Uruguay: el "gran elector"

Es posible que en 1981 haya elecciones en el Uruguay. Pero el gran elector -el único- serán, presumiblemente, las Fuerzas Armadas. Previamente a la gira que por el cono sur realizó Terence Todman, subsecretario para Asuntos Latinoamericanos de USA, el Gobierno uruguayo anunció que en noviembre de 1981 se realizarán «elecciones nacionales, en base -según se precisaba en un comunicado oficial- a la participación de los partidos políticos tradicionales y al sufragio universal». Empero, se aclaraba que oportunamente se instrumentarían «las condicionantes que regularán las bases» de la convocatoria electoral, así como «el futuro institucional» del Uruguay, a partir de 1980.Este anuncio no ha sorprendido a nadie. Desde hace algún tiempo, de modo exclusivamente coincidente, varias dictaduras, militares de América del Sur han anticipado propósitos similares, en aparente respuesta a presiones que en tal sentido ejerce la Administración Carter, cuya política de defensa irrestricta de los derechos humanos ha ido gradualmente transformándose -por lo menos en esa región- en una actitud pragmática tendiente, en el mejor de los casos, a obtener promesas de algún tipo de «normalización democrática», a corto o mediano plazo. Así, se han convocado elecciones presidenciales en Ecuador, para 1978, y en Bolivia; para 1980; comicios para una constitución constituyente y consulta presidencial en Perú, para 1980; gradual transformación de la dictadura chilena, que culminaría en 1985 y cambios institucionales en el Brasil.

Pero en el Uruguay no habrá elecciones, sino un acuerdo entre las direcciones «sobrevivientes» de los partidos tradicionales, Colora do (liberal) y Blanco (nacionalista), en torno a un "candidato único" sin derecho a otra opción al guna. Previamente -hace ya un año- alrededor de 3.000 dirigentes políticos de ambos partidos y de otras organizaciones han sido proscritos políticamente y sus derechos cívicos suspendidos por quince años, por haber participado como candidatos en los comicios generales de 1966 y 1971.

Como si este tinglado fuera insuficiente para garantizarse el papel hegemónico del poder actual, dos altos jefes militares han desvelado los propósitos últimos del cambio. El vicealmirante Hugo Márquez, comandante de la Armada, ha señalado que «el candidato único deberá contar también con el visto bueno de las Fuerzas Armadas». Y el general Gregorio Alvarez, jefe de la División de Ejército IV, comentando el plan político, dijo que «las Fuerzas Armadas pretenden continuar el proceso iniciado y no realizar una apertura politica».

Según Amnesty International, entidad asesora de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, Uruguay es el país que ostenta el más alto índice de prisioneros políticos por habitante: uno por cada 450. Un ciudadano cada cincuenta ha sido torturado y se estima en unas 60.000 personas las que desde 1973 han sido sometidas a ese medio de represión. Cerca de 300.000 uruguayos -casi la mitad de la mano de obra adulta- abandonó el país después del golpe militar.