Denuncian nombramientos ilegales en varios ministerios
La Asociación Española de Administración Pública ha preparado y distribuido 6.600 recursos contra una serie de nombramientos en los Ministerios de Trabajo y Sanidad y Seguridad Social que, a su juicio, infringen la vigente legislación de funcionarios, según la cual los puestos no políticos de la Administración del Estado han de ser cubiertos por funcionarios de carrera. Asimismo, se han hecho referencias a irregularidades en nombramientos en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que el presidente de la Asociación Española de Administración Pública ha comunicado por carta al ministro, señor Garrigues.Los nombramientos recurridos en los dos prirneros ministerios citados recaen en Julio Díez Martín, jefe de la secretaría general del subsecretario de la Salud; Javier de la Cueva, subdirector general de Asuntos Internacionales del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social; César García García, subdirector de Presupuestos del mismo departamento, y María Luisa Ardura, subdirectora general de Estudios del Ministerio de Trabajo.
A juicio de los impugnantes, los nombramientos anteri ores infríngen varios artículos de la ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y otros preceptos legales, aunque señalan que «no se trata sólo de lograr la revocación de unas designaciones, obviamente llegaJes, sino de combatir el grave precedente que con ellas se crea y, sobre todo, la peligrosa concepción que sobre la función pública y la propia Administración del Estado subyace en la práctica de este tipo de actos».
Según la Asociación Española de Administración Pública, los nombramientos que vienen produciéndose atentan contra la racionalidad, profesionalidad y neutralidad política de la función pública, e inician una nueva modalidad de spoil system, consistente en la politización de los cargos de cierto nivel orgánico de la Administracióri Civil del Estado, y convirtiendo su designación en una facultad todavía más ilimitada y arbitraria de los órganos políticos.
En el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, dentro de una tónica de normalidad en los nombramientos, destaca ostensiblemente, ajuicio de los denunciantes, la Dirección General de la Vivienda y el Instituto Nacional de la Vivienda. El puesto de secretario general de la Vivienda, reservado al cuerpo general técnico, está ocupado por Carlos Pérez Calvo, que no es técnico de la Administración Civil del Estado; el cargo de subdirector general de Construcciones lo ocupa José Luis Más García, ingeniero industrial, inspector de obras de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, pero que no es funcionario del Estado ni de organismo autónomo dependiente del Ministerio, y el cargo de subdirector general de Coordinación y Asistencia Comunitaria está en manos de Emilio Sánchez García, ingeniero agrónomo del Iryda.
Los denunciantes subrayan la discutible oportunidad de que un alto cargo de la Obra Sindical del Hogar ocupe un alto cargo en el Instituto Nacional de la Vivienda, cuando éste ha de hacerse cargo del ptrimonio inmobiliario de la Obra Sindical del Hogar.
