Anticonceptivos y planificación familiar

El pasado día 7 la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el proyecto de ley del Gobierno concerniente a la despenalización de los anticonceptivos con una supresión de algunos apartados del artículo 416 del Código Penal, proyecto que pasará a debate en fecha próxima en el Pleno.El proyecto aprobado es un paso tímido, vergonzante, canijo, que no se atreve a afrontar la realidad sociológica de la población española y que no responde de ninguna manera a las demandas formuladas por los diversos movimientos ciudadanos, grupos feministas, comisiones de distintos ministerios y un amplio sector de la clase médica y sanitaria. El proyecto se limita a enmendar ese anacronismo aberrante que hasta ahora existía de meter en el mismo saco el aborto y los anticonceptivos. Paradójico disparate que penaba por igual lo que se consideraba un mal social y el único remedio capaz de evitarlo. Como decimos, el proyecto enmienda el disparate, suprimiendo las referencias que el Código Penal hacía a los anticonceptivos.

Pero un disparate gemelo del anterior queda sin tocar, ya que se mantiene intacto el artículo 418, que castiga por igual y mete en el mismo saco la castración y la esterilización cuando en la realidad existe una gran diferencia entre los dos conceptos: la castración supone una extirpación de órganos (ovarios o testículos), que puede conllevar una serie de modificaciones en el individuo, sin embargo, la esterilización (ligadura de trompas y vasectomia) no supone una extirpación de órganos, sino la interrupción de las vías que conducen las células reproductoras. Por tanto no hay posibilidad de que se produzcan modificaciones de ningún tipo en la persona. La esterilización constituiría un método anticonceptivo más al que se podría recurrir cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Hay más disparates: según el proyecto, el Gobierno regulará en el plazo de un mes y mediante decreto, los límites de publicidad y propaganda de los anticonceptivos.

En un concepto positivo de la planíficación familiar y del control de la natalidad no se deben imponer criterios restrictivos a la divulgación de los métodos anticonceptivos y es necesario que la información la puedan realizar asociaciones, grupos y movimientos que trabajen en ese campo. Para ello el Estado debe potenciar y respaldar estas iniciativas ciudadanas, como viene haciéndose en el resto del mundo. El Estado debe también realizar un control sobre la capacitación técnica y científica de quienes realicen la divulgación y una extremada vigilancia para que no se manipule la información con fines comerciales y crematísticos. Ahora bien, los productos con fines anticonceptivos deben regirse por las mismas normas de honestidad que rigen hoy para los productos farmacológicos, y no tienen por qué recibir un tratamiento legal aparte, dado que su venta se realizará en farmacias como se venía haciendo hasta ahora.

Como resumen de estas reflexiones, intentamos dejar bien claro que la despenalización de los anticonceptivos no resuelve en absoluto el problema. Esto va más aIlá. Es necesario llevar a cabo una información exhaustiva y objetiva de todos los medios de control de natalidad, con la filosofía que los sustentan, para con ello poder valorar y decidir la opción personal, de pareja o familiar, combinada con una información sexual y una atención a todos los problemas que conlleva la calidad de vida de los individuos.

(Asociación Castellana de Planificación Familiar).