Los entes autonómicos deben controlar las empresas públicas

ENVIADO ESPECIAL, Los problemas de desarrollo regional de Asturias y la incidencia y consecuencias de la presencia mayoritaria del INI en el sector industrial fueron los puntos esenciales de debate en la mesa redonda sobre «Empresa Pública y Sector Siderúrgico» que, organizada por el diario regional Asturias -de próxima aparición- se inició ayer en Oviedo.En la primera sesión se analizaron los problemas más genéricos de la empresa pública y su alternativa para el inmediato futuro, quedando para hoy los más concretos de la actual problemática del sector siderúrgico y Ensidesa, puntera de la industria asturiana. Como ponentes, participaron ayer Santiago García Echevarría, catedrático de Económicas de Alcalá de Henares; Rosa González, del, equipo técnico de SADEI, y Rodrigo KeIler, director de Estudios del Instituto Nacional de Industria.

Las intervenciones giraron en torno a las concepciones individuales respecto al papel de la empresa pública en un contexto que unánimemente se dijo deberá ser de economía libre de mercado, incorporando un caudal creciente de libertades y participaciones más acordes con el contexto político presente de las que ofrece el actual sistema, calificado de «economía administrada en favor de determinados grupos» por el catedrático ovetense Alvaro Cuervo durante el posterior coloquio.

Los representantes del INI insistieron reiteradamente en la necesidad de preservar las áreas de pura gestión de todo tipo de implicación o complicación, que pretendiendo un control, sólo provocará una nefasta burocratización de la empresa pública. El control, dijeron, debe instrumentarse en el futuro estatuto de la empresa pública, pero a los solos efectos de planificación y resultados, profesionalizando el área ejecutora de las directrices empresariales, emanadas a fin de cuentas del Gobierno, a cuya autoridad debe someterse en todo momento el holding. En este punto, los representantes asturianos insistieron en la necesidad de instrumentrar controles por parte de los entes autonómicos, especialmente en aquellas empresas cuya preponderancia territorial es manifiesta. A pesar de las reiteradas alusiones a la vaguedad y carácter restrictivo de las referencias a la empresa pública contenidas en el proyecto de texto constitucional, no se acertó a determinar una fórmula que pudiera responder a tales controles nacionales, además de los fijados con carácter estatal. En cualquier caso, quedó claro que ello obedecería a criterios y condicionamientos de índole exclusivamente político. Con todo, la cuestión que suscitó mayor interés fue la incidencia de la presencia del INI en Asturias, especialmente en lo que se refiere a la carencia absoluta de un sector transformador suficiente, capaz de diversificar los riesgos que la circunscripción excesiva a los sectores de base comporta en la actualidad. Mayoritariamente, se reconoció la falta de pujanza del empresariado astur, en base posiblemente a una tradición industrial excesivamente centrada en la actividad de extracción hullera. El presidente de Hunosa, señor Fernández Felgueroso, concretó tajantemente que la incidencia había sido favorable para Asturias y que en absoluto podía achacarse al INI la insuficiencia industrial arrastrada durante décadas.