Seis años de poder militar

El 16 de febrero de 1972 el presidente Velasco Ibarra fue derrocado por un golpe militar dirigido por el brigadier general Guillermo Rodríguez de Lara, comandante en jefe del Ejército, quien asumió provisionalmente las funciones de jefe de Estado. Este mismo día el general Rodríguez de. Lara decretó la cancelación de las elecciones que debían celebrarse en el mes de junio y declaró «estado de excepción» en el país. El día 17 de ese mismo mes Rodríguez de Lara se autoproclamó jefe de Estado y anunció que el nuevo régimen adoptaba la Constitución de 1945, abolida en 1946 por Velasco de Ibarra.En julio de 1974 Rodríguez de Lara anunció al país la suspensión de todas las actividades políticas y la celebración de elecciones en el plazo de cinco años, período en que se llevaría a cabo un plan de desarrollo. Calificó a su Gobierno de «revolucionario y nacionalista». Sin embargo, después de un fracasado golpe de estado en septiembre de 1975, promovido por el general Raúl González Alvear y respaldado por Velasco de Ibarra, el presidente prometió cambios políticos, económicos, anunciando la convocación de elecciones en dos años.

En enero de 1976, el general Rodríguez de Lara, debido al descontento general en el país, presentó su dimisión. El mando fue entregado a los tres jefes de las Fuerzas Armadas, quienes asumieron el poder «hasta el término del próximo año». La, nueva junta anunció la iniciación de diálogo con los partidos de la oposición y la elaboración de un proyecto de Constitución, la reorganización del sistema electoral y la amnistía para los civiles de la oposición. En agosto fueron expulsados del país diecisiete obispos extranjeros detenidos durante una reunión en Riobamba, hecho que fue interpretado como una estrategia de represión contra la Iglesia. Durante este año abundan los rumores de divergencias entre los militares. En marzo de 1977, el Gobierno convoca elecciones presidenciales para febrero de 1978. En el mes de octubre 1.880 trabajadores en la plantación de azúcar de Aztra se declaran en huelga en protesta por la negativa del Gobierno sobre el reparto de los beneficios ocasionados por la subida del azúcar. La carga de la policía ocasionó por lo menos veinticinco muertos.