Las dificultades de la negociación

DE LOS tres países que han solicitado la entrada en la Comunidad Económica Europea, España es, indudablemente, el que más problemas suscita. La inclusión de Grecia en la Comunidad no presenta obstáculos graves para ésta -las exportaciones griegas no pueden competir con los productos comunitarios, salvo en contadas excepciones-. El caso portugués es distinto. Si se profundiza en las razones lusitanas se comprueba en seguida que su interés por entrar en Europa es más bien tibio. El acuerdo firmado por Lisboa con el Mercado Común en 1972 se cuidó muy bien de lograr una protección adecuada para sus nacientes industrias. Lo que los portugueses buscan fundamentalmente de la Comunidad son créditos para industrializar su país y convertirlo en una potencia de orden medio. Recíprocamente, Portugal no constituye amenaza alguna para los comunitarios, pues sus exportaciones sólo adquieren cierta entidad en el campo de los textiles, conservas de pescado y concentrados de tomate.Como se indicaba en un editorial anterior, las cosas cambian cuando de España se trata, puesto que numerosos intereses comunitarios se sienten amenazados con la posible entrada española y van a plantear una resistencia bien organizada con el fin de retrasarla lo más posible o conseguir que se realice en las mejores condiciones posibles para sus objetivos. Ante esta postura, la posición española debe consistir en no dramatizar los inconvenientes derivados de una difícil y dilatada discusión con la Comunidad y mantener bien claro cuáles son las propuestas comunitarias que se pueden aceptar y qué embites deben réchazarse, aunque ronde la tentación de aceptarlos con objeto de conseguir una entrada rápida en Europa.

De momento, lo que parece claro es que la CEE desea negociar una prolongación del Acuerdo Preferencial de 1970, con la intención de llevarnos a una mayoría de libre comercio. En dicha zona, y a cambio de reducciones sustanciosas en el terreno industrial por parte española, la Comunidad nos ofrece concesiones mínimas en el agrícola. Exactamente lo contrario de lo que nos conviene. Añádase a ello el que las concesiones agrícolas, además de limitadas, son de carácter arancelario; es decir, que de prosperar las propuestas de los negociadores comunitarios, España no entraría a formar parte del sistema de precios agrícolas de garantía ni participaría en las subvenciones que tal sistema comporta. Para comprender mejor cuáles serían las perspectivas que nos depararía la generosa oferta europea baste recordar que, aproximadamente, un 40 % de nuestras exportaciones a la CEE son de carácter agrícola, y que una tercera parte de las industriales está compuesta por productos sensibles, en los cuáles tendríamos problemas importantes.

La postura comunitaria respecto a España implica un período de negociación previo a la adhesión largo y un período transitorio corto, tal y como ha sucedido con Gran Bretaña. Ahora bien, el Interés español exigejustamente lo contrario; un período de negociación corto y un período transitorio largo con un desarme arancelario dilatado en el tiempo. Lo que en ese período debería conseguirse de la Comunidad es una protección paulatinamente decreciente y una situación final de desaparición de todos los obstáculos arancelarios por las dos partes, tanto en los productos agrícolas como en los comerciales.

Por desgracia, la posición española en las negociaciones no parece estar ajustándose a ese esquema. Al parecer existe un entendimiento, fraguado en el pasado mes de julio, entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la CEE, en el cual nuestra diplomacia ha aceptado la prolongación del Acuerdo Preferencial de 1970. En otras palabras, los negociadores españoles, en su política de «abrir puertas», habrían aceptado de antemano, acaso sin darse cuenta, la tesis comunitaria de un período de negociación largo y otro, de carácter transitorio, corto.

Las razones de esa postura de Exteriores son difíciles de entender, pero queda la sospecha de que nuestra delegación ha intentado asegurarse ciertas concesiones de tipo agrícola. Lo curioso es que el Ministerio competente, el de Agricultura, no ve con buenos ojos esas concesiones por estimarlas insuficientes.

La existencia de divergencias ministeriales en la postura española revela la inexcusable necesidad de poner en orden la casa antes de salir a discutir con extraños. Para ello es preciso comenzar por desterrar para siempre el antiguo síndrome franquista según el cual, sintiéndonos débiles en el terreno político, estábamos dispuestos a aceptar cualquier concesión económica sin estudiar las contrapartidas que nos imponía o sin estudiar alternativas más favorables a los intereses españoles. Esta patología de la época de la dictadura debe desaparecer. De no ser así, las repercusiones que para el futuro económico español podrían tener unas negociaciones mal llevadas serían tales que ni siquiera los espectaculares viajes del presidente Suárez lograrían enderezar una actitud inicial inexplicablemente débil.