Una política para Canarias

LA VOTACIÓN del Consejo de Ministros de la OUA en contra de la plena soberanía española sobre Canarias ha despertado alarma e indignación. Sin embargo, cuando un país se enfrenta con un problema de orden internacional que puede desembocar en una grave crisis, es preciso hacer los mayores esfuerzos para mantener la cabeza fría y alejar los fantasmas del temor y de la cólera.El lenguaje emocional no constituye el tratamiento más idóneo para las buenas causas; la defensa de las Canarias como territorio español puede y debe utilizar fundamentalmente los hechos, entre ellos el más contundente e irreductible: la voluntad de sus habitantes. En esta perspectiva, lo que el Estado y los peninsulares deben preguntarse es, ante todo, cuál es la forma mejor de ayudar a los españoles del archipiélago para hacer frente a las amenazas procedentes de las costas africanas.

La existencia de un Ejército disciplinado, bien equipado y dotado de un elevado patriotismo constituye la garantía última de que ese territorio de frontera estará a salvo de las agresiones armadas. La protección militar, que se da por descontada, no debe ser esgrimida como una amenaza simplemente retórica: la defensa de nuestras fronteras es misión inmediata del Ejército, si es que se hallan amenazadas. ¿Cómo interpretar de otro modo el apoyo moral y logístico que la OUA promete al terrorismo independentista?.

Por otra parte la ocasión debe ser aprovechada para una revisión crítica de las responsabilidades y causas de la seria crisis económica y social por la que atraviesa el archipiélago canario y para la urgente adopción de las medidas que permitan solucionarla. Nada más propicio para la incubación de sentimientos nacionalistas que una situación de atraso económico; y la única zona española donde esa conjunción amenaza con producirse hasta extremos que podrían ser irreparables son las islas del Atlántico. En el marco social del subdesarrollo, la falsa idea de que todos los males provienen de la estructura estatal a la que se pertenece va unida al espejismo de que la soberanía como nación proporcionará felicidad y abundancia. Ninguna minoría extranjera domina y explota en el archipiélago a una mayoría aborigen de distinta etnia, lengua u origen histórico. Pero esta necia y absurda fábula pronto dejará su lugar a una propaganda más rentable: la analogía entre la población canaria y los criollos que protagonizaron las luchas de independencia americana.

Es deber fundamental de la Administración evitar cualquier política lesiva y discriminatoria que pueda equivaler al célebre «impuesto del té» que estuvo en el origen de la rebelión de las colonias norteamericanas. Desgraciadamente, el acuerdo pesquero con Marruecos, aprobado ya por el Congreso, perjudica seriamente intereses canarios y ha sido tomado como una afrenta por diversos sectores de opinión de las islas -los diputados de UCD rompieron en este punto la disciplina del voto-. Pero no se trata sólo de eludir determinadas acciones. Canarias es el territorio español con mayor índice de analfabetismo, con una tasa de natalidad propia del subdesarrollo, con una renta per cápita casi en un 20% inferior a la media nacional, y un elevadísimo paro. El boom del turismo ha terminado de arruinar su agricultura, siempre amenazada por la escasez y el precio del agua, en manos privadas; pero el control y los beneficios de gran parte de la industria hotelera se hallan en manos de firmas extranjeras. Carente de industria transformadora alimenticia, perdidos los mercados extranjeros del tomate, hasta la tradicional industria tabaquera ha sido víctima de la cortedad de miras del monopolio estatal del tabaco. La anexión unilateral del Sahara por Marruecos ha privado a los pescadores canarios de su tradicional cazadero; y el acuerdo pesquero con el reino alauita pasa por encima del cadáver de su modesta flota. La carencia de recursos naturales, la insuficiencia energética y la escasez de suelo industrial, dificultan el desarrollo de un sector secundario competitivo; a lo que se añade el efecto disuasorio de un puerto franco pensado para el consumo y la facilidad para las importaciones. Este cuadro, preocupante y sombrío, sólo puede ser transformado por una acción estatal enérgica y eficaz, muy alejada del estilo que fue predominante durante los años del franquismo. Y esa nueva política gubernamental exige, a su vez, de la sociedad peninsular, más allá de la retórica o de la consideración de las Canarias como el lugar ideal para las vacaciones de invierno, una toma de conciencia de la necesaria solidaridad para el desarrollo del archipiélago.

Nuestra política exterior tiene un decisivo papel en toda esta historia, situada en una banda que se mueve entre lo ridículo y lo trágico. Ante todo, es indispensable que el Gobierno y la Oposición pacten una línea de acción exterior por encima de las querellas interpartidistas y ajustada a los intereses del Estado y del país. Las disputas, propias de patio de vecindad, entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la dirección del PSOE, a propósito de la votación de la OUA, han sido simplemente sonrojantes.