Negociaciones sobre la ley de Libertad Religiosa

La próxima semana comenzarán las negociaciones sobre una nueva ley de Libertad Religiosa que se adapte a la situación actual de la sociedad española. En ellas participarán representantes de los Ministerios de Justicia, Educación y Ciencia, Cultura y Defensa, así como los de las confesiones religiosas que deseen acogerse a dicha ley. Desde el pasado 16 de diciembre, el director general de Asuntos Religiosos, Eduarzo Zulueta, ha venido manteniendo contactos con los líderes de la comunidad sefardita, mormones y evangélicos. En breve plazo se entrevistará con representantes de la comunidad judía, mahometana y budista, según informa la agencia Logos.«En todo caso, el proyecto de ley de Libertad Religiosa no se pondrá en marcha hasta que no se apruebe la declaración constitucional», manifestó a EL PAÍS Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, subsecretario del Ministerio de Justicia.

Sobre el hecho de que la Iglesia católica no intervenga en las negociaciones, el señor Ortega y Díaz Ambrona señaló: «No es que esté excluida de ellas, pero, de momento, están todavía en elaboración los cauces concordatorios que regulan la relación entre el Estado y la Iglesia católica.»

Según manifestó a Logos el señor Zulueta, los trámites administrativos de la ley de 1967 van a desaparecer, y habrá libertad plena y absoluta para todas las confesiones religiosas, que podrán gozar de todos los derechos que disfruta la Iglesia católica.

La ley de 1967 -que el señor Ortega y Díaz Ambrona juzgó como «demasiado reglamentista y minuciosa»- no es una verdadera ley de Libertad Religiosa, sino de tolerancia. «La ley de 1967 no es justa», señaló el padre Martín Patino, provicario de la diócesis de Madrid-Alcalá. «Se limita a establecer cierta tolerancia, pero mantiene las discriminaciones. »

El señor Martín Patino manifestó que le alegraba de que se iniciaran estas negociaciones, y dijo: «La Iglesia católica no pretende un trato distinto a las demás religiones. Cualquier cuestión que pueda presentar ante el texto constitucional lo pueden presentar igualmente las otras confesiones. La relación Estado-religión o Constitución-confesiones religiosas no varían de unas a otras. »

En relación con el editorial que apareció ayer en EL PAÍS comentando las declaraciones de monseñor Yanes, dijo: «Me parece demasiado apasionado. No hay una palabra en las declaraciones del arzobispo de Zaragoza que hagan referencia a la necesidad de un trato distinto para la Iglesia católica. Simplemente, se pide el reconocimiento de una realidad social. Lo que pasa es que el fantasma de las mayorías católicas lo aceptan más los anticlericales que los obispos.» «Sin embargo -añadió-, no es una cuestión de números ni de historia, sino de establecer la igualdad de derechos cívicos para todas las religiones, aunque no se debe confundir el reconocimiento con un privilegio.»