Bolivia: el desgaste militar abre paso a las urnas

El 9 de noviembre último, el presidente de la República de Bolivia, general Hugo Banzer Suárez, anunció oficialmente que su Gobierno ha decidido «convocar a elecciones generales para julio de 1978». De este modo, el panorama político del país andino parece haberse modificado. bruscamente después de seis años de «paz social y estabilidad política», impuestas por un secante régimen militar autoritario.El anuncio es en sí mismo sorprendente, ya que hasta hace sólo dos meses el Gobierno venía sosteniendo invariablemente que la democratización política del país sólo tendría lugar en 1980, conforme al compromiso adquirido por las fuerzas armadas (FFAA) en 1974, cuando una serie de decretos-leyes autolegalizaron el régimen de facto que venía funcionando desde 197 1.

Ahora, y en virtud de las « nuevas condiciones que existen dentro y fuera de la nación», las fuerzas armadas han resuelto «retornar al ámbito de sus específicas funciones», sin por eso renunciar «a su condición de institución tutelar de la patria». ¿Cuáles son las verdaderas razones de este súbito cambio de plan por parte de un régimen que se vanagloria de haber iniciado la construcción de una «nueva Bolivia»?

Es un hecho que Banzer empezó a hablar de la posibilidad de un adelanto de las elecciones a su regreso de Washington. De ahí que las presiones que allí pudiera haber recibido por parte de la Administración Carter -dentro del esquema general de ésta, favorable a una reestructuración del equilibrio político en el cono sur de América Latina- sean consideradas como un factor de explicación de primera importancia.

Causas internas

Pero las causas internas de este cambio de la política gubernamental boliviana son, sin duda, determinantes y dejan entrever un transfondo de crisis general del régimen, que se manifiesta en lo que las propias autoridades califican como «desgaste político» de las fuerzas armadas. Durante los tres primeros años del régimen, éstas cogobernaron con una alianza de los dos principales partidos de la derecha boliviana -el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Falange Socialista Boliviana (FSB)-, tras haber derrocado con un sangriento golpe de Estado al Gobierno progresista del posteriormente asesinado general Juan José Torres.

Reprimiendo sistemáticamente todo movimiento popular de resistencia y protesta -con un elevado saldo de asesinatos, apresamientos y deportaciones-, el régimen logró sobrevivir hasta el presente gracias a una excepcional coyuntura favorable para su comercio exterior. El auge de los precios internacionales, de las principales materias primas de exportación (estañb y petróleo), combinado con el vertiginoso aumento de su endeudamiento con el exterior, ha permitido efectivamente a la economía boliviana conocer un crecimiento espectacular.

Sin embargo, los anacronismos de la política económica gubernamental parecen haber agotado ya las posibilidades de su modelo «brasileño», que lejos de haber impulsado un auténtico desarrollo económico y social, se ha basado en realidad en la congelación salarial y consiguiente pauperización de las masas trabajadoras, en beneficio de una docena de grupos económicos,de la todopoderosa empresa privada del país. La inminencia de medidas drásticas -tales como la devaluación, el, alza del precio de la gasolina- configuran la magnitud de la crisis económico-financiera que se avecina. Por otra parte, la escandalosa corrupción administrativa que ha enriquecido la economía personal de numerosos jerarcas del régimen han exasperado la paciencia de la oficialidad joven de las fuerzas armadas, que, ya en 1974, intentó infructuosamente derrocar a Banzer. En esa ocasión, éste se deshizo del, MNR y de la FSB, e implantó la dictadura militar a secas hasta 1980. Posteriormente, la persistencia de la corrupción ha llegado a minar la confianza en las bases del régimen y ha costado el puesto a varios altos funcionarios civiles y militares.

Por último, hay que destacar la creciente ola de denuncias que se ha abierto paso en la prensa diaria acerca de las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen y de su desastrosa política internacional con los países vecinos, impulsada por instituciones y personalidades que reclaman el retorno a la normalidad democrática. Todo esto ha desgastado la imagen de las FFAA y, en primer lugar, la figura del general Banzer, quien, al parecer, está perdiendo la confianza de sus subalternos. Las FFAA se niegan a apoyar sus afanes continuistas y le acaban de imponer el pase a la reserva, juntamente con otros cincuenta generales y coroneles, para que que pueda habilitarse como candidato a la presidencia de la República.

Huérfano del apoyo militar Banzer no tiene otro remedio que buscarse sus propias bases apoyo político y para tal efecto sus asesores le han, preparado un proyecto de partido de Unidas Nacional (PUN), destinado a regrupar al MNR y FSB en un frente común con los sectores de jóver tecnócratas afines al régimen. Más ambos partidos. parecen haber desestimado la invitación de Banzer en virtud de sus propias discusiones internas, y el PUN podrá muy bien haber nacido muerto.

Entretanto, Banzer y lo intereses que representa no ha cejado en el empeño de permanecer en el poder cambiando de fachada. Mediante la promoción de su principal hombre de confianza el ministro del Interior, genieral Juan Pereda, al cargo de comandante de la fuerza aérea, se ha asegurado el control del interina presidencial durante la campaña electoral. También se apresta modificar la ley Electoral y a in poner otras medidas con el fin ( institucionalizar su régimen y gi rantizar su continuidad.

Ante semejante panorama, oposición democrática no pue¿ estar menos que vacilante. A travo de sus escasas posibilidades de e,, presión dentro del país, y desde, exilio, ha exigido de forma unán me la derogación de todos los do cretos anticonstitucionales y 1 promulgación de una amnistía go neral e irrestricta como los requis tos indispensables para pod< aceptar el reto electoral. Pero 1 manipulación de las reglas del ju( go por parte de Banzer bien podr! obligar a la abstención.