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Editorial:

El aniversario de la República

EL XLVII aniversario de la proclamación de la II República española ha dado lugar a incidentes no demasiado importantes de orden público, ante cuya eventualidad se había producido un importante despliegue de fuerzas de seguridad en algunas zonas y barrios de la capital. El enjuiciamiento de estos hechos no es fácil, tanto por la ambigüedad misma del acontecimiento conmemorado como por las distintas significaciones que pueden haber tenido las actitudes de quienes han celebrado el 14 de abril y de quienes han tomado medidas para impedirlo.La apertura de un debate sobre la forma de Estado actual carece, a nuestro juicio, de sentido para quienes se hallan comprometidos en el proyecto de democratización del Estado, modernización de la sociedad y homologación de nuestro país con Europa. La Monarquía encarnada por don Juan Carlos ha dado sobradas pruebas de servir como marco institucional para el ejercicio de la soberanía popular y el efectivo despliegue de las libertades de los ciudadanos y de las comunidades históricas de España. Y no de manera pasiva o resignada. El desmantelamiento de la dictadura y la apertura del proceso constituyente han tenido en el Rey a un protagonista activo, sin cuyo decisivo concurso no hubieran sido posibles de forma pacífica las espectaculares transformaciones que jalonan los dos años y medio posteriores al fallecimiento del dictador. La derogación de la ley Orgánica y de los Principios del Movimiento, la devolución a los españoles de los derechos políticos y las libertades cívicas, la legalización de los partidos, la amnistía, las elecciones generales a Cortes, el comienzo de negociación con Cataluña y Euskadi, la colaboración prestada por las fuerzas armadas a ese proceso y la ausencia de revanchismo a lo largo del mismo, son partidas en el haber de don Juan Carlos que sólo pueden desconocer o infravalorar los cultivadores de la frase revolucionaria y los nostálgicos incapaces de aceptar los hechos.

En este sentido, la conmemoración de la II República como planteamiento hacia el futuro de una alternativa institucional antimonárquica es un error o una provocación. Las fronteras entre lo imposible y lo indeseable no son siempre fáciles de trazar. La III República española, en el horizonte histórico que es posible adivinar desde el presente, sólo podría servir de marco a la dictadura del proletariado, que propugnan los grupúsculos marxistas-leninistas o a la dictadura fascista con que sueñan los involucionistas. Como consigna de movilización popular y proyecto político inmediato por el que luchar, la causa republicana es actualmente patrimonio exclusivo de agrupaciones que, como convención republicana, sirven de pantalla «frentista» a organizaciones como el FRAP. Por el momento, los energúmenos de la extrema derecha continúan exigiendo el restablecimiento de la legalidad franquista y el regreso a una medieval Monarquía «católica, social y representativa », a la vez que insultan a la persona del Rey y a las instituciones democráticas que encarna. Puede que no transcurra mucho tiempo antes de que, desanimados en su empresa de regeneración monárquica, encaucen sus fervores, sus injurias y sus violencias hacia una República pinochetista, videlista o somocista. El recuerdo de cómo los fascistas italianos descabalgaron de la Monarquía de los Saboya para fundar la República de Saló es bien aleccionador al respecto.

Ahora bien, la celebración del 14 de abril de 1931 puede tener, y de hecho tiene, otros significados, que no conllevan la impugnación de la Monarquía democrática actual. En este sentido, las medidas represivas contra actos, símbolos y organizaciones que asumen el pasado republicano y conmemoran sus aniversarios son una clara violación de los más elementales principios de la convivencia democrática y un mal servicio prestado a la Corona. Los españoles que lo deseen deben tener derecho a defender su propuesta favorable a la forma republicana de Estado, aunque parezca inoportuna su postura. Sólo a uno de aquellos inseguros, arbitrarios y violentos gobernadores civiles del antiguo régimen podría ocurrírsele hoy que la bandera tricolor que enarbolan los republicanos históricos o los socialistas en actos o manifestaciones es una alternativa concreta y actual a la bandera roja y gualda; se trata, con toda evidencia, de la enseña de un partido o del símbolo de un pasado que la memoria colectiva quizá llegue a olvidar con el paso del tiempo, pero no con palos, multas o detenciones. El señor ministro del Interior debía haber abandonado en el baúl de los disfraces estos temores abstrusos y esta dialéctica arbitraria de la autoridad. La Monarquía no será del todo sólida mientras los republicanos no puedan manifestarse libremente.

La II República se conserva en la memoria popular fundamentalmente como la negociación, no tanto de la Monarquía que la precedió antes como del régimen dictatorial que vino después. Para los españoles que tenían uso de razón en la década de los treinta, la República fue una época bastante más contradictoria y compleja de lo que piensan muchos de los que no llegaron a vivirla. El primer bienio de coalición republicano-socialista, el segundo bienio de alianza entre los cedistas y los lerrouxistas, los meses de Frente Popular previos a la insurrección militar y los tres años de guerra en la retaguardia republicana tuvieron contenidos políticos y sociales bien distintos. A los historiadores corresponde enjuiciar las causas por las que las esperanzas colectivas del 14 de abril quedaron frustradas por una sangrienta guerra civil. Pero, en cualquier caso, la tentativa de modernizar la sociedad española, de democratizar la vida política, de remediar las enormes desigualdades de ingresos y de oportunidades, de elevar el nivel educativo y cultural de los españoles, de establecer la tolerancia entre las distintas creencias tomó, en 1931, forma republicana. Al igual que 47 años después, tras un largo período en que esas esperanzas fueron pisoteadas y amordazadas, han tomado forma monárquica. Los españoles que rechazan el pasado franquista y desean construir en el futuro un Estado y una sociedad que dé satisfacción a esos anhelos pueden, sin desgarros, hacer compatible la conmemoración histórica del 14 de abril y la aceptación política de la Monarquía democrática.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de abril de 1978