La alternativa escuela pública-escuela privada, el gran tema del nuevo curso

No debe olvidarse que éste es realmente el primer curso escolar de la España posfranquista. El primero después de las también primeras elecciones generales en muchos años. Y resulta en estos momentos digno de meditación un hecho singular en el que quizá no se repare suficientemente. Y es que el aula en la que el españolito volvió ayer a su pelea diaria con la tabla de multiplicar y la lista de los ríos penísulares, sucede que es precisamente el mismo escenario en que, hace tan sólo unos meses, su padre dijo que no, un no rotundo, a un buen número de cosas de nuestro pasado inmediato y entre ellas, probablemente, a algunas de las tradicionales lacras de nuestra enseñanza.Verdaderamente no tendría ningún sentido el cambio que el país parece decidido a dar si en materia de educación no se plantearan con carácter inmediato profundas revisiones. Y sucede que las revisiones que se necesitan y que se prevén afectan, esencialmente, a lo que se ha dado en llamar la alternativa escuela pública-escuela privada.

Hace escasos días, fuentes ministeriales de Educación y Ciencia, al referirse a las previsiones sobre la política inmediata a seguir en cuanto a las subvenciones a la enseñanza privada, admitían que el gran caballo de batalla de las Cortes en materia de política educativa iba a ser con toda seguridad el futuro del apoyo económico a ese sector de la enseñanza.

Están, sí, y darán su juego, los problemas del encarecimiento de los libros de texto, las subidas de las tarifas de los centros privados, las todavía insatisfechas reivindicaciones económicas del profesorado estatal, que el curso pasado motivaron una importante huelga, el incierto porvenir de los interinos o contratados, el callejón sin salida de la prometida gratuidad y un largo etcétera, en el que sin duda ocupará un puesto de honor la reivindicación de una mayor atención al problema de la enseñanza preescolar. Sólo un tercio de la población total de niños de dos a cinco años estuvo escolarizada duran te el pasado curso. Pero inequívocamente el gran protagonista del nuevo curso, ya queda dicho, ha de ser el espinoso tema de la alternativa de la escuela pública.

¿Por qué espinoso? Basta echa una ojeada a las cifras que se refieren al curso 1976-77 para darse cuenta del volumen que en todos los aspectos representa actualmente la enseñanza privada. Es de tal magnitud que escalofría pensar los considerables esfuerzos económicos que harán falta para arrostrar la empresa de lograr que se convierta en realidad la igualdad de oportunidades ante la educación, que es el objetivo primordial, no debiera ser otro, de quienes están por la alternativa que representa la aspiración de una escuela pública.

Como se ve, el sector privado representa casi la mitad del alumnado total de EGB., y el 60 % de la matrícula de la enseñanza preescolar. Se observa también que, incluso en la educación especial, gravísima responsabilidad de cualquier Estado que se considere moderno, fue mayor el número de alumnos por la iniciativa privada que los educados bajo la tutela del Estado.

Es cierto que, en relación con el curso 1975-76, la enseñanza estatal experimentó en el pasado curso un incremento considerable: 42.000 alumnos más en preescolar, y cerca de 88.000 en EGB, mientras que en uno y otros niveles educativos, en el sector no estal se produjo una disminución, también significativa.

Pero quizá sea oportuno fijar la atención en el hecho de que determinados servicios complementarios, como el capítulo de transporte escolar y comedor, experimentan cada curso un aumento importante en el sector de la enseñanza privada. En efecto, el promedio de alumnos trasladados diariamente a la escuela en medios de transporte estatales disminuyó en el curso 76-77 en un 11,5 % con respecto al curso anterior, en tanto que en el caso de los alumnos transportados por los colegios privados, se produjo un incremento del 6,4 %.

Este hecho tiene singular importancia, porque los precios de comedor y transporte de los centros privados no están sometidos al mismo control que el Estado ejerce sobre los precios de los servicios estrictamente docentes, con lo que estos dos capítulos han venido a convertirse en una fuente incontrolable de ingresos para los empresarios del sector.

Sin duda, cuando empiecen a sonar en las Cortes las voces en defensa de una política que, a medio y a largo plazo, vaya poniendo fin a este estado de cosas, determinados sectores sociales, desplegando las banderas del principio de la subsidiariedad del Estado y de las garantías para la pluralidad ideológica, elevarán las suyas con más fuerza para impedir, una vez más, que los españoles comiencen a ser iguales desde la escuela.