"Tras la Constitución adoptaremos modos de gobierno plenamente democráticos"

El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, respondió ayer al emplazamiento que le hizo el Congreso, en la sesión del pasado 1 de marzo, para que explicase el porqué de la remodelación del Gabinete. El señor Suárez ofreció breves explicaciones sobre este extremo, negando que se pudiese hablar de crisis; analizó la política económico-social e insistió en que la Constitución debe ser obtenida por consenso. Afirmó que los objetivos prioritarios son la aprobación rápida de la Constitución, y la resolución de los temas económico-sociales, de seguridad ciudadana y de política exterior.El presidente comenzó explicando su presencia en el Congreso: «Aunque no rigen aún normas constitucionales concretas, aun no existiendo todavía -dijo- obligaciones constitucionales específicas que vinculen indeclinablemente al Gobierno, es necesario aceptar sin reservas la voluntad mayoritaria del Parlamento»

«Poner en cuestión -continuó- las decisiones parlamentarias adoptadas reglamentariamente, cuando las matemáticas de los votos no resultan favorables, sería prestar un flaco servicio al inmediato porvenir de la democracia española».

Según el señor Suárez, la explicación sobre los cambios en el Gobierno «es muy sencilla». Se refirió al hecho desencadenante de la dimisión de Enrique Fuentes, de que dijo «ha cumplido la función que se le había encomendado -diseñar un programa y colaborar en la aceptación de ese programa-, misión que él consideraba la propia de un técnico independiente no sujeto a disciplina de partido».

«No ha habido, pues -prosiguió-, lo que en técnica parlamentaria se llama crisis de Gobierno, ni resulta, por tanto, correcto hablar de la política del nuevo Gobierno como algo distinto, por quiebra de línea o de objetivos de la política hasta ahora seguida.»

Respecto a la posible política del «nuevo Gobierno» aseguró que «no existe, en puro rigor técnico, un Gobierno nuevo, tal y como se entendería esa expresión en la práctica política de los regímenes democráticos, y menos aún un nuevo programa que explicar o del que dar cuenta». En último término, el señor Suárez se refirió a los cambios en la composición del Gabinete, asegurando que «en todo caso, esa es mi responsabilidad».

Analizó después la política de su Gabinete, y aseguró que «la singularidad de nuestra forma de gobernar, en esta etapa de transición, puede justificar en parte el clima de desconcierto, de malestar y hasta de pesimismo que existe en ciertos sectores de la población española».

«En otra amplia medida -continuó-, esa actitud de descontento y de desconfianza en el futuro está determinada por algunos datos de la realidad objetiva y por el negativismo, el carácter catastrofista y las interpretaciones extremadas con que se utilizan, en ocasiones, aspectos muy concretos de la situación actual.»

Hizo un llamamiento a la cautela, al afirmar que «es obligación de las Cortes y del Gobierno valorar el ritmo y la amplitud de los cambios para que, por razones de acumulación en el tiempo, no se produzca un cierto rechazo social a un proceso de cambio cuyo horizonte final desean todos los españoles». Insistió en que el objetivo fundamental es consolidar la democracia, tarea que definió como «nuevo objetivo prioritario, antepuesto a los que pueden ser objetivos de partido. Y no contribuirán a esa consolidación quienes no sean capaces de subordinar sus legítimos proyectos políticos de grupo, incluso a veces la dialéctica Gobierno-Oposición a la instauración y mantenimiento de una confianza general de los ciudadanos en el Estado democrático y en sus instituciones».

«Es lógico -agregó- que mi Gabinete estuviera y esté directamente afectado por la necesidad de anteponer, en las actuales circunstancias, la política de Estado a la política de Gobierno. Esta misma exigencia se ha planteado también a todas las fuerzas políticas democráticas.»

Condicionamientos constitucionales

Seguidamente dijo que «en una situación de estabilidad constitucional, que no es todavía el caso de España, las opciones necesariamente diversas de gobierno pueden ser muchas más y mucho más profundas. Por el contrario, durante un proceso constituyente el Gobierno ha de limitar el alcance de esas opciones manteniéndose en niveles no sustanciales de disenso, porque son los únicos capaces de evitar lo que sería el más grave peligro para el cuerpo político: la inexistencia de una concordia radical en el país, en la raíz, respecto a los elementos básicos de la convivencia nacional.»

Reafirmó la necesidad del consenso para el texto constitucional y, tras explicar los acuerdos básicos logrados en el pacto de la Moncloa, afirmó textualmente: «Pero que conste que nadie pretende perpetuar y extender indefinidamente esta política. En caso contrario podría llegar a sustituirse la dialéctica mayoría-minoría por un sistema de democracia unánime, solo propia de los sistemas arcaicos o tribales o de los regímenes políticos totalitarios. Por ello urge terminar el proceso constituyente y sustituir en lo demás el consenso por la moderación en la defensa de las respectivas posiciones opuestas o divergentes.»

Economía «social y de mercado»

Se refirió después a la situación económica y esquematizó lo que más tarde ampliaría el vicepresidente segundo, señor Abril. Entre las ideas expuestas por Adolfo Suárez figura el hecho de que se ha iniciado una política de saneamiento, al tiempo que una política de reformas, «que tratan de que nuestro sistema económico, como piden nuestros empresarios, sea un sistema de economía social de mercado, basado en la libre iniciativa y en la empresa privada. Cuando esto se pide, se olvida con frecuencia que ese sistema económico -que rige los destinos de las sociedades industriales en Occidente- combina dos términos, social y de mercado, que deben hacerse compatibles».

«El sistema debe ser de mercado -añadió-, abriéndolo a la competencia, acabando con los privilegios de sectores y empresas. Pero ese sistema de mercado debe ser social también y esto significa, entre otras cosas, que las cargas fiscales se repartan con justicia, que sean capaces de sostener un sector público transparente, que produzcan los bienes y servicios públicos de los que precisa una sociedad industrial.»

El presidente Suárez concluyó su tratamiento de la situación económica con la aseveración de que las cifras del programa de saneamiento y reforma económica abren una puerta para la esperanza, y que los reconocimientos internacionales al mismo no son gratuitos. Afirmó que «en política económica es más fácil decir empecemos que votar por la perseverancia del continuemos», y concluyó que el Gobierno cumplirá y hará cumplir losacuerdos de la Moncloa.

Respecto a la seguridad ciudadana distinguió el desorden público, «producido por la transición política, que se da necesariamente en todo proceso de cambio», la criminalidad común, con «aumentos consecuentes a las propias difícultades económicas», y la criminalidad de bandas armadas, respecto a las cuales aseguró la insistencia e combatirlas, aunque sin crear falSas esperanzas.

La política exterior fue examinada por el presidente de manera muy genérica, reiterando la necesidad de intensificar la acción en Europa, América, el Mediterráneo y los países árabes. «Con las naciones africanas, de las que estuvimos muy alejados -mencionó expresamente- queremos llegar a una política de mayor cooperación». Hizo también referencia expresa al problema de los emigrantes.

Programa de futuro

La última parte del discurso estuvo dedicada a las intenciones y propósitos del Gobierno. «La política española actual -dijo, como idea inicial- no parte de una revolución, ni está en trance de agotamiento en sus fórmulas democráticas, pero tampoco ha llegado a la consolidación definitiva de su nueva estructura política. Estos tres datos son los que, consciente y reflexivamente, me hacen patrocinar, desde un Gobierno de partido, la política de convergencia que estamos practicando.»

Insistió, de diversas formas, en que la política de confrontación democrática debe posponerse a la aprobación de la Constitución. «Quiero adelantar -señaló- que, una vez esté definitivamente la Constitución, aunque sigamos siendo fieles a los pactos y compromisos adquiridos, comenzaremos un modo de gobernar propio de sociedades plenamente democráticas.»

Señaló los desajustes de la legalidad vigente y dijo que los cambios que se han llevado a cabo para corregirlos «mientras no se apruebe la Constitución, son necesariamente provisionales y precarios». Y concluyó reiterando que «es objetivo prioritario de mi Gobierno, al que estoy seguro se adhieren todas las fuerzas parlamentarias, la rápida aprobación de nuestra futura Constitución».

«Junto a la Constitución -continuó- el Gobierno entiende que las prioridades políticas de nuestro país continúan centrándose en torno a la política económica social, a la defensa de la seguridad ciudadana y a nuestra política internacional». Y siempre sobre la base de los pactos de la Moncloa, invitó a todos los partidos «a que compartan con nosotros, no sólo la estricta aplicación de los acuerdos, sino también la atención hacia estas importantes facetas complementarias. Este es nuestro reto en los próximos meses».

Finalmente expresó su esperanza de que las fuerzas sociales, las organizaciones empresariales y los sindicatos de trabajadores y otras entidades «coincidan en la necesidad de alcanzar, en el más breve plazo posible, la madurez institucional en una democracia plena».