Los exhibidores adeudan 550 millones de pesetas a los autores cinematográficos

Ayer se celebró una rueda de prensa en los locales de la Sociedad General de Autores de España, convocada por un grupo de autores cinematográficos, en la que la principal finalidad de la misma sería denunciar el comportamiento de los exhibidores, que les adeudan 550 millones de pesetas en conceptos de derechos.« La obra cinematográfica -señaló el realizador Antonio Giménez Rico, portavoz de los reunidos- produce unos derechos de autor que se concretan en el 1,55% de la recaudación bruta de taquilla en España. Estos derechos se reparten entre los guionistas, los directores y los compositores de música de las películas. El 20 de abril pasado, fecha en la que tradicionalmente se pagan los derechos, nos dijeron que no podían pagar puesto que tampoco la SGAE había percibido ninguna cantidad portal concepto.»

«La historia se remonta al año 70 ó 71, en que dos compañías exhibidoras de Barcelona (Cinesa y Balañá) se negaron radicalmente a pagar los derechos de autor, derechos que sí cobran en las entradas y que posteriormente descuentan a los distribuidores y éstos a los productores». La SGAE inició las oportunas acciones judiciales contra las empresas y las ganaron en todas las instancias jurídicas, Supremo incluido. Los exhibidores continuaron en sus trece. «Posteriormente, la mencionada Sociedad General presionó para que los gobernadores civiles ejecutaran la posibilidad de incautar una recaudación de taquilla para obligar a que las empresas pagaran sus deudas. El señor Rosón, gobernador civil de Madrid, actuó en consecuencia, incautó la taquilla del Real Cinema, perteneciente a Cinesa, y ésta pagó inmediatamente lo que adeudaba en Madrid. El gobernador civil de Barcelona no se atrevió a hacerlo mismo, y desde entonces -1970 ó 71- continúa el conflicto.

En la actualidad el conflicto se puede relatar de la siguiente manera: el Ministerio del Interior debería de mandar a sus gobernadores civiles el que, con la ley en la mano, ejecutaran la incautación de la taquilla hasta que se pague la deuda de 550 millones de pesetas. Los exhibidores ofrecieron soluciones intermedias -pagar 220 ó 330 millones, en distintas fases negociadoras-, que fueron sistemáticarriente desestimadas por la SGAE como representante legal y exclusivo de los autores cinematográficos. El Ministerio de Cultura -que fue también criticado en el transcurso de la rueda de prensa por su apatía en la resolución del problema- debería presionar al Ministerio del Interior para que se solucionara un problema absurdo: el de que los exhibidores, que tienen recaudado el dinero señalado, se lo paguen a sus legítimos dueños.