"Las fuerzas armadas respetarán los resultados de las elecciones"

El general Banzer es una persona menuda, de aspecto frágil. Habla, sin embargo, con una enorme seguridad en sí mismo. Sorprende la sobriedad de su despacho, de dimensiones inferiores a las de los salones familiares de la mayoría de los españoles. Es vivo, simpático, y no elude ninguna respuesta. Respondió una por una a las catorce preguntas formuladas, en cuestionario previo, por EL PAÍS. Cuando se hablaba de la atomización partidista boliviana, en esta época electoral, le recordamos que algo parecido ocurrió en España en los primeros meses siguientes a la muerte de Franco. Jocosamente, el presidente comentó la indudable herencia española. Fue muy crítico con el papel de los ejércitos en la gobernación de los países, en cualquier parte del mundo, cuando le comentamos que el proceso boliviano había causado admiración y sorpresa en las democracias occidentales. «Yo sé -dijo- que cuando los militares llegamos al poder, es muy difícil hacernos abandonarlo. Casi siempre nos tienen que echar. Aquí no queremos que eso se produzca. Queremos volver a nuestros cuarteles a cumplir nuestro papel institucional y a entregar el poder a quien resulte elegido en las elecciones. Pero, eso sí, con un país en paz social. » Este es el resultado de la entrevista.

EL PAÍS: La decisión del Gobierno boliviano de convocar a elecciones generales en julio del presente año fue recibida en todo el mundo como algo poco usual y como un ejemplo de visión política de usted. En los últimos días, sin embargo, se abrigan temores de que ese proceso pueda interrumpirse. ¿Qué opina usted al respecto?

Presidente Banzer: Las fuerzas armadas garantizan la continuidad y la corrección del proceso electoral. La decisión de convocar a elecciones no fue fruto del impulso emocional, sino de la madura reflexión.

EL PAÍS: Los recientes episodios relacionados con la huelga de hambre de 1.300 personas en seis ciudades bolivianas han debilitado, en opinión de observadores políticos, la posición del Gobierno de Bolivia, ¿Se siente usted presidente de un Gobierno superado por estas circunstancias coyunturales?

H.B.: Por el contrario, la solución dada por el Gobierno a la huelga de hambre y la plena restitución de las libertades sindicales, así como el levantamiento de otras medidas de excepción, demuestran que el Gobierno mantiene la plenitud de su autoridad.

EL PAÍS: ¿Cree usted que, en las presentes circunstancias, se podrá cumplir en toda su extensión el programa elaborado por su Gobierno para la celebración de elecciones generales en julio del presente año?

H. B.: Los acontecimientos de los días recientes no son parte de la normalidad de la vida en el país, sino circunstancias excepcionales. El suponer que tal estado de cosas pueda continuar indefinidamente equivaldría a admitir que, de parte de algunos grupos de personas, no existe un sincero propósito de democratizar el país, lo cual no puedo creer.

EL PAÍS: En un principio pareció existir el propósito, por su parte de presentarse como candidato a dichas elecciones. ¿Cuáles fueron las razones que le impulsaron a descartar tal posibilidad? ¿Hubo alguna recomendación en tal sentido por parte de sus compañeros de armas?

H. B.: Creo haber cumplido con mi país al haber presidido durante más de seis años un Gobierno de reconstrucción. paz social, orden y trabajo creador, cuyos resultados saltan a la vista. Esto explica que numerosos sectores de opinión e instituciones hubiesen propiciado mi nombre como candidato a la presidencia de la República.

Sin embargo, y tal como le expresé a tiempo de declinar esta postulación, creo que ha llegado el momento de dar paso a nuevas generaciones de bolivianos, que en la práctica han demostrado su capacidad y probidad para manejar los intereses nacionales. Esta fue una decisión espontánea y personal.

EL PAÍS: En algunos medios se habla de serias divisiones en el seno de las FFAA bolivianas en torno al proceso de normalización política en Bolivia. ¿Podría usted aclarar, como comandante en jefe de las FFAA, este extremo?

H. B.: La decisión de constitucionalizar el país ha partido específicamente de las FFAA, y mal podrían, en esas circunstancias, oponerse institucionalmente al proceso iniciado por ellas mismas. No descarto que existan criterios individuales aislados opuestos al retorno a la constitucionalización, pero, de existir, no reflejan un consenso.

EL PAÍS: Hace pocas semanas se divulgó un documento firmado por oficiales retirados de las FFAA que recogía conceptos del Gobierno que usted preside. ¿Podría comentar el alcance que refleja dicho documento?

H. B.: Desde hace muchos años existe en Bolivia una libertad de opinión y expresión pública de gran amplitud. El documento de los oficiales retirados que usted menciona refleja esa situación. El derecho a disentir ha sido escrupulosamente respetado por mi Gobierno, en la medida en que esa disensión no esté encaminada a, generar violencia. No creo que sea este el caso de los oficiales firmantes, -casi todos los cuales han ocupado ministerios, embajadas y otros cargos de la más alta responsabilidad durante mi Gobierno.

EL PAÍS: Algunas de las peticiones de las personas y grupos que protagonizaron la reciente huelga de hambre han sido concedidas por su Gobierno, como una amplia amnistía, la libertad sindical y la posibilidad de regreso a Bolivia de exiliados. Sin embargo, los mismos grupos insisten en otras. peticiones,comola derogación de la ley de Seguridad del Estado y la desaparición de la presencia militar en las áreas mineras. ¿Cuál es su posición al respecto?

H. B.: La derogatoria de la ley de Seguridad del Estado, que no fue dictada por mi Gobierno, parece una consecuencia lógica del proceso iniciado con la convocatoria a elecciones, la amnistía general y el levantamiento del receso impuesto a las actividades políticas y sindicales. El proceso de liberalización llegaría, así, a una etapa plenaria. En cuanto a la presencia de efectivos militares en algunos centros mineros, no veo razón alguna para que cause inquietud ni preocupación. Aceptar la necesidad de retirar a las unidades militares de los centros mineros o de cualquier otra parte del país significaría aceptar también que su presencia constituye un peligro o una amenaza, lo cual es absurdo. En los años transcurridos desde que las tropas del ejército acantonaron en varios distritos mineros no se ha registrado el más mínimo incidente.

EL PAÍS: Dirigentes de partidos políticos insisten en afirmar que no considerarán ortodoxo el anunciado proceso electoral del mes de julio si no se aceptan las peticiones reseñadas en la pregunta anterior, y si no se retira la candidatura, calificada por ellos de oficialista, del general Pereda. ¿Qué puede decir sobre este tema?

H. B.: A lo largo de toda la historia del país, y en vísperas de elecciones, los partidos políticos de oposición han coincidido sistemáticamente en denunciar al Gobierno por anticipado, de que no se dan las condiciones óptimas para que puedan triunfar. A las elecciones se va a ganar o perder. Muchos de los partidos que hoy están en la oposición estuvieron alguna vez en el Gobierno, y en tiempo de elecciones fueron blanco de similares denuncias y exigencias.

EL PAÍS: Según los proyectos del Gobierno que usted preside, ¿habría algún tipo de limitación para la participación de los partidos políticos, sin excepción, en el proceso electoral?

H. B.: Habiéndose dictado una amnistía general, está claro que todos los ciudadanos cualquiera que sea su tendencia, podrán participar en el proceso electoral. No obstante, la convocatoria a elecciones debe aceptar las reglas del juego democrático. Si todavía hay quien pretende retornar al país con el pretexto de las elecciones, a desencadenar el terrorismo y la violencia, puede estar seguro de que la ley caerá sobre él: sin contemplaciones.

EL PAÍS: ¿Aceptarían las fuerzas: armadas bolivianas la hipotética, victoria en las elecciones de julio de un candidato de izquierda?

H. B.: Es obvio que si las fuerzas armadas han llamado a elecciones están dispuestas a aceptar su resultado sea cual fuere. Como, usted bien lo dice, una victoria de un candidato de izquierda, en las elecciones de julio, es totalmente hipotética.

EL PAÍS: Para muchos observadores de la realidad política de Latinoamérica, el proceso boliviano es un test de primera magnitud, cuyos resultados pueden ser aplicables a otros países próximos que atraviesan circunstancias parecidas a las de Bolivia, como podrían ser Perú y Ecuador. ¿Cómo interpreta usted esta circunstancia?

H.B.: La experiencia histórica reciente y la realidad política de Bolivia son únicas en el continente y, en tales condiciones, es difícil anticiparse a evaluar que el grado de nuestro proceso inmediato pueda ser de utilidad para otros países. Cabe recordar que, en 1952, Bolivia inició el primer proceso de reforma agraria de Suramérica y nacionalizó las empresas que explotaban la mayor arte de sus recursos minerales. Los errores y aciertos de este proceso tuvieron influencia posterior en experiencias del mismo signo en otros países del continente.

EL PAÍS: En opinión de algunos historiadores, el proceso de evolución política de España, que ha derivado pacíficamente a la democracia desde un sistema de autoridad personal, es un modelo perfectamente trasplantable a Latinoamérica. ¿Coincide con estas apreciaciones?

H. B.: Desde Bolivia, y sin duda alguna desde toda la América lana, se ha seguido con el mayor interés y atención el proceso de evolución política de España. Y creo que todos nos hemos congratulado de la pacífica transición de un sistema de gobierno como el anterior, al que actualmente rige los destinos de Madre Patria. Personalmente desearía que la situación política Bolivia evolucione en condiciones parecidas, y me asiste la confianza de que la gran mayoría las organizaciones partidarias del actual sistema, así como las de oposición, comparten este criterio.