La Generalidad no espera decisiones espectaculares

Anoche continuaban reunidos el Gobierno catalán y la comisión mixta para la transferencia de servicios del Estado a la Generalidad. Esta última estaba presidida por el ministro de Justicia.El interés informativo se centraba en la comisión, mixta. No obstante, un miembro de la misma, en representación de la Generalidad, comunicó a EL PAÍS que «no se espera ninguna decisión espectacular». Agregó que «los repre sentantes del Gobierno tienen posturas contradictorias entre sí, mientras continúan moviéndose dentro de los ya conocidos criterios de extrema prudencia».

Los puntos a discutir abarcaban a prácticamente todos los departamentos. En la primera parte de la reunión destacaron las actitudes cerradas del representante del Ministerio de Agricultura -José Javier Rodríguez Alcalde- y del representante del Ministerio del Interior, Juan Alfonso Santamaría.

La postura del Ministerio del Interior se concretaba en el hecho de que la intervención y fiscalización de los municipios continúa en manos del Gobierno central. Ello reduce a nada las afirmaciones hechas durante el viaje de Tarradellas a Madrid, según las cuales, los municipios dependerían de la Generalidad.

Otro gran tema de debate era la dependencia de los funcionarios de la Generalidad pertenecientes a cuerpos del Estado. La fórmula hallada se referiría a una dependencia «orgánica» del Estado y a una dependencia «funcional» de la Generalidad.

Los representantes del Estado manifestaron especial interés en que se hiciera constar que en los concursos-ingreso de personal de la Generalidad no apareciese ningún requisito suplementario, sino únicamente los propios de los concursos estatales. Ello era motivado por el posible deseo de la Generalidad de valorar positivamente, o incluso considerar imprescindible, el conocimiento de la lengua catalana.

La postura cerrada del Estado en este tema hizo que los representantes catalanes pasaran a pedir que únicamente el conocimiento del catalán fuese valorado como un mérito adicional. Finalmente, es de destacar la mala acogida que, como era de esperar, ha tenido en Cataluña el apartado de la declaración Suárez-Tarradellas que hace refe rencia a la enseñanza del catalán a «todos aquellos alumnos que así lo deseen».

En efecto, ello puede llevar a la división de la comunidad catalana en dos, una catalanoparlante y otra castellanoparlante, cuando precisamente lo que desean todas las fuerzas catalanistas y la gran mayoría de inmigrantes -véase al respecto el conocido libro del rector Badía Margarit- es la integración en una sola comunidad, que conozca y hable ambas lenguas. Esta nueva incomprensión de un tema que José María Pemán consideró «claro como un vaso de agua clara» fue calificada ayer mismo por un vespertino barcelonés, en su comentario editorial, como «bofetada discriminatoria que el Gobierno de Madrid propina a la lengua catalana».