Crisis económica y pacto social

Secretario general de Alianza PopularUno de los conceptos más importantes y también más equívocos del momento presente (lleno de confusión, a todos los niveles) es el del pacto social. Se trata de un concepto clave, en el momento actual de Europa, y en particular el de nuestra España. Si en un momento de recesión económica y de inflación se mantiene una lucha abierta e ilimitada por el aumento nominal de los salarios, la catástrofe es segura. Para evitarla no hay más que dos caminos: o la imposición por el Estado de una política de rentas y precios, con medidas legislativas y administrativas obligatorias y coactivas, o un pacto social voluntario entre las fuerzas básicas del sistema económico-social, en el cual la intervención del Estado sea más bien coadyuvante o arbitral.

En todos los países europeos, industrialmente desarrollados, el problema comenzó a plantearse en los años treinta. La primera gran crisis económica mundial hizo comprender a la mayoría que no había más que dos caminos para evitar el desastre total: o echarse en manos de un poder totalitario, marxista o nazi, o bien entenderse. En los países escandinavos y en Suiza comenzaron los primeros intentos de eso que hoy llamaríamos un pacto social.

El caso de Suiza es particularmente interesante. En 1937 se firmó el primer acuerdo entre los grupos siderometalúrgicos y los sindicatos correspondientes de la Confederación Helvética. De aquel pacto, que sirvió de modelo a otros sectores, han surgido más de cuarenta años de paz laboral. Firmado por dos años, para el período 1937 a 1939, ha sido después renovado cada cinco, la última vez en 1974. Ha permitido crecer los salarios, entre 1939 y 1964, en un 8 5%; pero (y esto es lo importante) con una moneda estable, es decir, que han sido aumentos reales.

Porque la consecuencia principal del pacto social es la estabilidad económica, que da garantías al trabajador, cuyos aumentos salariales no son absorbidos por la inflación; al ahorrador y al inversor.

El pacto social suizo centra la negociación en la empresa, en la que se crea un comité de trabajadores, estableciéndose a otros niveles comisiones de conciliación y de arbitraje.

Pero el punto clave es el espíritu. El pacto social supone el mutuo reconocimiento delas partes, como interlocutores válidos, y del sistema económico-social, basado en la empresa, como válido. Eso ocurre en Suiza, en Alemania, en Japón, en Estados Unidos. Supone, por lo mismo, la idea de que la productividad y el beneficio son buenos para todos; que el progreso social es tema de evolución y no de revolución; que la economía social de mercado. produce, a la corta y a la larga, más riqueza, más beneficios sociales y mayor libertad. Supone, también, por otra parte, que se acepta la función social de la propiedad y de la empresa; que ésta debe ser llevada con una cierta publicidad, y que todos debemos pagar impuestos justos y no confiscatorios.

Supone también que los grupos políticos, y en particular los mayoritarios, y más que nadie el Gobierno, renuncien a la demagogia como arma política. En ella es fácil llegar al ridículo, como en una reciente sesión del Congreso, alguien aludió a los capitalistas fumadores de habanos, cuando en la primera fila de un partido obrero se exhibían unos vegueros imponentes. Pero la demagogia tiene un efecto seguro: retraer la inversión y reducir la asunción de nuevos riesgos empresariales.

El pacto social presupone también un liderazgo sindical que asume los principios anteriores y que renuncia al sentimiento como actitud social. Es de esperar que, tras las próximas elecciones sindicales (que ya están apuntando tendencias interesantes), se produzca una mejoría, estrictamente indispensable para la recuperación económica.

Hace falta, en fin, una sensación general de orden, de seguridad, de cumplimiento de la ley de confianza. No puede haber pacto social en medio del desorden, de la inseguridad, de la sensación de impunidad, de no saber hacia dónde se va. Con empresarios asesinados en Vizcaya y en Barcelona; con criminales profesionales y sádicos en la calle; con una ley de amnistía laboral de alcances desconocidos; con leyes que no se cumplen y con proyectos de alcance desconocido, el panorama económico y social no presenta perspectivas optimistas.

El ejemplo británico es muy interesante por la gravedad de la situación de partido, por lo reciente de la experiencia y por la eficacia de sus resultados. En los años siguientes a la pérdida del Imperio, la economía británica empezó a desplomarse. Stafford Cripps, el gran hombre de la economía en el Gobierno Attlee, comprendió que había que imponer a todos una política de austeridad, lo mismo a los asalariados que a los perceptores de dividendos; pero comprendió también que una política de rentas no podía hacerse realidad sin suprimir la inseguridad social, y supo encontrar dinero para un gran plan de servicios sociales, entre ellos el ejemplar servicio nacional sanitario. Bevan llevó más lejos que el plan Beveridge las ideas del Welfare State, y es evidente que, ello ha contribuido a la solidez social de la Inglaterra actual.

En los años sesenta se agravó la situación de la economía británica, y el primer Gobierno Wilson ya intentó plantear una política de negociación controlada de los salarios, en base al informe Donovan y al libro blanco de la ministro laborista Bárbara Castle, En lugar de la pelea. No fue fácil convencer a los sindicatos británicos, muy fragmentados y nacidos de la época del capitalismo puro decimonóníco.

El Gobierno conservador de Heath (1970-1974) intentó lo mismo, con un plan en tres fases, más controlado por el Estado, pero terminó enfrentándose con los mineros y perdiendo las dos elecciones generales de 1974. Wilson logró lo mismo por convencimiento, haciendo aceptar un crecimiento salarial anual del 10% (inferior a la inflación reconocida) y logrando en base a ello una sustancial mejoría de la economia británica.

Wilson ha recordado estos días en Madrid que en una democracia el contrato social sólo puede sobrevivir con una cooperación básica de las tres partes interesadas: los empresarios, los trabajadores y el público en general. Puede y debe haber un apoyo legislativo al pacto, contra unos pocos que se desvíen, pero lo que es eficaz contra un número limitado de indisciplinados sólo lo es desde un consenso básico, y no podría mantenerse contra todos.

También ha recordado que el Estado ha de dar ejemplo, en el sector público, en dos direcciones: en primer lugar, no haciendo él mismo excepciones, y segundo, no dejando que se queden atrás los que tienen menos defensa (policía, médicos, profesores, etcétera).

Pero lo esencial es que nadie pacta sólo sobre porcentajes o remuneraciones. Hay que sentirse miembro de una sociedad válida, segura, con vocación de mejora y de justicia, miembro de pleno derecho de una comunidad creadora y en la que uno participe.

Y, a este respecto, hay que recordar, una vez más, que la crisis es grave. Son muchas las piedras del edificio que se mueven a la vez.

Se mueve la familia, que si ya no era unidad de producción, sí lo era de consumo y de ahorro. Se mueve el sistema educativo, que produce cada vez más titulados, pero no aumenta de por sí sus posibilidades de empleo, con lo cual se convierten en focos de reivindicación más que de enseñanza. Se mueven los sistemas de sanción colectiva, habiéndose llegado a una situación límite, en la que no sólo las cárceles no aseguran la libertad de los no delincuentes, sino que ya se está inseguro hasta dentro de las mismas cárceles.

No habrá contrato social sin unas instituciones políticas consolidadas; sin seguridad en la calle; sin unas crientaciones claras de política exterior; sin un plan serio de lo que va a pefinanecer y lo que va a reformarse.

Cuando no se ve claro lo que se consolida y lo que se reforma, se producen a la vez la inseguridad global y la contestación generalizada. El dilema ruptura-reforma no es accidental; es la clave de todo. Si nada está seguro, cada uno se defiende como puede; es la lucha de todos contra todos.

Por tanto, recordemos una vez más que la economía es economía política y que lo social no es sólo lo que viene en los libros de Derecho del Trabajo. Hay que relanzar la idea y la ilusión de una España clara, grande, viva, con ilusiones para todos. Sólo en ella podremos superar la crisis actual. No hay más pacto social que un gran contrato social, que vaya desde la Constitución al restablecimiento de la cortesía, que es «el perfume de la amistad».