ajeno o no vital. Y, por supuesto, que creer en esos principios y manifestarlo es una afirmación política, pero que no sólo no es censurable en un militar, sino que hay que exigírsela a todos.

En este mismo orden de ideas, no quiero terminar sin destacar la gran importancia que tiene dar al militar la formación adecuada en estos temas. Hay que especificarle claramente desde el soldado y el cadete al concurrente a un curso del más alto nivel de cualquier centro de enseñanza militar, que si bien es cierto que hay valores permanentes e inalterables que son compartidos por ejércitos al servicio de sistemas políticos e ideológicos muy dispares, todos ellos son imprescindibles para conseguirla eficacia «técnica» de los Ejércitos, pero ésta se subordina a unos ideales más altos, que pueden variar de unos Estados a otros. Si importante es formar a los militares en los aspectos más específicos para conseguir el buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas, tan fundamental será que conozcan y amen los valores esenciales que garantizan, cuestión que debe encontrarse perfectamente definida en la Constitución. Este texto debe convertirse, por tanto, en unión de las ordenanzas, en los dos pilares básicos de la formación moral militar.

Esta línea de actuación, destacando la dependencia «constitucional» de las Fuerzas Armadas, entiendo que es la que debe marcar la « democratización » de nuestra institución militar. Por el contrario, aquellos que preconizan la desaparición de la disciplina y del orden jerárquico castrense, el establecimiento de autoridades paralelas, la representatividad asamblearia, la discusión o negación de la decisión firme del jefe, opino que lo único que pretenden con mayor o menor grado de ingenuidad es destruir la eficacia de los Ejércitos, planteamiento que estoy convencido no compartirán la mayoría de los españoles.