Una provocación autorizada

LA AUTORIDAD gubernativa que permitió en San Sebastián el acto celebrado el pasado domingo por Fuerza Nueva ha batido todas las marcas conocidas de insensatez en la materia. Durante las últimas semanas, la tensión en el País Vasco no ha hecho sino aumentar, como consecuencia de los asesinatos perpetrados por ETA, de las fechorías de los «incontrolados» de signo opuesto contra la población civil, de la agitación sembrada por las comisiones gestoras con su llamamiento a una nueva semana de lucha por la amnistía, y de la emoción producida por la muerte en Durango de dos presuntos terroristas. La autorización del mitin del señor Piñar en la capital donostiarra, seguramente la zona más conflictiva de toda Euskadi, carece de explicación racional. El respeto a la legalidad no impidió al gobernador civil de Madrid suspender un acto programado por el PCE en Paracuellos del Jarama; bastó con que Fuerza Nueva, con argumentos más que discutibles, lo considerara una ofensa a los muertos enterrados a unos kilómetros del pueblo para que el señor Rosón negara el permiso para la reunión. Con mayor razón hubiera habido que adoptar esa decisión en San Sebastián. Resultaba fácilmente previsible que el acto de Ancieta sería origen de conflictos y que podría desencadenar incluso una tragedia.La estrategia de ETA, ciega a la evidencia de los sustanciales cambios producidos en España y en el País Vasco a lo largo del último año (desde las elecciones generales de junio de 1977 hasta la amnistía y los pasos iniciales hacia la autonomía), persigue, en última instancia crear los motivos para que se produzcan incidentes entre la población civil y las fuerzas de orden público o ataques a los ciudadanos por las bandas de «incontrolados», a fin de reabrir en sectores del pueblo vasco las heridas aún no cicatrizadas producidas por el franquismo. En otra ocasión hemos señalado la frialdad de esa estrategia, que apuesta a favor de las negativas consecuencias que en la moral y en las emociones de los miembros de las fuerzas de orden público produce el asesinato a sangre fría de sus compañeros; los atentados contra la Guardia Civil y la Policía Armada buscan, sobre todo, desencadenar la previsible réplica que ETA necesita para tratar de suscitar solidaridad para su causa y hostilidad hacia el aparato del Estado.

Esa meditada utilización del mecanismo «acción-represión-acción» se propone, así, impedir el aislamiento político de los terroristas. Aislamiento, por lo demás, que no termina de ser completo en gran medida por las vacilaciones y temores de las fuerzas parlamentarias agrupadas en el Consejo General vasco -en especial el PNV- a la hora de asumir sus obligaciones políticas y morales para condenar y detener la violencia; y también por la incalificable tolerancia mostrada con los «incontrolados», cuyas brutales hazañas favorecen los designios de ETA hasta extremos que sus miembros ni siquiera sospechan.

También el acto de Fuerza Nueva en San Sebastián parece una provocación ideada por ETA. La presencia en la ciudad donostiarra de dos millares de ultraderechistas, muchos procedentes de otros lugares y algunos armados, pudo ser la ocasión o el pretexto para una batalla campal como la que se produjo en Montejurra en 1976. Afortunadamente, los incidentes se han saldado con un herido leve.

Pero, en todo caso, la irrupción en la capital de Guipúzcoa de esas falanges de fanáticos agresivos, para quienes no hay más razón que la muy antigua fuerza de las pistolas y los garrotes, ha sido un regalo brindado gentilmente por el delegado gubernativo que la ha permitido a los terroristas de ETA, siempre deseosos de comparar el tamaño de sus metralletas y las dimensiones de su sectarismo con sus rivales de la extrema derecha.