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Tribuna
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Necesidad de un programa intenso de inversión pública

En diversos medios informativos se viene ofreciendo, recientemente, una determinada solución a la grave crisis económica que estamos sufriendo y que puede resumirse de la siguiente manera: de los muchos problemas que caracterizan la crisis, Inflación, paro, déficit exterior e incremento de quiebras y suspensiones de pagos, el principal es la inflación, y su solución sería el comienzo de la mejoría de los restantes. La reducción de la inflación pasa por el convencimiento de que todos, Gobierno-, consumidores, empresas y asalariados, reconozcan su parte de culpa y, por tanto, acepten medidas de moderación. En una palabra, «el país gasta demasiado», y es necesario detraer al consumidor rico de parte de.sus rentas patrimoniales mediante impuestos, y al consumidor asalariado -rico o pobre- imponerle un techo austero a sus reivindicaciones salariales. Lograda la moderación en el gasto de consumo, aumentaría la tasa de ahorro privado y, conseguida una fuerte desaceleración del crecimiento salarial, crecería la tasa de rentabilidad de la empresa. De esta forma mejorarían las expectativas empresariales y, lógicamente, la inversión privada saldría de su estancamiento actual. Al haber aumentado la tasa de ahorro, el incremento de la inversión privada, no sería inflacionario y simultáneamente crearía puestos de trabajo. En cuanto al gasto público, el Gobierno racionaría sus gastos de acuerdo con sus ingresos impositivos y, en la medida de lo posible, intentaría aumentar el gastó de inversión pública a costá de una mayor austeridad en sus gastos de consumo.Estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de combatir prioritariamente la inflación, y de que ello sólo se logrará moderando el consumo público y privado, deteniendo las reivindicaciones salariales y aumentando la presión fiscal a los poseedores del territorio y riqueza de este país. No estamos de acuerdo, sin embargo, en la forma en que se pretende trasvasar el ahorro que se generaría para solucionar el resto de los problemas que caracterizan a la crisis.

En efecto, si las expectativas empresariales andan deprimidas -muchas empresas al borde de la quiebra- una mayor austeridad de los consumidores, desaceleraría o disminuiría las ventas y, en consecuencia, no haría más que agravar el estado de expectativas. Y si el nivel de utilización de la capacidad productiva es bajo, por mucho que la moderación de los asalariados permita, por otra parte, ayudar a mejorar su rentabilidad, no van a invertir si sus ventas no dan señales de crecimiento.

En consecuencia, difícilmente podrán crearse nuevos puestos de trabajo y, por el contrario, seguirán produciéndose «reajustes de plantilla» que incrementarán el paro. Si estamos de acuerdo en que la contención del gasto incrementará lentamente la tasa de ahorro, pero este ahorro en vez de canalizarse hacia la inversión productiva por la empresa privada, terminará por canalizarse hacia la especulación inmobiliaria de nuestro territorio que, paradójicamente, cuanto más se deprime la posibilidad de usarlo rentablemente, más aumenta de precio.

La inversión productiva sólo la llevarán a cabo un reducido grupo de empresas dinámicas, es decir, que tienen una decidida política de ampliar la parte del mercado que dominan, a pesar de las desfavorables expectativas a corto plazo, y que cuentan con el apoyo financiero de un grupo bancario o multinacional. Pero para estas empresas, lógicamente, lo rentable es incrementar el grado de automación de los circuitos productivos -mayor intensidad de capital-, lo que indudablemente ayuda a restablecer la rentabilidad empresarial, pero a cambio de incrementar el coste para el'Gobierno de sostener -vía subsidio de paro- nuestras actuales cifras de desempleo.

Por todas,estas razones, estamos de acuerdo en la necesidad urgente de moderar el gasto para poner fin a la inflación. Ello per mitirá el crecimiento de nuestra deteriorada tasa de ahorro y es imprescindible para que las expectativas empresariales cambien de signo. Sin embargo, no creemos que el impacto sobre la inversión privada sea suficiente para generar nuevos puestos,de trabajo en la medida que requiere nuestra actual tasa de desempleo. Es el Gobierno, a través de una fuerte inversión pública que, poco a poco, mejorarán las economías externas del sector privado. La generación de empleo que ello supondría producirá mayores ventas a las empresas y permitirá el crecimiento de la tasa de inversión privada.

La reforma fiscal tiene, desde este punto de vista, dos objetivos: por una parte, servir de instrumento, junto con la moderación salarial, de limitación del gasto privado para combatir la inflación. Por otra parte, dar mayores ingresos al Gobierno para financiar la inversión pública.

La reforma fiscal, sin embargo, aunque se corra mucho en su elaboración, tardará en producir resultados, por lo que a corto plazo ni sirve para combatir la inflación, ni para financiar un programa de inversión pública extraordinario.

Por ello, si verdaderamente querembs combatir la inflación, hace falta lanzar un empréstito público de absorción obligatoria para el sector privado. Y, si verdaderamente queremos combatir el paro, dicho empréstito debe ser suficiente para financiar un programa de inversión pública consonante con nuestro nivel de desempleo.

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