Urge una reestructuración del sector pesquero gallego en la autonomía organizativa

Galicia tiene en la pesca una de sus fundamentales actividades de producción que registra nada menos que 226.563 TRB, que se reparten entre 5.048 embarcaciones, con un total de 35.000 tripulantes. En su mayoría son barcos de pesca de superficie (el 68,15% según datos de 1974) y de cerco (el 11,73%). Sin embargo, el mayor número de toneladas corresponde a los buques de arrastre congeladores (32% del total) y a los arrastreros (31,5%).

Las pescas de superficie y de cerco solamente representan, respectivamente, el 8,03% y el 8,34% del tonelaje total de la pesca gallega, que tiene la importancia de significar el 32% de toda la pesca que se desembarca en los puertos españoles, según datos recientes de la Subsecretaría de la Marina Mercante.En opinión de los técnicos, España adoptó en 1961, con la famosa ley de Pesca, un modelo de crecimiento del sector que no trajo más que los actuales desastres. Su defecto consistió en la improvisación y la parcialidad. Respondía al intento de impulsar el desarrollo de la industria astillera y no tuvo verdaderamente en cuenta los auténticos intereses y características del sector. El resultado, para la pesca, no hay más que verlo en las noticias alarmantes que todos los días aparecen en los periódicos.

Un organismo autónomo para la pesca gallega

Con estos antecedentes, el Sindicato de Pesca Galego (SPG) organización sindical reciente que presume de ser independiente de todo partido político y que dice tener el mayor número de afiliados en el puerto de La Coruña, elaboró un informe previo para la reforma pesquera de Galicia, que fue entregado el 4 de octubre al director general de Pesca y al Ministerio de Sanidad en Madrid.Este proyecto parte de la idea de que el sector pesquero debe ser planificado en función de los intereses colectivos del pueblo gallego y que, por tanto, hay que crear un organismo autónomo que rija la política pesquera de Galicia de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.«Una política pesquera para Galicia -afirma el SPG- tendría una primera etapa para paliar los defectos del modelo de crecimiento del sector desde 1961. Sería una política de anticrisis y, consecuentemente con esto, se iría construyendo un nuevo marco social que repercutiría en la edad laboral, en las jornadas de trabajo, en los seguros de desempleo, en los nuevos sindicatos, en la legislación de la mujer, etcétera.» Hay que señalar que los promotores de esta política opinan que debería insertarse en un régimen autonómico, para Galicia y que tendría que cumplir nuevas metas.

El organismo autónomo que piden formularía nuevas estructuras de la pesca, estableciendo normas y procedimientos para operar racionalmente la extracción y comercialización de los productos del mar, de los ríos y lagos gallegos. Tendría que planificar la pesquería, dirigir todos los programas de transformación, promover el desarrollo de la pesca, coordinar las actividades relacionadas con el sector y controlar las actividades encaminadas al desarrollo pesquero de Galicia.

Es necesaria una política integral

Para ello, la política de extracción tendría que cubrir objetivos que permitan lograr la máxima explotación racional qué sea posible de los recursos, buscar la diversidad de capturas, obtener la máxima productividad del sector y actividades conexas, conseguir la mejor tecnificación en las diferentes modalidades o tipos de pesca, mejorar el nivel de vida de sus trabajadores y proteger y controlar la producción marisquera.Una buena política de transformación, según apunta el SPG, debe servir para industrializar al máximo los recursos persiguiendo la diversificación de los productos y siguiendo criterios óptimos de productividad y comercialización que estén en función de las necesidades de la población gallega y de las posibilidades de exportación. Habría que desarrollar, además, las industrias conexas a la pesca o las complementarias, de las que la industria pesquera requiere suministros.

La política de comercialización pasa, siempre según la citada fuente, por el desarrollo de campañas publicatiarias, promociones y sistemas que aumenten el consumo de alimentos de pescado. «Hay que proporcionar a los habitantes gallegos -contestó a EL PAIS un portavoz del SPG- la oportunidad de consumir abundantes productos de buena calidad, de acuerdo con el poder adquisitivo y según el sistema de comercialización adaptado.» En este sentido, se propone la creación de una empresa pública de comercialización que reduzca todo lo que sea posible los intermediarios, garantice a los trabajadores salarios justos, amplíe los mercados internacionales y cree la infraestructura adecuada para la manipulación y distribución de especies por todo el mercado

Paralelamente, se busca una política de investigación que desarrolle las posibilidades de la, riqueza marina de Galicia, aporte sistemas que permitan explotar al máximo los recursos siguiendo los usos y productos ya conocidos, faculte los mejores métodos para conseguir amplias utilizaciones de dichos recursos y promueva la tecnología necesaria para la producción y comercialización deseadas.

Para todo esto es necesaria una política de créditos que consolide la economía del sector y establezca una tributación más conveniente para el desarrollo de su industria.

Renovación gradual de la flota

En líneas generales, el programa apuntado por el SPG se pronuncia por la renovación gradual de la flota pesqueracon la introducción de embarcaciones polivalentes y tecnología moderna, sobre todo en los procesos de conservación, refrigeración, almacenamiento y mecanización. Establecimiento de control de las embarcaciones que han de actuar en las plataformas con la consiguiente adaptación de las mismas al potencial máximo marino y a las necesidades de la demanda.Quedarían, por otra parte, totalmente reestructurados los servicios de venta y comercialización, eliminándose la subasta a la baja, como medio de formación del precio, que sería sustituida por una empresa pública dependiente del organismo autónomo gallego que pide el SPG y que tendría como función fijar precios justos para el pago a los trabajadores del mar.Finalmente, el SPG apunta la necesidad de mejorar las condiciones sociales de los trabajadores del mar.