El PSOE denuncia corrupción en el acuerdo pesquero con Marruecos

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso se declaró ayer favorable a la ratificación del acuerdo de pesca hispano-marroquí firmado el 17 de febrero de 1977 y que ahora deberá ser ratificado por el Pleno del Congreso. Este dictamen, aprobado por diecinueve votos a favor y catorce en contra, fue el resultado de un duro debate en el que el PSOE lanzó serias acusaciones de corrupción y negligencia a la Administración, con citas directas al diputado de UCD Victor Moro como «hombre clave de una operación» en la que se mezclan la Administración, la sociedad Pescanova y alusiones al ex ministro de Comercio Leopoldo Calvo Sotelo y al titular de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja.

En su ataque frontal, el Grupo Socialista del Congreso, representado por el diputado Manuel Marín, calificó el acuerdo hispano-marroquí de «una operación de envergadura realizada por y para el único beneficio de los grandes armadores españoles», y añadió que la clave de esta iniciativa estaba en mantener bajo secreto los anejos de pesca del Acuerdo Tripartito de Madrid, para sustituirlos con el actual acuerdo pesquero (al que calificó peor que los citados anejos); declaró que «en el proceso de elaboración del acuerdo de pesca ha intervenido todo un conjunto de factores perfectamente relacionados en el tiempo y que van desde operaciones de especulación dirigidas desde el propio Gobierno hasta presiones ejercidas por personas que ocupaban importantes cargos en la Administración del Estado»; aseguró que el acuerdo «significa legalizar una fuga de capitales a costa de créditos a la exportación», creando un monopolio de explotación y de comercialización de los productos extraídos, y se preguntó «si el Gobierno no está ya prejuzgando el destino de las Canarias», para integrarlas más adelante en un «sistema de defensa más amplio».A lo largo de una hora, el diputado del PSOE Manuel Marín levantó toda una polvareda política en el seno de un debate que se esperaba simplemente técnico o, a lo más, político, con referencia a la política exterior del Gobierno y a la crisis del Sahara occidental. Un debate al que UCD llevó sus mejores hombres -Arias Salgado, Pérez Llorca, Meilán, etcétera- para evitar desviaciones, y en el que la disciplina de voto rígida, en el partido presidencial, hizo olvidar pronto los votos disidentes de la última sesión de la Comisión, en la que fueron convocadas a declarar sobre el Sahara doce personas.

La sesión se inició con dos rápidas votaciones, en las que fueron aprobadas sendas resoluciones relativas a los derechos humanos y a la emigración española. La primera, de UCD, recortaba el texto presentado por el Grupo Socialista, y en ella se condena a todos los regímenes políticos que violan los derechos humanos y se pide al Consejo de Europa que haga otro tanto. El PSOE y el PCE se abstuvieron, porque consideraban poco operativa y poco concreta esta moción. En la segunda resolución se hizo la unanimidad sobre un compromiso PSOE-UCD sobre el texto socialista, y en ella se pide al Gobierno que dé prioridad a la defensa de los intereses de los emigrantes, que reforme para ello su Administración y que tome las medidas necesarias para que puedan participar en todas las elecciones. Sigue en página 9