Decepción en Cataluña

Prácticamente todas las fuerzas democráticas catalanas coinciden en señalar que el problema de la enseñanza de la lengua catalana -elemento básico de la afirmación comunitaria- y la actitud genérica del Ministerio de Educación y Ciencia ante el tema de las transferencias de poder a la Generalidad están en el centro de la decepción popular catalana ante el proceso preautonómico. A su vez, constituyen uno de los grandes orígenes del evidente desconcierto político catalán.Desde la propia Generalidad, inmediatamente antes del viaje de Josep Tarradellas a Madrid, se facilitó una filtración, según la cual, el viaje serviría para lograr un decreto de bilingüismo, ahora olvidado. Ello no coincidía con la realidad -y la fuente de la presidencia de la Generalidad que facilitó la filtración lo sabía-, ya que el deseo esencial de Tarradellas en aquel viaje era la afirmación de papel político frente a las autoridades del Estado en Cataluña.

Aquella lluvia ha traído ahora infinidad de barro, por cuanto que en nuestros tiempos -al contrario de lo que sucedía en los años treinta-, el nivel de información y presencia popular es grande, de ahí, pues, el que falsas esperanzas creen auténticas decepciones.

La primera decepción pública y evidente la produjo la extraña mezcla que constituían, el pasado 16 de abril, las declaraciones de optimismo de Josep Tarradellas -«ha habido un acuerdo total y absoluto: político, técnico, administrativo, espiritual, sentimental, en fin, completo»- y el texto del comunicado oficial Suárez-Tarradellas en el que se afirmaba que «a partir del próximo curso quede garantizada en las escuelas de Cataluña, junto a la enseñanza de la lengua castellana, la de la lengua catalana para todos aquellos alumnos que así lo deseen». Este punto del acuerdo fue justamente calificado en el editorial del Tele-eXpres del día siguiente de «bofetada discriminatoria que el Gobierno de Madrid propina a la lengua catalana».

El eje de la cuestión residía y reside en el latiguillo final: «para todos aquellos alumnos que así lo deseen». Es, simplemente, la misma filosofía, la misma letra y la misma música, que sobre el particular tenía el franquismo tardío, el del desarrollismo. Es, asimismo, una óptica que se sitúa claramente en las antípodas de las opciones democráticas catalanas, plasmadas de forma en extremo moderada en el texto de un proyecto de decreto que el pasado verano entregó Jordi Pujol al ministro de Educación.

Por parte parlamentaria catalana se considera, en efecto, que lo que debe evitarse a toda costa es crear en el seno de Cataluña comunidades lingüísticas estancadas. Dicho claramente: son catalanes todos los que viven y trabajan en Cataluña y todos ellos deben conocer tanto el catalán como el castellano. Con ello no podrá ya hablarse de discriminaciones de ningún tipo. En cambio, toda otra fórmula, dígase lo que se diga, comporta claramente posibilidades discriminatorias, cuando no antagonismos comunitarios aprovechables por pescadores de aguas revueltas.

El considerar la lengua catalana como un privilegio de algunos, no como un derecho de todos los que viven en Cataluña, coincide con otras posturas no menos pintorescas, como aquella que, en el primer borrador del proyecto de Constitución, venían a obligar a que la financiación de las autonomías fuese por la vía de los recargos impositivos. Era el desprestigiado artículo 151.

También coincide con esa peligrosa política la postura del Ministerio de Educación y Ciencia, ya sin duda el más reacio desde el primer momento a toda transferencia de poder a la Generalidad. Lamentablemente, el afán de este departamento por no ceder sus funciones en Cataluña es tan grande como el desconocimiento de la realidad catalana que imponen sus planes de estudio.

El 17 de noviembre de 1975, el diario conservador británico Daily Telegraph publicaba una interesante y extensa información de su entonces corresponsal en Madrid, Harold Sieve, con el significativo título de Infeliz inicio como dirigente de Juan Carlos. La crónica se refería al, desde luego, mil veces infeliz «decreto sobre el uso de las lenguas regionales». Firmado por el actual Rey cuando ejercía las funciones de Jefe de Estado.

Aquel decreto había sido presentado con aires de optimismo y satisfacción a los medios informativos catalanes por el actual ministro del Interior, entonces gobernador civil de Barcelona, quien lo consideraba un avance. Los periodistas presentes, tímidamente, apuntamos que podía constituir un retroceso. Poco después, numerosos municipios franquistas coincidían públicamente con los criterios pesimistas de los periodistas. Ahora, ante el comunicado Suárez-Tarradellas, la única novedad la constituye el que Josep Tarradellas se encuentre al lado de los optimistas. Los demás, los hechos lo indican, continúan con su pesimismo.