Suárez ante el Pleno del Congreso, y después...

Catedrático de Teoría del Estado y Derecho Constitucional

A fines de febrero el vicepresidente económico, profesor Fuentes Quintana, dimitía de su cargo ministerial. El fue el inspirador de la nueva orientación económica del país y el pacto económico de la Moncloa incluyó las previsiones esbozadas por él. En síntesis: la dimisión de Fuentes Quintana y el subsiguiente reajuste ministerial ha sido una consecuencia de las tensiones internas en el Gobierno, creadas por la aplicación -o al menos, su intento- de esa nueva política económica. Pero, exactamente, ¿por qué ha dimitido Fuentes Quintana? He aquí un gran interrogante que, hoy por hoy, no ha recibido las debidas explicaciones. Y su renuncia al puesto ministerial no encaja con el propósito, renovado por los nuevos responsables de la economía española, de que se seguirán aplicando las previsiones económicas trazadas por Fuentes Quintana.

Una, prueba de las tensiones internas del Gobierno Suárez y de que ciertos sectores del mismo estaban en contra de la política económica de Fuentes Quintana -y que motivaron su dimisión nos la brinda el propio ex vicepresidente del Gobierno en una breve intervención que tuvo durante la cena que siguió a la conferencia del ministro de Hacienda, Fernández Ordóñez, en el Club Siglo XXI, sobre «La empresa privada es condición necesaria, pero no suficiente, de la libertad política». Dijo Fuentes Quintana: «Me gustaría que Fernández Ordóñez hiciera el milagro de convencerme para ingresar en UCD», y añadió: «¿Cómo es posible que UCD combine la socialdemocracia, con la que estoy casi totalmente de acuerdo -dijo-, con un sector liberal, muy difícil de coordinar, más unas gotas de democracia cristiana y otras gotas de Partido Popular, cuya popularidad habría que buscar?»

El ex ministro continuó diciendo que le gustaría se produjera la síntesis de esas corrientes, aunque mostró graves dudas al respecto, y dijo que en sus meses de Gobierno no había podido convencerse de la viabilidad ideológica de UCD.

La sesión parlamentaria del 1 de marzo

Se esperaba, por la mayoría de los parlamentarios, que, tras la crisis ministerial, el Gobierno suministrara suficientes explicaciones de la misma, tanto más que se trataba de la dimisión del responsable de la política económica del país y del hombre que, según Jordi Pujol, «había dado credibilidad y autoridad moral a los aspectos económicos del pacto de la Moncloa». Un cambio de esta envergadura exigía que se informara a la Cámara de los Diputados y se debatiera oportunamente. No sucedió así.... y vinieron las sorpresas... Ante la actitud del Gobierno, se armó un revuelo político en la Cámara Baja. Y el día 1 de marzo no se siguió, como otras veces, la línea del pasteleo entre UCD y PSOE, sino que la sesión se convirtió en un verdadero debate parlamentario, aunque un tanto desordenado, en torno a la política del Gobierno. Del debate parlamentario y de lo que inicialmente fue la presentación de una simple moción, presentada por Convergencia Democrática de Cataluña, solicitando «un debate sobre la situación económica del país... en el contexto del programa político y electoral», pronto se transformó, a instancias del PSOE y de todos los otros partidos -salvo UCD- en un verdadera moción de censura al Gobierno: se exigía «considerando insuficientes las explicaciones del Gobierno ... », explicaciones más satisfactorias, más amplias, pues, sobre la crisis política..., etcétera.

Congreso y partidos

Es relativamente aceptable la afirmación que desde el 20 de noviembre de 1975 -muerte de Franco- hasta hoy, el balance político que arrojan estos casi dos años y medio, es positivo. Y utilizo el adverbio relativamente porque la democracia está muy lejos de consolidarse en España... Y ya no me refiero al desmadre regional (perdón, nacionalista: v. gr., cantón de Cartagena, nación castellano-leonesa, nación valenciana, etcétera.... y ¿cómo no?, las naciones, por excelencia, del Condado de Barcelona y del País Vasco); ni tampoco a la ola del terrorismo en aumento ante la debilidad de un Gobierno que cede y concede.... etcétera... Me refiero a que la institución democrática por excelencia, el Congreso de los Diputados, está siendo marginada por el Gobierno en tareas de suma importancia... Y la política del país la estaban -y la están- manejando los poderes no constitucionales, los poderes de hecho, es decir, partidos y sindicatos. ¿Es esto democracia? La verdadera democracia es el Gobierno del pueblo, ejercido bien directamente o a través de sus representantes en el Parlamento. En el Congreso de los Diputados tiene que realizarse un debate de la política general del Gobierno. ¡Que se termine de una vez con los viejos hábitos franquistas!: la costumbre de hacer polílica entre bastidores.

Discurso de Suárez

La primera preocupación de Suárez -suponíamos- sería salir airoso ante el Pleno del Congreso tras la primera derrota parlamentaria del Gobierno, sufrida el 1 de marzo, cuando la mayoría de los diputados consideraron insuficientes las explicaciones ofrecidas por el vicepresidente para Asuntos Económicos, Fernando Abril, y toda la Cámara se mostró de acuerdo entonces en que el Gobierno explicase la crisis última y el desarrollo de los acuerdos de la Moncloa, así como que expusiese de forma pormenorizada «las actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno, a la vista del proceso constituyente». Y así lo ha pretendido, aunque muy insuficientemente, el presidente Suárez el 5 de abril.

En su esperado discurso ante el Congreso de Diputados, el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, pidió a los partidos políticos una tregua para una Constitución pactada, ratificó la necesidad de aprobar cuanto antes la Constitución, como objetivo prioritario de su Gobierno, y defendió la política de consenso practicada hasta ahora por UCD, considerándola imprescindible en la actual etapa de transición política, pero anunció que, tras la Constitución, UCD gobernará con arreglo a su programa específico.

El presidente explicó el pasado reajuste gubernamental -y no «crisis de Gobierno», según destacó-, que no supone cambio alguno en la política seguida hasta ahora por su Gobierno. Analizó, especialmente, la situación económica, destacando las favorables expectativas recientes, y se detuvo igualmente en el tema de la seguridad ciudadana, explicando las reformas introducidas en las fuerzas de seguridad, que suponen toda una reorientación en el concepto de orden público, sin dejación del principio de autoridad; alertó, sin embargo, el presidente sobre la dificultad de éxitos espectaculares en la lucha contra el terrorismo...

El presidente Suárez pidió, en su discurso al Congreso, que continúe la tregua hasta que la Constitución marque el campo y las reglas de juego de la democracia. El presidente subrayó la necesidad de la convergencia de todas las fuerzas políticas en este objetivo fundamental. Propuso, ni más ni menos, un pacto constitucional. En esta delicada situación de tránsito, de democracia provisional, la política de confrontación sería sumamente peligrosa, afirmaba Suárez.

La Constitución, en cuanto expresión de la concordia nacional, ha de ser obtenida por consenso, para lo cual es preciso contar con las diversas fuerzas políticas en presencia. Lógicamente, esta política de convergencia a nivel constitucional tiende a afectar a los demás ámbitos de la vida política. Difícilmente puede realizarse una política económica de enfrentamiento entre derechas, centro e izquierdas, por ejemplo, si al mismo tiempo se pretende que derechas, centro e izquierdas colaboren en alcanzar la concordia constitucional.

En cualquier caso debe quedar claro que la política de consenso no trata de forzar unanimidades, sino de lograr acuerdos libres y responsables asumidos.

La política de consenso ha afectado a unos grandes temas, que entiendo son básicamente: la nueva Constitución, la reconciliación nacional, la superación de la crisis económica, el establecimiento de un marco inicial y transitorio para las autonomías y la adecuación sustancial sobre derechos y libertades públicas al nuevo sistema democrático. Pero urge terminar el proceso constitucional y sustituir en lo demás el consenso por la moderación de la defensa de las respectivas posiciones opuestas o divergentes.

Una vez aprobada la Constitución, cada partido hará su propia política, y el Gobierno hará la suya de acuerdo con su propio partido y su electorado. El referéndum constitucional será la frontera entre el consenso y la legítima confrontación. Entonces comenzará la carrera de las urnas.

Salvar la Constitución es, por tanto, la consigna. Es lo mismo que salvar la democracia y salvar el futuro de España. La carta constitucional no debe ser impuesta por media España a la otra mitad. El consenso de estos meses evitará la violenta confrontación después. (Vid. Abel Hernández, Informaciones, 6 abril 1978).

Hay que potenciar el Congreso

Aunque es cierto que -como subrayó Suárez en su discurso- el presidente del Gobierno no estaba obligado a comparecer ante el Congreso, «en virtud -decía de una obligación constitucional expresa, sino «para atender a una decisión mayoritaria del Congreso, adoptada por vía de resolución en sesión plenaria del pasado 1 de marzo», sin embargo, no hay que esperar a que se promulgue la Constitución para que se comiencen a adoptar actitudes, comportamientos y hábitos democráticos, o lo que es lo mismo, el ejecutivo debe comparecer más ante el Congreso, y hay que potenciar al máximo la institución democrática por excelencia, cual es la legislativa. No es suficiente que se diga, con frase cómica que, «quede todo el mundo tranquilo, que se harán consultas» (Abril Martorell). El pueblo está harto de consultas entre bastidores. Quiere luz y taquígrafos. Opinamos, con Felipe González, que el Gobierno se verá obligado a comparecer ante el Congreso, «a partir de ahora, con más frecuencia». Si así se hace, se irán preparando los futuros hábitos democráticos de los gobernantes.... y sólo así se comenzará ya -como diría Suárez en su discurso oral de réplica, al final de la sesión-, a «devolver la soberanía al pueblo español» a través de su órgano típico, cual es el Congreso.

Se ha dicho hasta la saciedad que se quiere consolidar en España una democracia pluralista; pues bien, ésta implica una auténtica y eficaz participación de todos los grupos en el poder y más concretamente en el Congreso o institución legislativa por excelencia. El es -debe ser a- el forum de debate y deliberación. Por eso estamos de acuerdo con el presidente del Congreso de los Diputados cuando, no hace mucho manifestaba su disconformidad de que, entre otros asuntos, se llevase a cabo, a través de un procedimiento que él calificaba de extraparlamentario, cual era el de los decretos reales, la concesión de las preautonomías. ¿Para qué, entonces, el Congreso? A este respecto, el editorialista de EL PAIS decía el 4 de marzo: «Para colmo, la incoherente y alocada política gubernamental de preautonomía, que parece más una rifa de favores que una línea de conducta. meditada, puede ser interpretada en ocasiones como el intento de anegar en un mar de simples descentralizaciones administrativas la especificidad de las instituciones de autogobierno que Cataluña -y también el País Vasco- no han recibido como mercedes, sino que han conquistado como derechos amparados en la tradición, la cultura y la historia.» (Y yo añadiría a estos dos cuadrantes de la geografía española Galicia y el antiguo Reino de Valencia, que han tenido, y tienen, tanto o más derecho que el Condado de Barcelona.)

Y al tema preautonómico se podrían añadir otras cuestiones que también por vía extraparlamentaria se han llevado a cabo, v. gr., el pacto de la Moncloa. ¿Cómo se puede hablar de democracia sin gobernar con el Congreso?

Creemos oportuno recordar a los que están en el Poder unos párrafos del Papa Juan. Escribía que «en el campo de las instituciones humanas, no puede lograrse mejora alguna si no es partiendo poco a poco desde el interior de las instituciones». Y a los que están en el extramuros del Poder y no se les dan posibilidades, poca responsabilidad les cabrá del futuro que se está fabricando para España.