La raíz del problema: no aplazar los cambios estructurales

Estamos ya tocando fondo en el proceso político-económico y el país, como en su momento predijimos (EL PAIS, 21 de noviembre de 1976: «El precio de la reforma»), está ya exangüe, al borde de las coordenadas del subdesarrollo. El precio de la reforma política hecha con sordina y toda clase de precauciones nos ha colocado en el umbral de una verdadera debacle económica. La iniciativa de Suárez, mantenida en todo momento en el proceso político-económico, no puede sustraerse de la responsabilidad del costo social que el proceso reformista ha conllevado, y aunque ha llamado en su socorro a técnicos de capacidad indiscutible las decisiones del restablecimiento económico han de ser, y no puede ser de otra forma, políticas y puramente políticas. El país requiere que se acometan los cambios estructurales en profundidad y no el que se repita un plan de estabilización franquista o «giscardiano», que son paños calientes a un organismo que lo que necesita es una verdadera operación quirúrgica.La declaración del Gobierno en el día 11 de julio viene a caer de nuevo en las alharacas giscardianas de presentar una serie de cambios aparentemente atrevidos, pero en el fondo no menciona ninguno de los problemas estructurales que el país tiene necesidad de abordar. De hecho, la consecuencia inmediata de la declaración del Gobierno, sin duda destinada a agradar a la izquierda, va a ahuyentar los capitales y a disminuir la propensión a la inversión sin, por otra parte, reducir ni la inflación ni la propensión al consumo.

El país vive prisionero de un crédito angosto, de un mercado de capitales raquítico, de una falta total de transparencia contable, de una ausencia de recursos fiscales modernos debidamente inscritos en un marco de justicia social, de unas estructuras agrícolas desproporcionadas y descapitalizadas. El país se agota pagando royalties por productos de fórmulas similares que inundan nuestros mercados sin significar un aporte social. La descapitalización de nuestras empresas, la falta de inversión, las drásticas reducciones de los capitales extranjeros están imposibilitando un relanzamiento que el país pide y necesita. El querer ampararse en que la inflación es importada o en el costo de los crudos de petróleo o en cualquier otro pretexto no conduce más que a querer aplazar sine die los cambios estructurales que el país reclama. Pero también el presentar un plan de recaudación de impuestos sin un contexto previo de revisiones del marco institucional en que se mueve nuestra economía, sin un plan de ajuste y sin, lo que es más grave, un equipamiento de la maquinaria administrativa que posibilite una adecuada ejecución, es algo así como empezar la casa por el tejado. La lectura del ministro Camuñas en televisión pudo asustar sin necesidad la incipiente confianza del empresario y del inversor.

Por otra parte, las manipulaciones constituyentes llevadas a cabo desde el Poder para propiciar un marco político constitucional han venido a reconducirnos a un esquema de fuerzas similar al de los demás países latinos, con una bipolaridad que lleva dentro de sí la carga de una dialéctica de antagonismos pugnaces que pueden terminar también en un enfrentamiento político de consecuencias nefastas para nuestra economía. El presidente Suárez, en su intento electoral, ha fracasado en la construcción de una mayoría suficiente para un adecuado Gobierno y ha creado un instrumento de tipo institucional -la UCD- cuyo funcionamiento sólo puede estar asegurado en la medida en que se obtiene una holgada proporción de votos, como ha sido el caso del «gaullismo» o del «PRI Mexicano». Pero con un equilibrio de fuerzas tan justo como al que ha abocado las elecciones del 15 de junio, el panorani a político cambia sustancialmente porque una democracia dirigista no puede llevarse a cabo con una oposición importante, ya que se ve obligada constantemente a hacer medidas de agrado, como las que comentamos, que no se inscriben en una política coherente. Este es también el caso del «compromiso histórico» italiano, que básicamente consiste en obtener el visto bueno del Partido Comunilta para cada una de sus decisiones económicas.

Suárez pensó, allá en los idus de marzo, al concebir la ley Electoral, que la Unión del Centro -entonces Centro Democrático- iba a gobernar sobre unas Cámaras atomizadas con representaciones fragmentarias de lo que entonces se llamaba «la sopa de letras». Pero, al provocar la unión de sectores más conservadores, incidió sobre la dinámica político-social, originando por reacción el agrupamiento de las fuerzas partidarias del cambio en torno al Partido Socialista Obrero Español.

El vivo deseo popularmente compartido de independizar la política del país de la oligarquía tradicional condujo a los españoles a votar algo que no les hiciese depender de una manipulación política interior con una temática importada pero sujeta a intereses de grupos nacionales. La nación quiere un establecimiento claro de las prioridades, de las necesidades y de las exigencias. El pueblo español, en última instancia, no quiere seguir acurriñando beneficios nominales de una moneda devaluada de hecho y de derecho , y por tanto, las exigencias de una mutación habrán de aflorar. La nación quiere su soberanía y de esta forma quiere ejercitarla.

El situar en el mapa político español a una izquierda-testigo no legitima la validez política de una democracia, ni la congruencia de unas medidas económicas, si no se otorga completa viabilidad social. Si la sociedad sigue ocluida y manejada por unos cuadros para hacer pervivir un sistema de corte patemalista, si se mantiene en nuestra economía el sistema operativo de nuestra estructura bancaria con sus «circuitos privilegiados» y toda la gama de medidas obstructivas de los mercados de capitales funcionando bajo un régimen de escasez y carestía del dinero, seguiremos estando en un sistema autoritario, sin que importe el que la izquierda deje o no deje de aprobar unas ciertas medidas. La presencia de la izquierda es un componente más de una estructura democrática pero no es el único. Una izquierda maximalista pudiera contribuir muy eficazmente al mantenimiento de una estructura de Poder restrictiva y malthusiana como la española. La soberanía no pertenece a los partidos, por muy fuertes y bien intencionados que éstos pudieran ser, sino a la nación. Y la nación, para manifestarse, necesita como elemento básico estructural la libertad total entendida como reflejo activo de las fuerzas sociáles y no como regulación formal desde un poder omnipresente. La libertad no es un divertimento para periodistas sino un ejercicio sustancial para los ciudadanos. En España hemos pasado de un elitismo a otro y de un triunfalismo a otro triunfalismo. Los parches económicos con qu e se pretende apuntalar un sistema decrépito son sólo viables en un contexto en que la derecha quiere ganar la partida por apuntarse a un reformismo puramente verbal. ¿O es que vamos a movernos ahora en un marco que no es el capitalismo europeo? ¿O es que tal vez ahora sólo hay que hacer una reforma fiscal sin tocar los bancos, las cajas de ahorros, el Tribunal de Cuentas, el control del gasto público? ¿No hay mil cosas profundas que hacer en este país y permitir a los ciudadanos el ajuste a módulos nuevos planteado con realismo?

La raíz del problema está en que la nación entera sumió su compromiso histórico de abordar los cambios estructurales que el país necesita y no en aplazarlos una vez más, ad calendas grecas, aunque para ello se utilice la coartada de la reforma fiscal.

El actual Gobierno, a pesar de su composición heterogénea, está suficientemente equipado y respaldado para emprender las reformas económicas de base a que nos referimos y que tal vez actualmente no menciona para evitar el desagrado de los sectores más conservadores. Pero en estos momentos, en que se empieza una andadura política y económicos, no basta con lo que habitualmente se llaman «medidas», sino con un programa global que dé a nuestro sistema financiero, político y económico la coherencia y el alcance que necesita para desterrar de nuestro país la ínjusticia fiscal y la falta de cauces cívicos para el control del gasto público. No se trata de mirar a derecha e izquierda para ver a quién se agrada o a quién se molesta, sino en implantar un plan objetivo que al menos nos coloque en las cotas en que se encuentran los países de la Europa occidental.

En última instancia, los españoles no estamos esperando medidas más o menos sorprendentes ni más o menos atrevidas cuyo efecto pudiera ser la pérdida de confianza en la actividad económica, sino el advenimiento de un sistema más justo de reparto social.