Ecuador: la inestabilidad política nubla el horizonte democrático

De acuerdo con el llamado «programa de reestructuración jurídica de Ecuador», elaborado Por las fuerzas armadas, el día 15 de enero los ecuatorianos decidirán en referéndum por qué constitución se regirá la actividad del -país en el futuro. Tres comisiones de legisladores han elaborado dos proyectos, que difieren en veintiocho puntos. Una establece el voto para todos los mayores de dieciocho años, alfabetos o analfabetos; otra confiere el poder de votar solamente a quienes sepan leer y escribir. La primera prevé dos Cámaras y la segunda, una. Uno de los proyectos admite la representación sectorial y el otro no, así como la existencia de un vicepresidente de la República y la posibilidad de reelección del presidente.Etapas largasUna vez decidida y proclamada la nueva Constitución, se promulgará la ley Electoral y la de partidos políticos y se convocarán las elecciones generales. Son precisamente estas etapas las que hacen opinar a los observadores que no será posible el. traspaso de poderes el día 1 de junio de 1978. Los partidos deben esperar a finales de enero próximo para conocer las leyes que regirán los comicios y a partir de ahí deberán elegir sus candidatos y realizar las correspondientes campanas electorales.

La actitud de los partidos políticos ante el referéndum del próximo 15 de enero es de atenta expectativa. Representantes de dichos grupos han participado en la elaboración. de los proyectos constitucionales, lo que no ha evitado recelos y desconfianzas. Sin embargo, hace una semana, dirigentes de los partidos Conservador, Liberal, Socialista, Patriótico, Popular, Comunismo pro Moscú, Concentración de Fuerzas Populares e Izquierda Democrática, reunidos en Guayaquil, acordaron participar en el referéndum y aceptar la Constitución que resulte elegida.

El hecho de que en esta reunión hayan participado representantes de los partidos tradicionales Liberal y Conservador ha sorprendido a los observadores. En efecto, hace pocos días varias personalidades, entre ellas el presidente de la Democracia Cristiana, Oswaldo Hurtado, denunciaron la existencia de un complot cívico-militar destinado a interrumpir el proceso de restauración democrática. El dirigente demócrata-cristiano acusó a los partidos antes citados de aceptar el complot, auspiciado por una alta jerarquía militar. El anuncio del posible golpe de Estado coincidió con graves incidentes laborales en una instalación azucarera en las proximidades de Guayaquil, dónde veinticinco cortadores de caña murieron en enfrentamientos con la policía en circunstancias confusas.

Después de lo que se calificó como la «matanza de Aztra», doce partidos y agrupaciones políticas emitieron un comunicado en el que se mostraba la extrañeza de que «la tragedia haya ocurrido como colofón de las repetidas advertencias oficiales de, que la reestructuración jurídica del Estado está subordinada a que reinen la paz y el orden».

Para algunos de los dirigentes de dichos partidos, el asalto a la fábrica azucarera por parte de la policía para desalojar a los huelguistas fue una provocación para iniciar una cadena de desórdenes que obligasen a los militares a detener el proceso de restauración democrática.

No son estos los únicos intentos desestabilizadores que se han producido en este pequeño país de siete millones de habitantes. A principios de septiembre, el Gobierno ecuatoriano anunció que había abortado un golpe de Estado y que había detenido a más de cuarenta personas acusadas de constituir una «junta cívica» que se proponía derrocar a los integrantes del triunvirato militar. Entre los detenidos figuraban muchos políticos seguidores del anciano ex presidente Velasco Ibarra, a quien veladamente se acusó de inspirar el complot.

La experiencia ecuatoriana tiene una singular trascendencia en el conjunto de la región y será un importante termómetro para los Gobiernos militares de Bolivia y Perú, que también han prometido elecciones generales para 1978. De que la restauración democrática en Ecuador se rea ce de una manera pacífica y ordenada depende, en buena medida, la actitud liberalizadora que asuman los gobernantes de esos dos últimos países que, presionados por Estados Unidos y otras naciones democráticas latinoamencanas, tratan de encontrar una salida a sus regímenes dictatoriales.

Así, las primeras elecciones generales que se celebren en Ecuador desde hace diez años resultarán un test regional de primera clase. Los últimos comicios llevaron a la presidencia de la República a Juan Velasco Ibarra, que llegaba al Poder por quinta vez en su vida. Pero fue el propio Velasco el que interrumpió el proceso democrático, al disolver el Congreso y asumir poderes extraordinarios en 1970. Dos años más tarde, Velasco Ibarra fue derrocado por el general Rodríguez Lara, que tuvo que hacer frente a varios intentos de golpe de Estado, hasta que en 1976 fue obligado a renunciar por sus compañeros de armas. Estos nombraron una junta militar integrada por el vicealmirante de la marina Alfredo Poveda, el general del ejército Guillermo Durán y el brigadier de la fuerza aérea Luis Leoro. Estos hombres son los que, en un gesto poco usual en los regímenes militares latinoamericanos, han prometido retirarse a los cuarteles y ceder el poder a los civiles.