Canarias en el Congreso

Diputado de UCD por Santa Cruz de Tenerife

Todos los autores parecen estar de acuerdo en señalar la extraordinaria tensión que rodeó el último Pleno del Congreso. Me permitiría añadir que sus más altas cotas se produjeron en Canarias, especialmente a partir del acuerdo de la Comisión de Asuntos Exteriores, decidiendo la ratificación del convenio pesquero.

El común denominador de los comentarios con los que vibró continuamente la prensa fue el de un rechazo al convenio y en un alto porcentaje el de entender que los diputados canarios deberíamos votar negativamente en defensa de los intereses de las islas.

A pesar de cuanto se ha escrito, el tema no se ha clarificado lo suficiente, porque aparece siempre mezclado con apreciaciones complementarias que lo distorsionan.

Un análisis riguroso de las circunstancias que rodean el convenio, sin embargo, no es dificil y puede centrarse en los siguientes puntos:

1.º Relación del convenio con la entrega del Sahara a Marruecos y Mauritania, en cuyo aspecto incide la carga política susceptible de movilizar el hecho en sí de la entrega y el contenido de los pactos complementarios que pudieran amparar los intereses españoles, en particular los de la pesca.

2.º Vinculado al punto anterior, el significado del convenio como posible factor decisorio respecto al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

3.º En lo que se refiere a las circunstancias socio-económicas del convenio, por un lado, la necesidad de evitar una inmediata crisis de paro en el sector pesquero -en cuyo aspecto el convenio aparece como la única alternativa real-, y, por otro lado, la incidencia competitiva que en un futuro próximo tenderá a producir el desarrollo de la industria pesquera marroquí que el convenio incluso fomenta, si bien, por otra parte, este desarrollo es inevitable.

Llevados estos puntos al campo de los problemas de las islas, adquieren sin duda una particular dimensión.

Por lo que se refiere a la entrega del Sahara, el convenio viene a patentizar que el banco de pesca sahariano, que los canarios han considerado suyo durante siglos, ha dejado de serlo. Y como este hecho no ha sido asimilado a plena conciencia por el pueblo canario, en el fondo lo que se exterioriza es la trágica sensación que se produce en una población que se siente aislada en un ámbito geográfico adverso (en el que confluyen en esta ocasión los intereses políticos y estratégicos africanos con los de las grandes potencias mundiales).

Es obvio, por otra parte, que los problemas relativos al definitivo dominio del Sahara han de afectar mucho más de cerca a Canarias.

Finalmente, en el ámbito socio-económico del archipiélago se produce una doble incidencia. En primer lugar, a través del propio convenio, que de un modo expreso contiene una cláusula discriminatoria para Canarias, limitando su industria conservera; como consecuencia indirecta del convenio, porque la rnarroquinización del sector pesquero afectará particularmente la flota establecida en Canarias y a la mano de obra isleña; finalmente, porque con convenio y sin convenio, se trata, en el fondo, de que el desarrollo marroquí será un foco competitivo para Canarias en todos los sectores económicos y en particular en los que hacen referencia a la pesca.

Ante estos condicionantes del problema, que me parecen claros, la oposición parlamentaria, en los debates del Congreso y en declaraciones anexas ha señalado, con mucho énfasis, los inconvenientes que se producen en las islas, en particular los relativos a las limitaciones a la industria conservera y los que conciernen al desequilibrio político que se producen en el área, y ha clamado porque se protejan los intereses y la seguridad de Canarias, manifestaciones que alcanzaron en algún momento niveles bíblicos, pero que no ofrecieron nunca alternativas concretas reales.

De estas intervenciones me interesa resaltar dos. Una se refiere a la única propuesta de carácter constructivo que planteó la Oposición, señalando que la solución del problema canario está en una reestructuración del sector, con créditos para imprimirle un fuerte desarrollo; el fomento de la pesca de crustáceos, peces de fondo y túnidos, cuyas pescaderías actualmente explotadas por rusos y japoneses deben reservarse a las islas; una promoción técnica de la pesca y la realización de cultivos marinos.

La otra intervención se refiere a una de esas declaraciones grandilocuentes a las que son dados los políticos españoles, en virtud de la cual, por el hecho de que en un determinado momento se haya cometido una indignidad en este país, que pudiera referirse a la entrega del Sahara, o a la guerra de Cuba, o cualquiera de tantas vicisitudes de nuestra historia, no cabe que exista una compensación, ni aun en el caso de que al margen de la supuesta indignidad se produjeran afecciones discriminatorias para una determinada región.

Con el mismo sentido de crítica objetiva con el que, en unas palabras que tuve ocasión de dirigir al Rey en su última visita a Canarias -publicadas en la prensa local-, señalaba que «las usuales promesas que los representantes del Gobierno suelen hacernos y luego no se cumplen, se convierten en un factor negativo» para nuestros particulares problemas; que en cierta parte suponen una falta de fe en la empresa colectiva común, tengo que añadir ahora que, oyendo a la Oposición, el futuro de las islas ha de juzgarse como decididamente pesimista.

Para tratar en serio el problema hay que dejar sentado, en relación con los puntos antes enumerados, lo siguiente:

- Como ya tuve ocasión de expresar públicamente, la cesión del Sahara supuso una claudicación precipitada, que se hizo sin nada, en absoluto, a cambio. Raíz esta del problema que, sin embargo, es ya pura historia.

- Los parlamentarios canarios de UCD han hecho suya la interpretación del Gobierno, en el sentido de que el convenio deja a salvo el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

- Centrado el problema en el ámbito socioe-conómico, su solución de fondo está en adaptar la flota y la industria pesquera, en general, a las exigencias de la nueva situación, objetivo básico de la proposición de ley presentada por los diputados de UCD.

Es importante señalar que esta última solución concreta es la que habían propugnado los expertos canarios en temas de pesca; la que han pedido las asambleas regionales del sector; la misma que antes citaba como única aportación constructiva de la Oposición y, finalmente, la que el propio Gobierno ha decidido mediante el Plan Regional Pesquero acordado en agosto del año pasado.

Solamente que la propuesta de la Oposición no pasó del estado de nebulosa y el plan pesquero está todavía en fase de estudio, ante cuya situación la proposición de ley se orierim, fundamentalmente, a dotar de contenido financiero al plan pesquero del Gobierno; por otra parte, plantea una potenciación del sector que supera incluso el informe que en su momento elaboró el Instituto Español de Oceanografía en Canarias -en opinión de su propio director- y lo que creo supone un acierto imaginativo contiene una serie de normas estableciendo una intervención decisiva del órgano preautonómico canario en todo el proceso de desarrollo del sector pesquero que se propugna.

Hay que añadir, por último, que puestos a apostar por el desarrollo pesquero, el convenio supone un apoyo inmediato necesario.