En la sesión de la tarde hubo menor tensión

La sesión de la tarde consumió prácticamente cuatro horas, en su mayoría tediosas -después de los enfrentamientos ocurridos por la mañana- sólo salvadas por algunas ironías en la intervención del ministro de Obras Públicas, Joaquín Garrigues, y por la hilaridad casi permanente que provocó la diputada Victoria Fernández España, de Alianza Popular, al defender su moción sobre la industria naval. Toda la reunión vespertina estuvo dedicada a la defensa de distintas mociones.

Abrió turno el grupo socialista del Congreso con una moción defendida por el diputado Gregorio Peces-Barba sobre las obras del trasvase Tajo-Segura. Pedía aclaraciones sobre el estado de las obras y querían saber, los socialistas, quién decidirá el destino del agua en la zona de postrasvase y cuál era la filosofía general de la gigantesca obra, porque con la que se le había dado en la época franquista no estaban en absoluto de acuerdo, aunque admitieran que el proyecto inicial se debía al entonces ministro socialista Indalecio Prieto.Le contestó el ministro señor Garrigues, adelantando que el tema no es de hoy, que él había reunido a todos los diputados y senadores de las provincias afectadas por el trasvase para formar una comisión parlamentaria que siguiera el tema, y se extendió en concreciones técnicas sobre el acueducto principal del trasvase -prácticamente terminado-, las obras del postrasvase -terminadas en buena parte- y las obras de compensación en estado desigual. Ofreció datos sobre las previsiones iniciales en cuanto al tiempo de la ejecución y en cuanto a las inversiones comparando su valor inicial en pesetas con el que ofrece actualmente tras el encarecimiento y la devaluación.

Aseguró que no se había planteado cuál pudiera ser la filosofía global de la obra y que su obligación fundamental era concluirla. Defendió globalmente la idea del trasvase, afirmando que en otros países se habían llevado a cabo obras importantes de trasvases de aguas y citó bastantes ejemplos de Estados Unidos, junto con otros trasvases «menores» que se han llevado a cabo en España, para concluir renovando su oferta de crear una comisión interparlamentaria de seguimiento de las obras.

Había ironizado el señor Garrigues en vanas ocasiones: «A mí me pagan -y me pagan poco- para que ejecute en el buen sentido de la palabra.» Al referirse a las obras de trasvase en el extranjero había mencionado también la afición a los viajes de «ilustres diputados, especialmente a Estados Unidos y Rusia». Pero las risas surgieron con fuerza en la Cámara cuando su presidente, Fernando Alvarez de Miranda, recordó al ministro que las comisiones interparlamentarias no estaban previstas en el regla mento.

En turno de réplica, el señor Peces-Barba afirmó que no les había satisfecho la respuesta, quizá -dijo- porque los conocimientos del señor ministro y su interés por el trasvase, «es menor del que tiene por los de Estados Unidos». El señor Peces-Barba anunció que su grupo presentaría una moción para que el Parlamento establezca la filosofla y el destino final de la obra.

Una moción seria en cuanto al tema, y plagada de citas y referencias, entre cultas y precisas, sobre la situación de la industria naval en España, que defendía la diputada -en la Cámara se empeñan en lla marle incluso «el diputado de Alianza Popular»-, Victoria Fernández España (AP), se convirtió en la nota jocosa de la jorna da por el tono que empleó la parlamentaria y por las incidencias -no puede hablarse de incidentes- que suscitó con la presidencia, y que llegaron a bordear lo grotesco.

En síntesis, la señora Fernández España expuso la situación catastrófica que atraviesa la industria naval, ofreció datos sobre su importancia, plagó su intervención de referencias históricas, llegó a remontarse hasta Estrabón y Cristóbal Colón, hizo un canto a las excelencias de la situación de esta industria en los últimos años, arguyó sobre la importancia cuantitativa y cuantitativa de la mano de obra empleada en el sector, y arremetió contra la situación actual, pintándola con los tintes más negros.

Recordó que el subsecretario de Industria había dicho que no estaba dispuesto a mover un dedo por la industrialización de Galicia, y espetó entonces una de. las frases más resonantes de su intervención: «Pues cuidado con el dedo, porque se lo vamos a morder.»

Se explayó después sobre la avanzada tecnología de la Marina de Guerra y sobre la bondad de los proyectos de la industria nacional Bazán, para criticar duramente el recorte presupuestario a las inversiones militares y, concretamente, a las del Ministerio de Marina. En esos momentos, el presidente de la Cámara le advirtió que llevaba más de treinta minutos consumidos, pero la diputada, sin dejarle hablar, replicó que el tema era lo suficientemente importante: «Le suplico, señor presidente, que tenga piedad de nosotros», dijo la señora Fernández España.

Pasó después a hablar del petróleo y de la necesidad de emplear tecnología española para encontrarlo. Volvió el presidente del Congreso a reconvenirla para que se ciñese a los términos de la moción, Y de nuevo sin dejarle hablar, y repetía «he terminado ya, he terminado ya», aunque todavía consumió algunos minutos, que dio por bien empleados «si ha sido por el bien de Galicia y de Espana».

Ministro de Industria

Le contestó el ministro de Industria, Alberto Oliart, que, en síntesis, centró la crisis de la industria naval española en las causas que determinan el mal momento de ese mismo sector a escala mundial, y argumentó que nuestra situación era incluso mejor que la de otros países. Ofreció una larga serie de cifras y datos para apoyar esa tesis y concluyó asegurando que el propósito del Gobierno para 1978 era mantener al 80% la capacidad de producción de los astilleros «siempre que no se hunda -dijo la demanda mundial» y que se acuda al crédito privado porque, afirmó el señor Oliart, los, créditos estatales no cubren sus necesidades.

Volvió al estrado la señora Fernández España y dijo: «Señor ministro: enhorabuena por haberle tocado la lotería», y añadió que no les había convencido la respuesta y que su grupo parlamentario presentaría la correspondiente moción.

Amnistía laboral. Elecciones municipales

Las tres últimas mociones de la jornada estuvieron dedicadas a la amnistía laboral, al problema de los trabajadores civiles de algunos organismos administrativos y a la problemática de las corporaciones locales y de las elecciones municipales.

Marcelino Camacho, por el grupo comunista, preguntó al Gobierno por qué se aplicaba con tanto retraso y recelo la amnistía laboral acordada, por las Cortes. Argumentó que, sin entrar en disquisiciones jurídicas -«yo soy metalúrgico», dijo-, le parecía oportuno anunciar que debía revisarse el sistema judicial de las Magistraturas de Trabajo y que quizá habría que pensar en sustituirlas por jurados mixtos o tribunales paritarios. Atacó a algunos empresarios «que ni han aprendido ni han olvidado nada de los últimos cuarenta años», aunque dijo que había excepciones, especialmente en la pequeña y mediana empresa. Terminó haciendo una referencia a la situación de inicio esperanzador que apunta el desarrollo de nuestra economía y a su seguridad de que el Partido Comunista seguiría aplicando «el sentido de clase y de responsabilidad nacional» para superar esa crisis que -estaba convencido- se superaría, además, en paz.

El ministro de Trabajo, Manuel Jiménez de Parga, contestó brevemente pata decir, en síntesis, que la ley de Amnistía concedía tres meses de plazo para su aplicación, que ese plazo vence el 17 de enero, que el Gobierno es absolutamente respetuoso con la independencia de los tribunales, y cuando concluyese el plazo sería ocasión de replantear el tema si no se había cumplido el mandato legal de amnistía. El señor Camacho volvió al estrado para decir que, pese a todo, no se sentían satisfechos y que presentaría una moción.

Volvió de nuevo el señor Camacho a defender una enmienda sobre la situación del personal civil del Ministerio de Agricultura y del personal del Ministerio de Obras Públicas. Dijo que se encontraban en situación discriminada y pidió que se acelerase la solución de sus problemas.

Respondió el ministro de la Presidencia, José Manuel Otero Novas -por tratarse de cuestiones que afectaban a tres departamentos distintos-, y se limitó a hacer una exposición rigurosamente legalista que reproducía los hechos y los argumentos, ya conocidos, que se manejaron durante los conflictos del personal de la Subsecretaría de Aviación Civil.