Derecho de asilo y derechos laborales

LA PLENA congruencia entre las declaraciones programáticas de la política exterior de un país y su ejecución práctica es un ideal inalcanzable.Una sociedad como la internacional, Cuyos pricipales sujetos son los Estados, difícilmente puede someterse a los dictados de la razón, la moral y el derecho. No sólo se trata del recurso último a la fuerza. La complejidad cada vez creciente del mercado mundial multiplica los intercambios comerciales entre los países, que muchas veces prevalecen sobre las motivaciones políticas. Existen, también, vinculaciones culturales y afectivas que no desaparecen por muy antagónicos que sean sus regímenes estatales. Hay, igualmente, alianzas militares o instalaciones dentro de bloques estratégicos que aminoran o incluso neutralizan los conflictos de intereses o de ideas , entre las naciones.

Todos estos factores explican la evidente discordancia entre. el discurso teórico de los responsables de la política exterior española, que se ufanan de amoldar su práctica a la defensa de los derechos humanos y la abstención de España en la votación de las Naciones Unidas para condenar las continuas violaciones de los derechos humanos por el régimen chileno. Sin embargo, aceptar como inevitable esa disociación equivaldría a renunciar a, un postulado básico de una sociedad democrática y pluralista: exigir de los gobernantes la máxima transparencia en la gestión de los asuntos públicos, internos y externos, y el mayor grado de adecuación posible entre los principios que proclaman y la política que practican. Si el comportamiento internacional de la España democrática se halla trabado de forma tal que no puede condenar los atentados contra la dignidad humana cometidos por la dictadura de Pinochet, al menos cabe pedir a los responsables de esa actitud inhibitoria que expliquen al país las verdaderas razones de su decisión. El argumento de que también otros países son escenairio de torturas y de la eliminación física de los opositores constituye una ofensa para la dignidad y la autoestima de los ciudadanos españoles.

Por lo demás, las posibles razones que atenuarían la inconsecuencia de nuestro Gobierno a la hora de ajustar su conducta internacional a la defensa de los derechos humanos son totalmente inoperantes para explicar la falta de asistencia, e incluso la hostilidad de la que son víctimas los exiliados políticos hispanoamericanos que huyen de sus países de origen para salvar la vida y buscar un régimen de libertad. Miles de chilenos, argentinos y uruguayos han arribado a las costas españolas con las mismas esperanzas con que lo hicieron nuestros compatriotas, después de la guerra civil, al pedir asilo en las repúblicas hispanoamericanas. Aunque no estuviera en juego la credibilidad democrática de nuestro sistema político, la deuda moral contraida por España con los países de habla castellana de ultramar sería razón suficiente para acoger generosamente a esta nueva oleada de emigración política, huida de la barbarie, y concederles las mayores facilidades para su incorporación a la sociedad española.

Pero lo que encuentran los exiliados es, por el contrario, una muralla de incomprensión en los medios oficiales. No se trata sólo de que el Estatuto para los Refugiados Políticos espere todavía en ese desván de los proyectos de ley cuyas llaves tan celosamente guarda el partido del Gobierno. Una sesgada, restrictiva e incluso falsa interpretación de la orden de 15 de enero de 1970 del Ministerio de Trabajo, que eximía a los hispanoamericanos de la obligación de proveerse de permiso de trabajo y a las empresas que los emplearan de cumplir los requisitos exigidos a los trabajadores extranjeros, ha transformado el trámite puramente burocrático y estadístico de la inscripción en el registro de la Delegación Provincial del Trabajo en un mecanismo discriminador. Resulta, así, que ahora se exige para la inscripción en el Registro un certificado de la oficina de colocación que acredite la inexistencia de paro en el campo laboral al que pretende acceder el ciudadano hispanoamericano. De esta forma, la inscripción deja de ser simplemente estadística y se convierte en una decisión del funcionario de turno, facultativa y no obligatoria. Si el omnipotente señor de la ventanilla se pronuncia en sentido negativo, las consecuencias no sólo son laborales, lo que ya sería muy grave; pues la falta de empleo pone en peligro el derecho de permanencia en España del exiliado, que necesita acreditar su forma de vida y de ingresos para obtener la residencia.

La citada orden del Ministerio de Trabajo anunciaba «la total equiparación de los trabajadores de los pueblos hermanos con los españoles» con la doble consecuencia de llevar a cabo «la misión histórica a que estamos obligados» y de «robustecer cada vez más la comunidad hispánica ». Pero la práctica de nuestra Administración pública es una triste demostración de que las grandes palabras y la hermosa retórica de la fraternidad, hispánica pueden transformarse, en el momento de convertirla en hechos, en discriminación y burla.