Creado en Bilbao un comité de expertos en Derecho Penal
Con el fin de dar respuesta desde Euskadi a los proyectos de ley en materia de leyes penales que se presenten en las Cortes, se constituyó ayer en Bilbao la comisión de expertos vascos en Derecho Penal.
La citada comisión está integrada por los parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Marcos Vizcaya y José Angel Cuerda, y el senador independiente Juan María Vidarte y una serie de profesores de la Universidad, como José Ricardo Palacios y los señores Beristain y Muñagorri (miembros del Instituto Vasco de Criminología). Asimismo, está en la comisión Elías Ruiz Ceberio, abogado, defensor de militantes de ETA y otros presos políticos en consejos de guerra.«Tenemos interés en estudiar detenidamente los proyectos de ley formuladas o por formular a las Cortes por los grupos parlamentarios en materia de leyes penales para, a través del grupo parlamentario vasco, tratar de dar a las proposiciones de ley el matiz de Euskadi», declaró a EL PAIS Marcos Vizcaya. «También pretendemos presentar proposíciones de ley propias cuando las otras nos resulten inaceptables o insuficientes. Atacaremos o defenderemos esas propuestas según sea la posición de la comisión.»
Entre los objetivos urgentes de la comisión recién nacida están la exigencia de abolición de la pena de muerte y la derogacion o modificación de la ley de Peligrosidad Social.
«Intentaremos -señala Marzos Vizcaya- la urgente elaboración en breve plazo de un régimen penitenciario más humano y una ley más clara sobre la asistencia letrada al detenido, ya que la actual se presta a interpretaciones confusas.»
La comisión estudiará con detenimiento la propuesta de indulto de Bandrés. Si no la estimara adecuada, la comisión redactaría otra nueva proposición, que sería presentada a las Cortes a través del grupo parlamentario vasco.
Menores marginados
El presidente del Congreso recibió ayer en Madrid a una representación de la comisión gestora de centros educativos de menores marginados, para exponer la situación de los internados en centros educativos dependientes del Tribunal Tutelar de Menores.
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